La colonia británica en España pisa el acelerador para empadronarse

Ciudadanos británicos y españoles recogen firmas en Málaga en contra del Brexit./MIGUEL FERNÁNDEZ
Ciudadanos británicos y españoles recogen firmas en Málaga en contra del Brexit. / MIGUEL FERNÁNDEZ

Quieren tener a punto sus papeles cuando llegue el Brexit y no tener que abandonar el país. Muchas administraciones locales no dan abasto para atenderlos

Javier Guillenea
JAVIER GUILLENEA

El Brexit ha unido a los casi 400.000 británicos (entre oficiales y no empadronados) que viven en España. Desde que su país aprobó salir de la Unión Europea, en junio de 2016, todos comparten un mismo sentimiento. Ninguno de ellos sabe lo que les va a ocurrir y eso ya es un punto en común que borra cualquier diferencia. «Todos los días nos levantamos pendientes de los periódicos y esperando información del consulado», explica Karen Cowles, presidenta de la Asociación de Comerciantes Británicos de Benidorm.

Las noticias que llegan de Reino Unido no aclaran mucho sus dudas. El Gobierno británico y Bruselas están tratando de alcanzar a marchas forzadas un acuerdo que debería estar cerrado el próximo día 17, fecha en la que el Consejo Europeo dará por concluido el plazo de negociaciones. A partir de ahí, la oposición obligará al Ejecutivo de Boris Johnson a pedir a Bruselas que amplíe la fecha límite de salida de la UE y forzará así la convocatoria de elecciones. Para complicar la situación, el primer ministro mantiene su promesa de sacar al país de la Unión Europea el día 31 con acuerdo o sin él.

Esta es la información que amarga todos los días el desayuno de la abundante colonia británica en España. Vive sumida en una sensación de incertidumbre que no hace sino aumentar a medida que pasan los días. No saben qué será de ellos ni cómo cambiará sus vidas cuando termine octubre. «Se desconoce cómo serán los términos del acuerdo, si es que lo hay», resume Ricardo Bocanegra, abogado marbellí experto en extranjería. Salvo esperar, solo pueden hacer una cosa: empadronarse en los municipios donde residen.

El número de británicos empadronados en España ascendía el 1 de enero de 2019 a 249.015, un 2,5% más que en la misma fecha del año anterior. En comunidades como Canarias se ha pasado en tres años de 34.000 a 40.000 empadronados y en Marbella, donde hay 4.054 británicos censados, se han inscrito 623 personas entre mayo de 2018 y septiembre de 2019. Para Remedios Bocanegra, concejala del Ayuntamiento de la localidad malagueña y responsable del área de Extranjeros, «es una cifra importante».

A medida que se acerca la hora de decir adiós a la UE, a los que no están censados en algún municipio les ha entrado una creciente prisa por estampar su nombre en los datos del padrón. En las últimas semanas, las oficinas municipales de Marbella no dejan de recibir llamadas y visitas de ciudadanos británicos que preguntan si les conviene censarse. «Siempre han sido muy reacios a empadronarse; nos cuesta la vida lograr que lo hagan y ahora vienen solos. Incluso algunos están pidiendo la nacionalidad española», revela la concejala. La respuesta que les dan desde el Consistorio es que sí, que deberían empadronarse aunque solo sea por cubrirse las espaldas ante lo que pueda ocurrir en el futuro.

«Muchos lo han dejado para el último momento porque pensaban que no iba a ocurrir»

El decreto

Quienes no tendrán problemas son los británicos que ya están censados y cuentan con un certificado de registro ciudadano de la UE. En el caso de que se produzca un Brexit por las bravas, solo tendrán que cambiar sus papeles de residentes europeos por un nuevo documento que se llamará Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIF) y podrán seguir viviendo en España sin sobresaltos. No sucederá lo mismo con los que carezcan del certificado. «Estas personas son las que se están moviendo ahora porque tienen que regularizar su situación», explica Ricardo Bocanegra.

El pasado mes de marzo, el Gobierno español aprobó un decreto para blindar a los británicos afincados en el país ante los efectos desastrosos de un Brexit sin acuerdo. El texto señala que todos ellos tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre de 2020 para obtener una TIF y acreditar de esta manera su residencia legal en suelo español de modo definitivo. A quienes no cuenten con un certificado de registro ciudadano les aguarda un rosario de papeleos que comenzará con la obligación de demostrar que están viviendo en España. Y una de las maneras de hacerlo es esgrimir un certificado de empadronamiento.

