Vivienda refuerza su apuesta por Gipuzkoa y eleva a 850 los pisos protegidos que prevé iniciar el próximo año
El territorio copará 8 de cada 10 nuevas VPO que el Gobierno Vasco planea iniciar en Euskadi, con promociones en Donostia, Irun, Eibar, Andoain, Zumarraga, Ordizia, Lezo y Beizama
Gipuzkoa será el próximo año el principal foco de nueva promoción de vivienda protegida en alquiler del Gobierno Vasco. Después de varios años en los ... que ha vivido rezagado respecto a Álava y Bizkaia, en 2026 ocho de cada diez pisos públicos que comenzarán a desarrollarse desde el Ejecutivo autonómico se ubicarán en este territorio. Serán 850 en total, 666 viviendas de protección oficial (VPO) y 184 alojamientos dotacionales.
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Por municipios, en San Sebastián arrancarán los procesos para edificar 280 VPO (en Ciudad Jardín y Martutene) y 89 alojamientos dotacionales (Riberas de Loiola y Ulia); en Irun 36 VPO, en Eibar 19 alojamientos dotacionales, en Andoain 80 VPO, en Zumarraga 44 VPO y 24 alojamientos dotacionales, en Ordizia 214 VPO, en Lezo 52 alojamientos, y en Beizama 12 VPO.
Así lo ha avanzado este miércoles el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, durante una comparecencia en el Parlamento Vasco para informar del proyecto de Presupuestos de su departamento para el año que viene y de las líneas maestras de actuación. La presentación ha permitido actualizar al alza unas cifras ya afloradas en junio, cuando el Gobierno Vasco encomendó a Visesa, la sociedad pública para la promoción de vivienda pública de alquiler, la construcción de 630 VPO en Gipuzkoa. Respecto a entonces, la lista se ha actualizado con 24 pisos más en Ordizia y los 12 de Beizama.
Como detalle, las edificaciones que arrancarán el próximo año en Donostia serán las primeras a cargo del Gobierno Vasco en más de una década en la capital de Gipuzkoa. La última promoción de VPO autonómica fueron 70 viviendas sociales en Morlans, acabadas en 2013.
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Estos 850 futuros pisos protegidos suponen más del doble de las viviendas públicas que el Gobierno Vasco tiene en construcción en este momento en Gipuzkoa. Son 822, repartidas por Eibar (36), Hondarribia (66), Irun-San Miguel (437), Tolosa (192) y Zarautz (91). De este modo, a comienzos de 2026 habrá en el territorio en diferentes fases de desarrollo un total de 1.672 VPO o apartamentos dotacionales. De estos, se entregarán a sus adjudicatarios el próximo año 193 en Eibar, Hondarribia y Zarautz.
Las cifras de Gipuzkoa superan con creces las de los otros territorios vascos. En Álava, donde hay en construcción 723 pisos, se iniciarán apenas 158 viviendas en Salburua (Vitoria). En Bizkaia, con 1.107 VPO en obras, arrancarán aún menos, apenas 12 en Bilbao.
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Presupuesto récord
Itxaso ha recordado que el presupuesto del departamento de Vivienda y Agenda Urbana asciende para 2026 a 502,2 millones de euros, un 11,2% más que este año. Si se excluyen los fondos europeos (60,1 millones), el incremento de los recursos propios es del 37%, al pasar de 322,5 a 422,1 millones de euros, ha subrayado. En su opinión, esta cifra récord «coloca a la vivienda en el centro de las prioridades del Gobierno Vasco» y supone «un plan integral en posición de combate» ante la crisis de vivienda que padece Euskadi.
A estos recursos se añade una aportación inicial de 20 millones al Fondo Social de la Vivienda, un instrumento «llamado a apalancar recursos privados en una magnitud suficiente para poder responder al descomunal desafío de construcción de vivienda que afronta Euskadi», ha expresado el consejero.
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De esta forma, el presupuesto consolidado del Departamento y de sus sociedades públicas Alokabide y Visesa alcanza los 596,1 millones de euros, un 14% más que en 2025. «En Euskadi la vivienda no puede ser un privilegio. Es un derecho que nuestra Ley de Vivienda reconoce y debe ser un pilar del sistema vasco de bienestar social», ha apuntado Itxaso.
El Programa de Vivienda absorberá la mayor cantidad de recursos presupuestarios, con hasta 394,4 millones de euros, con un aumento de 102,5 millones en su capacidad inversora, a los que se suman 60,1 millones procedentes de los fondos Next Generation, alcanzando así 454,5 millones de euros.
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Las sociedades públicas refuerzan también su papel. Visesa dispondrá de 140,2 millones, un 39,6% más, que permitirán la construcción de 788 viviendas mediante el contrato-programa 2026. Por su parte, Alokabide contará con 146,5 millones de euros, un 22,5% más, que posibilitarán reforzar programas como Bizigune y Gaztelagun. «El presupuesto de 2026 fija las bases para superar las 7.000 viviendas en alquiler asequible, de las que el 50% se destinarán a jóvenes menores de 36 años», ha destacado el consejero.
El gasto destinado al Programa de Alquiler asciende a 343,6 millones de euros, el 75% de la dotación total del programa de vivienda, lo que supone 95,1 millones más que en 2024.
Así las cosas, en 2026 se iniciará la construcción de 1.713 viviendas de protección pública y alojamientos dotacionales destinados al alquiler social y asequible en Euskadi. De ellas, 225 serán promovidas por el Departamento (46 millones) y 788 por Visesa (35,2 millones) «en un encargo de una envergadura nunca antes visto», ha afirmado Itxaso, quien también ha anunciado la propuesta de convertir a esta sociedad pública en un medio propio.
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Además, el programa de fomento de alquiler asequible destinará 35,7 millones para la puesta en alquiler protegido de otras 700 viviendas a través de la colaboración público-privada, unas actuaciones que se completarán con la adquisición de 150 viviendas a razón de 26 millones. En total, serán más de 1.863 nuevas viviendas de protección pública en alquiler, a las que se destinarán 142,9 millones de euros en créditos de pago y de compromiso.
El programa Bizigune, orientado a movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible, aumenta su presupuesto de 41 a 50,2 millones de euros (22,4%), con el objetivo de alcanzar 8.400 viviendas activas en Bizigune y un total de 19.000 viviendas gestionadas por Alokabide.
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Asimismo, se pondrá en marcha un seguro público de alquiler gratuito en zonas tensionadas, que cubrirá impagos y desperfectos en viviendas cuyos alquileres respeten el índice de precios de referencia. Contará con 250.000 euros ampliables procedentes de fondos del Ministerio de Vivienda.
El Departamento destinará también 21 millones de euros a la adquisición y urbanización de suelo para 2.200 viviendas de protección pública en alquiler, de las cuales 2.000 serán promovidas directamente por el Departamento y 200 por Visesa.
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