La rumana Kövesi será la primera fiscal jefe de la UE

Laura Cordura Kövesi./
Laura Cordura Kövesi.

Asumirá el control del organismo que procesará a partir del próximo año delitos económicos como el fraude del IVA o el blanqueo de capitales

SALVADOR ARROYO

La rumana Laura Cordura Kövesi se convertirá en la primera responsable de la Fiscalía Europea (EPPO), un organismo que comenzará a funcionar a finales del próximo año y que tendrá como principal cometido procesar los delitos relacionados con fondos de la UE como el fraude del IVA -que supone un agujero anual de 50.000 millones de euros-, o el blanqueo de capitales.

Kövesi era la opción preferida por el Parlamento Europeo (en el camino se quedó el francés Jean-François Bohnert). Y ha superado el rechazo de su propio país, Rumanía, donde fue el azote de muchos políticos corruptos hasta julio del pasado año cuando fue despedida por orden directa del ministro de Justicia Tudorel Toader.

Parlamento Europeo y Consejo de la UE iniciaron las negociaciones sobre el nuevo fiscal jefe europeo la primavera pasada. Y hasta el jueves, la nominación de la rumana había sido tumbada sistemáticamente por un grupo de países liderados por Bucarest. Finalmente ha conseguido sumar los apoyos suficientes en el propio Consejo y superar un primer trámite parlamentario en la Comisión de Libertades Civiles (será ratificada posteriormente en pleno y por el Consejo Europeo). Pero difícilmente habrá un vuelco.

La Comisión Europea se felicitaba este miércoles por la elección de la que fuera fiscal anticorrupción de Rumanía porque «envía una señal fuerte de que la UE es seria en la lucha contra el crimen financiero y en la protección del dinero de los contribuyentes», aseguraba la comisaría responsable de Justicia, Vera Jourova. «Tengo plena confianza en que la Kövesi hará un trabajo sobresaliente al frente de la Fiscalía Europea», ha subrayado.

La Fiscalía Europea será una oficina independiente encargada de «investigar, procesar y llevar ante la justicia delitos contra el presupuesto de la UE, como fraude, corrupción o fraude transfronterizo del IVA por encima de 10 millones euros», aunque la lista de crímenes sobre los que podría tener competencias podría ampliarse en el futuro y abarcar otros delitos como el del terrorismo.

Un total de Veintidós Estados miembros (Suecia, Hungría, Polonia, Irlanda y Dinamarca aún no se han sumado) impulsan esta nueva institución comunitaria, que tendrá su sede central en Luxemburgo y que en su organigrama, además de la fiscal jefe, habrá un colegio de fiscales de todos los países implicados en el proyecto.

Hoy solo las autoridades nacionales pueden investigar y enjuiciar el fraude contra el presupuesto de la UE. Una capacidad que se frena en las propias fronteras nacionales. Una situación que se podría superar con la nueva Fiscalía, que podrá llevar a cabo investigaciones y enjuiciamientos penales, algo que se escapa de las capacidades de otros organismos comunitarios como la oficina antifraude (OLAF), Eurojust (que refuerza la coordinación judicial entre Estados) o Europol.