Pablo García

Director de Vivienda, Suelo y Arquitectura del Gobierno Vasco

«La ley vasca que aumentó al 75% la vivienda protegida ha agarrotado el desarrollo urbanístico»

– ¿Es una reforma que enmienda las políticas de vivienda de los últimos 20 años?

– No enmienda, lo que hace es modular. Lo que ha generado la Ley del Suelo del País Vasco, que establece que el 75% de la vivienda construida en una promoción debe ser de protección oficial, es una previsión en suelo urbanizable teórica, y lo que se trata es de llevarlo a cabo. Creemos que los municipios deben tener la libertad y potestad de poder modular ese porcentaje para viabilizar el conjunto de los ámbitos. Si no se construye, el 75% de 0 es cero, por lo que tratamos de mejorar las condiciones y facilitar que se activen esos suelos. Si tener un 62% o un 67% hace que tengamos algo menos de vivienda de protección pública, pero realmente construida y habitada, vamos por el buen camino.

– ¿Lo tenían identificado como un problema que bloquease la construcción de vivienda?

– Hay otros ámbitos que están bloqueados por cargas urbanísticas muy onerosas, pero en la medida en que la proporción de vivienda libre, con la que se gana algo más de dinero, permita absorber esas cargas de urbanización para que existan esas otras viviendas protegidas, adelante. Si tienes una excesiva proporción de vivienda de protección pública y además unas cargas urbanísticas muy potentes, el proyecto se bloquea. Se trata de intentar aflojar para que los números empiecen a salir.

– ¿Se podría haber hecho antes?

– La Ley del Suelo, la que aumentó del 65% al 75%, se promulgó en 2006. Llegó la crisis y el modelo con el que estaba concebida esa ley cambió, se cayó el sistema. En esa situación, lo que ha hecho la ley es agarrotar el desarrollo urbanístico. ¿Se tenía que haber hecho antes? No sé, pero ya no está del todo adaptada a la situación actual. Hemos pasado una década larga de crisis con un periodo valle de poca producción y menor actividad donde el problema no lo era como lo es ahora, que empieza a ser un obstáculo en algunos aspectos.

– ¿Se han encontrado reticencias para esa flexibilización?

– No. A algunos agentes del sector les parece demasiado moderada. Nunca llueve a gusto de todos, pero precisamente por eso hay que dar herramientas tanto a los ayuntamientos como a los promotores.

– ¿Será el factor que solucione el problema?

– Contribuye. Decisivo o no, lo veremos. En cualquier caso, lo que no podemos es permitirnos el lujo de tener tanto suelo teórico. Hay que empezar a tener suelos más desarrollados aunque tengan menor carga de vivienda protegida. Sobre ese aspecto, me gustaría hacer un matiz. Lo que proponemos reducir es el porcentaje de vivienda de protección pública, que se divide en vivienda de protección oficial (VPO) y la vivienda tasada. Del 75%, el 55% es VPO y el 20% la tasada. El 55% de vivienda de protección oficial del régimen general que hay actualmente en la ley del 2006 no está en cuestión.

– La que se reduce es la tasada.

– Para aumentar la parte proporcional de vivienda libre. Entendemos que eso va a dinamizar una serie de suelos que hasta ahora no estaban programados. No puede ser, y menos en la situación actual, que tengamos un inventario de casi 75.000 viviendas de protección y que no haya visos de que se desarrolle.

– De esas potenciales viviendas que están paradas, 26.689 en Gipuzkoa, ¿la viabilidad es el factor principal de su inactividad?

– En muchos casos sí. Están bloqueadas por una conjunción de cargas urbanísticas y porcentaje de vivienda protegida que no da margen de maniobra. Consiste en abrir un poco la mano. Esperamos que esos suelos sean los que se activen en los próximos años en cuanto la reforma entre en vigor.

– ¿Qué plazos tienen para ello?

– Queremos tenerlo este año.

– ¿Antes de verano, después...?

– Después. La tramitación parlamentaria la tienen que hacer los grupos y el Parlamento la tiene que aprobar. Esperemos que se apruebe y publique a final de año.

