Necesitamos más cargadores

En un estudio presentado en junio plantea una hoja de ruta para la electrificación progresiva del parque automovilístico español, con la que cumplir los objetivos de emisiones que se marcó la Unión Europea en el plan 'Fit for 55′ (según el cual, la UE quiere reducir sus emisiones un 55% en 2030 respecto a 1990).

Anfac considera que, para ello, España debe cerrar el presente ejercicio con 45.000 puntos de carga, una cifra lejana si se tiene en cuenta que el primer trimestre del año terminó con 20.243 estaciones. «Los objetivos establecidos por la Unión Europea no se cumplen solo con el esfuerzo del sector, sino que precisan de un gran esfuerzo por parte del resto de los actores, un compromiso del Gobierno y de las administraciones para poder llevar a cabo la transformación de la movilidad y, en paralelo, mantener el peso de empleo e industria que la automoción supone», señaló José López-Tafall, director general de Anfac.

Los objetivos de la Unión Europea marcan que las emisiones de los coches vendidos deben reducirse un 55% en 2030 y un 100% en 2035 (ejercicio a partir del cual ya no se podrán comercializar vehículos de combustión, salvo aquellos que usen combustibles sintéticos). Para ello, Anfac señala que en esos años deberá haber 4,3 y 9,8 millones de coches electrificados (esto incluye eléctricos puros e híbridos enchufables) circulando por España. En 2030 y 2035, por lo tanto, hará falta contar con una red de puntos de carga de 300.000 y 610.000 estaciones, respectivamente.

«Lo que no se mide, no se puede valorar», incidió López-Tafall, que insistió en la necesidad de contar con información y objetivos claros anuales para saber cómo avanza la electrificación. En este sentido, una de las herramientas que destacó la patronal para acelerar la electrificación, son los programas de ayudas a la compra como el actual Plan Moves III. El mismo está dotado con 1.200 millones de euros, pero el sector pide más rapidez en la concesión de las ayudas (el dinero lo reparte el Estado, pero la gestión del mismo recae sobre las comunidades autónomas) y que estas se entreguen en el momento de la compra. Además, Anfac volvió a insistir en la necesidad de que la subvención no se declare en la renta.

«Nos enfrentamos a unos, cada vez más, exigentes objetivos en materia de reducción de emisiones y, por lo tanto, es necesario establecer herramientas a la altura de esas ambiciones. El desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso público es esencial para el despliegue del vehículo electrificado. Pero, de igual manera, no podemos olvidar que incentivar el mercado de electrificados es igual de necesario para que se avance en la red de recarga pública», indicó López-Tafall.

Además de la cantidad de puntos, Anfac subrayó la importancia de que la calidad de la red sea la adecuada. Actualmente, solo hay en España unos 698 puntos de alta potencia, un número que debería de incrementarse hasta los 3.513 al cerrar 2023, según cálculos de la patronal.

Según el último barómetro de electromovilidad, España se mantiene en los últimos puestos del ranking europeo, con una lenta progresión en el mercado de vehículos electrificados y de desarrollo de infraestructuras de recarga de acceso público. Es necesaria la puesta en marcha inmediata de una plataforma pública de información, que sirva de referente y facilite a los ciudadanos la información precisa en tiempo real de los puntos de recarga disponibles y en funcionamiento. De la misma manera, se hace necesaria la creación de un centro estatal para el desarrollo e impulso de la infraestructura de recarga de acceso público que permita monitorizar y garantizar un efectivo despliegue de la red.

De igual modo, la mejora en la concesión de las ayudas del Plan Moves III y Mitma Moves, con ayudas directas en el momento de la compra y no tributables, y la simplificación de los trámites administrativos para la puesta en marcha de puntos de recarga, serían aspectos fundamentales para progresar en la consecución de los objetivos exigidos.

Además, insisten en su petición de cambios fiscales para ayudar a ciudadanos y empresas a apostar por las nuevas tecnologías.