Los veterinarios de la protectora de Gipuzkoa niegan «eutanasias masivas» de animales

El Juzgado de lo Penal número 3 de Donostia ha acogido este miércoles la primera de las sesiones de este proceso en el que la Fiscalía sostiene que los investigados llevaron a cabo entre los años 2010 a 2013 eutanasias injustificadas de perros y gatos. La Fiscalía de Medio Ambiente entiende que un alto número de los sacrificios se ejecutó con animales en buen estado de salud y sin que se agotara el plazo de un mes de estancia para ser dados en adopción.

El ministerio público considera de igual manera que las eutanasias se realizaron sin que les fuera aplicado un producto anestésico, circunstancia que, según indica, les produjo una muerte dolorosa.

En el proceso judicial también está personada como parte acusadora la asociación Ekilur Jurídica, contraria al maltrato animal, varios de cuyos miembros se concentraron ante el palacio de Justicia. Dicha entidad afirma que los sacrificios eran masivos e indiscriminados en los meses de verano con el propósito de vaciar las instalaciones para dejar espacio a animales cuyos dueños habrían abonado un cantidad por dejarlos durante las vacaciones. La asociación animalista sostiene asimismo que los veterinarios realizaban una actividad privada dentro de las instalaciones de la Protectora.

La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados un año y tres meses de inhabilitación profesional, en tanto que Ekilur demanda pena de prisión por el mismo periodo de tiempo.

Los dos veterinarios investigados han rechazado en la vista de este miércoles las acusaciones formuladas contra ellos. Ambos han negado que se hubiesen llevado a cabo sacrificios masivos e indiscriminados en las instalaciones de la Protectora, ubicadas dentro del término municipal de Usurbil. Han explicado que no eran ellos quienes tomaban la decisión de qué animales había que sacrificar y, en esté sentido, han señalado que eran los empleados que se ocupaban del mantenimiento, cuidado y atención de los perros y gatos los que les trasladaban los individuos para ser sometidos a eutanasia. «El personal estaba y está en contacto con los animales las veinticuatro horas del día y conocen la situación de cada animal, su estado físico o si precisa de alguna atención», ha dicho uno de los veterinarios que, asimismo, ha indicado que quienes realizan esta labor tienen la capacitación necesaria para valorar qué ejemplares podían ser susceptibles de ser sacrificados.

Los investigados, para quien su abogado solicita la absolución, han explicado que las muertes se llevaban a cabo bajo criterios estrictamente profesionales y con la finalidad de lograr una mayor calidad de vida del conjunto de los animales acogidos en el complejo. Han afirmado al respecto que el objetivo que con ello se pretendía era evitar la «superpoblación» y el «hacinamiento», lo que, desde su punto de vista, podría dar lugar a una mayor agresividad y al contagio de enfermedades entre los individuos.

Los veterinarios han manifestado, asimismo, que las eutanasias se practicaron con animales especialmente agresivos, así como con aquellos que estaban aquejados de enfermedades graves incurables, presentaban grandes dolores y también con los de edades muy avanzadas.

Los acusados han detallado que los sacrificios se llevaban cabo con métodos adecuados para evitar que sufrieran. En este sentido, han indicado que cada animal era sometido a una técnica distinta, según sus características de comportamiento. Han precisado que a los más dóciles se les inyectada directamente en vena un producto que en cinco segundos les dejaba ya sin consciencia, de manera que no padecían dolor alguno. En otras ocasiones, ante perros más agresivos, se les suministraba primero un medicamento intramuscular para sedarlo y posteriormente el agente eustanásico. Los acusados han recalcado que no existe norma alguna que establezca la necesidad de aplicar un anestésico antes del sacrifico. «Solo dice que ha de ser rápida y sin dolor», indicó uno de ellos.

Los inculpados, asimismo, han negado haber maltratado a perros y gatos y han desmentido que hubieran percibido cantidad alguna por atender en las instalaciones de la Protectora consultas particulares. Han añadido que en estos casos, los cobros por las atenciones iban a parar a la Protectora y que ellos únicamente percibían en su nómina un plus cuando asistían por urgencia a animales ajenos a la sociedad.

El juicio por este caso continuará este jueves con la declaración de numerosos testigos.