– Sobre la elevación de dos alturas retranqueadas en los edificios de viviendas protegidas y alojamientos dotacionales, ¿quién autoriza esa obra?

– Eso hay que matizarlo. Lo que estamos planteando es, en edificios de vivienda de protección de alquiler de titularidad 100% del departamento, hacer un aumento de la edificabilidad física destinada a alojamientos dotacionales. No hay lucro, porque esos alojamientos no se pueden vender, ni hay un aumento de la edificabilidad urbanística. Simplemente se plantea hacer unos levantes con los que duplicaremos nuestro actual volumen de alojamientos dotacionales. Lo tiene que aprobar el consistorio.

– Proponen un régimen sancionador para los propietarios en zonas tensionadas que cometan infracciones, pero el índice de precios de referencia no está elaborado aún. ¿Cómo va?

– Está pendiente del Ministerio, que necesita la información fiscal por parte de las diputaciones y me consta que están en ello.

– ¿Sabe cuándo se va a aplicar?

– Tengo entendido que serán efectivos ya en torno a verano, pero te estoy respondiendo un poco de oídas porque yo soy director de Vivienda y Suelo y esto es más de la dirección de planificación y procesos operativos.

– ¿Cuál es el plazo actual entre que se aprueba una promoción hasta que se entregan las llaves?

– Un proceso de promoción hoy en día puede llegar a durar diez años. Sumas pasos, trámites y licitaciones y llegas a los seis-ocho años, según si eres promotor privado o público. Son unos plazos, en un mundo que en teoría va cada vez más rápido, que no podemos permitirnos. Por eso hemos planteado reducir los plazos de las tramitaciones para integrarlas y eliminar procedimientos repetidos.

– Tengo la sensación de que muchas de las promociones de vivienda libre que se anuncian van acompañadas de la etiqueta 'exclusiva'. ¿A qué se debe?

– Estamos en una situación de tal escasez, que como dijo el consejero, la vivienda libre que se acaba haciendo sale 'a millón'. Hay muy poca oferta de vivienda libre y enseguida pasa a ser una cuestión exclusiva o de lujo. Hay muy poca 'normalita' y hay que cambiar las condiciones para que haya mayor oferta de vivienda libre asequible, que no sea solo la pública la que sea asequible.

– Denis Itxaso mencionaba que la clase media está engrosando las listas de espera de la vivienda de protección oficial.

– Si tienes más vivienda libre, el precio baja, pero para eso tiene que haber oferta. Cuando no cubre la demanda, esa demanda se vuelca hacia la vivienda protegida. Pero el problema de la vivienda es un cruce de caminos de un montón de problemáticas. Entre ellas, los salarios, la precariedad, los nuevos modos de vida, que las nuevas generaciones tienen otra manera de enfocar las cosas... Todo está cambiando.

– Todo cambia, como las familias que se ven obligadas a compartir piso. ¿Le preocupa?

– Nos preocupa a todos. Tener acceso a una vivienda digna es un derecho. Una cosa es que puedas decir que compartir piso durante una temporada no es un drama, pero es un problema que en situaciones de precariedad haya gente trabajando, que no le dé el sueldo y tenga que compartir un piso y a veces hasta una habitación. Y ni siquiera en fases de emancipación, sino avanzada ya la vida. Luego evidentemente el mundo es libre, pero no es lo mismo compartir un proyecto vital porque decides hacerlo libremente que compartir una habitación en un piso con derecho a cocina, como se decía antiguamente, porque no te queda más remedio. Sabemos que, sobre todo en las capitales, esto se empieza a dar cada vez más.

– Los portales ofrecen ahora habitaciones por 500 euros en San Sebastián o Errenteria.

– Es excesivo. Nosotros tenemos la referencia de lo que tiene que destinar una persona a un hogar, que ronda el 30% de sus ingresos. Tenemos que conseguir que el precio de la vivienda baje para que ese tipo de situaciones se vean cada vez menos. Ya sé que es una realidad relativamente extendida, pero para mí una habitación de 500 euros es un abuso.