El plazo establecido en el decreto ha paliado algunos miedos, aunque no los ha eliminado. Uno de sus artículos advierte de que las condiciones ventajosas para los británicos en caso de un Brexit duro solo se mantendrán si Reino Unido hace lo mismo con los ciudadanos españoles. Si la reciprocidad se rompiera, las consecuencias para todos los afectados serían imprevisibles.

Todo parece previsto, pero nadie sabe explicar lo que sucederá. Ante las dudas, a partir del próximo día 15, las comisarías de Policía no darán cita a los británicos que quieran solicitar un certificado ciudadano de la UE. «La fecha para hacer el trámite se da para dentro de varias semanas, con lo que nos vamos más allá del 31 de octubre. No tiene sentido citar a alguien después de ese día cuando no sabemos qué va a pasar», reconoce el abogado Ricardo Bocanegra.

«Muchos pensaban que esto no iba a ocurrir nunca y lo habían dejado todo para el último momento. Ahora no hay citas suficientes para pedir el permiso de residencia y la gente se pasa todo el día mirando en internet por si se abre un hueco. Conozco a un gestor con una lista de treinta personas esperando a ver si pueden hacer la solicitud», señala Karen Cowles. Queda poco para que se cierren las ventanillas y los británicos acuden en tropel a las charlas informativas que ofrecen sus consulados y los ayuntamientos. Esperan encontrar respuestas que les tranquilicen, pero lo único que sacan en claro es que lo mejor para ellos es que tengan sus papeles en regla. «Llevamos dos años pendientes de la salida de la UE y aún no sabemos nada. Incluso no estamos seguros de si va a haber Brexit, y así no se puede tomar ninguna decisión», se queja Margaret Hauschild, abogada especializada en inmigración del bufete Bennet&Rey.

La colonia

Concentrados
Uno de cada dos británicos que viven en España reside en Alicante, Málaga o las Islas Baleares. En la primera de las provincias, 82.600 naturales de Reino Unido cuentan con certificado de registro ciudadano, mientras que un número indeterminado no se ha empadronado. En Málaga se han establecido 46.500 británicos, el 60% de los que residen oficialmente en Andalucía. Destaca Mijas como la población andaluza con más residentes del país que hoy lidera Boris Johnson (7.800).
Más vecinos, más dinero
Los ayuntamientos han redoblado sus esfuerzos para convencer a los británicos para que se empadronen lo antes posible. Los responsables municipales son conscientes de que, cuantos más vecinos tengan, más transferencias económicas recibirán del Estado.
346.521
británicos residían oficialmente en España el pasado mes de junio, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración. Esta cifra hace referencia a los que disponen de certificado de registro y supone un incremento del 8,2% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se desconoce exactamente cuántos británicos no se han empadronado todavía, aunque el Gobierno español prevé que, antes de que concluya el plazo del 31 de diciembre de 2020, habrá expedido documentos para 400.000 personas.

Jarro de agua

Aquellos felices jubilados que hace tres años paseaban tranquilos por la orilla del mar en Benidorm, Marbella o las Islas Canarias son hoy seres agobiados por su futuro. «Para ellos ha sido un jarro de agua fría y la congoja va en aumento a medida que se acerca la hora», lamenta Ricardo Bocanegra. Temen que se devalúe la libra, la moneda en la que cobran sus pensiones, y tienen miedo de verse obligados a hacerse un seguro médico privado que a su edad les saldría carísimo. «Muchos tendrían que volver a Reino Unido y deberán vivir en alojamientos sociales, porque allí ya no tienen vivienda y carecen de fondos para comprar una», pronostica John Moffet, vicepresidente de Bremain in Spain, una asociación que lucha para que su país permanezca en la UE.

«Los mayores son los más desprotegidos», recalca Margaret Hauschild. «Todos los días me encuentro con ancianos que ni siquiera disponen de correo electrónico», dice Karen Cowles. Muchos tienen su vida hecha en España pero jamás se les ha ocurrido empadronarse. «Nunca pensaron que iban a necesitar un permiso de residencia porque nadie se lo había pedido antes», explica la británica. Nunca llegaron a imaginar que, si pierden el tren de la regularización, pueden convertirse en «inmigrantes ilegales bajo amenaza de deportación», recuerda Moffet.

Las asociaciones de residentes de Reino Unido se esfuerzan para que nadie se quede atrás en la carrera por salvarse de un Brexit salvaje. Quienes no lleguen a tiempo serán ciudadanos no comunitarios y no podrán permanecer en España más de noventa días seguidos. «Volverán a la época de antes de Maastricht y Schengen. Los británicos van a hacer un viaje al pasado», afirma Ricardo Bocanegra.