Jaume Collboni

Alcalde de Barcelona

«La zona tensionada nos ha permitido parar en seco la escalada de precios del alquiler»

– Barcelona fue la primera gran ciudad en ser declarada zona tensionada. ¿Qué balance hace de este año y medio en el que llevan aplicando un control de precios en los alquileres?

– Lo primero que hice como alcalde fue firmar el decreto de zona tensionada. Eso ha tenido dos derivadas regulatorias muy importantes para el cambio de las reglas del juego. La primera, poder aplicar la regulación de los precios de los alquileres. El resultado ha sido una bajada acumulada de las rentas del 4,9% desde marzo de 2024, cuando veníamos de subidas del 70% en los últimos 10 años. Hemos parado la subida.

– ¿En cuánto tiempo empezaron a notar que se contenían los precios del alquiler una vez que se aplicó la zona tensionada?

– No tardó mucho en notarse, sobre todo el freno de la subida. Como en todo cambio de reglas, hay un periodo de adaptación en el que todavía estamos y es posible que tengamos dientes de sierra en esta contención de los precios. Pero el objetivo primero, que era parar en seco la escalada de precios, ya lo hemos conseguido.

– ¿La oferta de viviendas en alquiler se ha resentido?

– No hemos decrecido en la oferta del número de viviendas que están en alquiler en la ciudad. De hecho, en este periodo han aumentado en 1.550 viviendas, con datos oficiales del Departamento de Territorio, que es el que lleva el registro de los contratos.

– ¿En las ofertas de los portales inmobiliarios no han notado un descenso? En Gipuzkoa, al poco de entrar en vigor el índice de precios de referencia, las ofertas de pisos en alquiler descendieron a la mitad.

– Estos portales en ningún caso se pueden tomar como una referencia oficial, aunque hay que reconocer que se ha producido una fuga hacia el uso fraudulento de los alquileres de temporada, que el Parlament tiene que regular. Lo más razonable es que equipare su regulación con los alquileres de larga duración, para cortar en seco ese incentivo que puede existir ahora por la falta de control en la subida de las rentas. Calculamos que los alquileres de larga duración han bajado en torno a un 5% en Barcelona.

– En su primera respuesta ha mencionado que, además del control de los precios, hay una segunda medida que les ha permitido cambiar las reglas del juego. ¿Cuál es?

– La segunda gran medida, que viene de la mano de la zona tensionada, gracias al marco jurídico que nos dan la Generalitat y el Parlament, ha sido la de no renovar ninguna licencia de piso turístico en 2028. El PP llevó esta medida al Tribunal Constitucional que, en una sentencia, dio la razón al Ayuntamiento de Barcelona: ante el bien jurídico de la libertad de destino de una vivienda para uso turístico y el derecho a la vivienda, en un contexto de emergencia habitacional, el Ayuntamiento tiene derecho a eliminar los pisos turísticos en 2028. Esto supondrá recuperar de golpe lo que nos costaría 10 años a través de la construcción de vivienda pública.

– ¿De cuántos pisos turísticos estamos hablando?

– En el caso de Barcelona son 10.000 pisos que volverán al mercado residencial, que ganaremos como viviendas. Y, tampoco nos engañemos, es una política de limitación de la masificación del turismo, que es otro de los fenómenos que tenemos que reconducir en Barcelona.

– ¿Y que tiene su impacto en el problema de la vivienda?

– Y que tiene un impacto total en la vivienda. En las comunidades de vecinos y en los barrios. Es volver a la idea de que los pisos son para vivir.

– ¿Esa decisión tiene plena garantía legal? ¿En Euskadi también podría llevarse a cabo?

– El Tribunal Constitucional ha dicho que lo que hemos hecho en Barcelona es constitucional y, además, con una amplia mayoría, por lo que tenemos un marco jurídico asegurado. Otra cosa es que haya litigios o que haya empresas o personas que quieran litigar por eso. Pero nosotros no prohibimos, técnicamente lo que vamos a hacer es no renovar. Es decir, en Cataluña los pisos turísticos han pasado a ser una licencia de actividad económica, que dan los ayuntamientos y se renuevan cada cinco años. Por eso será en 2028, porque a veces me dicen 'bueno, si los vas a prohibir, prohíbelos ya, ¿no?'. Pero no es prohibir estrictamente, es no renovar ninguna licencia desde noviembre de 2028. Eso quiere decir cero pisos turísticos por la vía de no renovar. Nosotros lo hacemos en virtud del marco legal que nos da la ley de la Vivienda, porque eso pasa en zona tensionada, y el marco legal que ha establecido la Generalitat de Cataluña y que da a los ayuntamientos la posibilidad de hacerlo o no.

– ¿Otros municipios seguirán el camino de Barcelona?

– Nosotros hemos sido los primeros, pero en el área metropolitana hay otros que han decidido no renovar las licencias, como L'Hospitalet de Llobregat. Creo que será como una mancha de aceite que se extenderá.

– Varios alcaldes de grandes ciudades europeas han puesto en marcha un grupo para presionar a la UE. ¿Cuál es el objetivo de Mayors for Housing?

– Fue una iniciativa bastante informal que surgió entre la alcaldesa de París, el alcalde de Roma y yo mismo, que vimos que uno de los problemas comunes que teníamos era el del acceso a la vivienda. Los precios del alquiler están subiendo en toda Europa y eso está afectando ya no solo a las familias vulnerables, sino a las clases medias urbanas, que se están viendo expulsadas de sus ciudades y barrios. En muy poco tiempo nos hemos reunido 17 alcaldes de grandes ciudades para reivindicar que este fenómeno debe tener una respuesta europea. Queremos que en los presupuestos europeos de 2028 la vivienda tenga fondos específicamente dirigidos a ciudades o regiones para la promoción de vivienda pública. Ahora viene la hora de la verdad y serán los Estados los que deberán decidir.

– Usted defiende que los ciudadanos puedan quedarse a vivir en su barrio. ¿Eso es posible en todos los casos?

– En el mismo barrio no siempre será posible porque puede no haber suelo u oferta, pero tenemos que garantizar que exista esa libertad de elección de quedarte a vivir en tu ciudad. Igual que la UE ha garantizado el derecho a la movilidad, que puedas instalarte en cualquier país para vivir o trabajar, ¿por qué no garantizamos que quien quiera pueda vivir en su ciudad? Para eso tiene que haber políticas públicas para el derecho a quedarse y recursos públicos, también europeos, para garantizar esa posibilidad.