He sido víctima de un delito, ¿y ahora qué?

Tiene derecho a un abogado, si no tiene uno se le asignará uno de oficio. Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra...». Son frases de película, pero, ¿cuánto tienen de verdad? ¿Esos son mis derechos si he cometido un delito? ¿Y si soy la víctima? ¿Qué hago si han entrado a robar en mi casa, me han roto la luna del coche o he sufrido una estafa a través del móvil? O peor, ¿si he sufrido algún tipo de violencia, física o sexual? Son situaciones indeseables que llevan a adentrarse en un proceso penal que puede generar muchas dudas que conviene despejar.

Lo cierto es que esas frases que se usan repetidamente en ficciones policíacas sí se ajustan bastante a lo que sucede en el mundo real cuando una persona es detenida por un hecho delictivo. En primer lugar se le informa del delito del que se le acusa, y tiene derecho a no contestar en un interrogatorio (eso de guardar silencio), a no reconocerse como culpable y a defenderse con un abogado, propio o asignado de oficio. También puede solicitar una asistencia jurídica gratuita, y tener un intérprete en caso de ser un ciudadano extranjero. Todos estos derechos son tanto para las personas detenidas como para las que están siendo investigadas.

No obstante, lo más habitual es que el ciudadano esté en el otro lado, el de la víctima, y que no sepa cómo actuar.

Lo primero, en caso de sufrir un hecho delictivo, es interponer una denuncia. De esta manera se pone en conocimiento a la Justicia, y se puede hacer en cualquier juzgado vasco o en una comisaría municipal o de la Ertzaintza.

Una vez el caso comienza su recorrido judicial, puede personarse como acusación con su propio abogado. Si no puede costeárselo, puede solicitar el derecho de asistencia jurídica gratuita. También puede dejar que el caso lo lleve directamente la Fiscalía, que como Ministerio Público actúa de oficio en caso de delito.

Si finalmente se persona en la causa de forma particular y lo hace antes de que se abra el juicio, podrá presentar su propio escrito de acusación (con su descripción de los hechos ocurridos y su petición de pena). Si lo hace después no tendrá ese derecho, pero podrá adherirse a la Fiscalía, que siempre se presenta como acusación de la parte perjudicada si el proceso llega a juicio. También podría adherirse, si las hubiera, a otras acusaciones, como las de otras víctimas, o la de una acusación popular (por ejemplo la de un Ayuntamiento que se persona por un hecho grave ocurrido en su localidad).

En todo proceso penal hay una parte civil (económica) que se puede reclamar. Esa indemnización por los daños y perjuicios sufridos es un derecho incluso si no se presenta como acusación particular, ya que la Fiscalía se encarga en todo caso de llevar a cabo las acciones legales correspondientes para la reparación. Sepa que tiene derecho a que se le notifiquen todas las resoluciones que se dicten durante el procedimiento, y que puede recibir orientación y ayuda a través de los Servicios de Asistencia a las Víctimas (SAV). Es gratuito y se encuentra en los palacios de Justicia de las tres capitales vascas.

Además, en caso de sufrir un delito intencionado y violento, o contra la libertad sexual, puede solicitar ayudas públicas destinadas a los mismos.

Si acusan a una persona de un delito y le detienen, además de los derechos ya mencionados, se tienen otros adicionales. El principal es la famosa llamada, para comunicarse con la familia o la persona que se desee y comunicarles lo ocurrido y el lugar donde está retenido. También se puede solicitar un reconocimiento médico, y en caso de ser extranjero, comunicarse con su consulado. Si la persona detenida es menor de edad, debe saber que tiene derecho a declarar en presencia de sus progenitores, tutores o responsables legales. Además, puede contar con el apoyo del equipo técnico del Juzgado de Menores, que lo conforman psicólogos, trabajadores sociales o educadores, y será escuchado por el juez antes de que este tome una decisión importante que le afecte.

Toda esta información está ahora accesible en sendos folletos publicados por el Gobierno Vasco, desde su departamento de Justicia, y que se pueden encontrar en los juzgados y otros servicios jurídicos. En total se han repartido 130.000 ejemplares en euskera y castellano, 50.000 dirigidos a personas investigadas y 80.000 del tríptico para personas perjudicadas u ofendidas por un delito. El objetivo, señalan, es facilitar que la ciudadanía tenga acceso a esta información de forma clara, de manera que «conozcan y puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones».

«Los derechos son la columna vertebral de la democracia. Su defensa es esencial para construir una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada», señala el viceconsejero de Justicia, Alfonso Gómez.