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GAIZKA LASA
SAN SEBASTIÁN.
Viernes, 29 de septiembre 2017, 06:38
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Tras el cierre del vertedero de Lapatx en diciembre del año pasado, la Mancomunidad de Urola Medio trata de garantizar a albañiles y gremios dedicados a la construcción un servicio para que puedan retirar escombros y otros materiales no peligrosos utilizados en obras de manera legal y homologada cerca de casa. La mancomunidad inició a principios de año la tramitación para poder instalar una planta de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs) y esta semana el departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco ha publicado en el Boletín Oficial del País Vasco un anuncio de apertura de un plazo de un mes para que «las administraciones públicas afectadas y las personas interesadas» -cita la organización Ekologistak Martxan de Gipuzkoa- puedan formular observaciones antes de emitir su informe de impacto ambiental.
El objetivo de Urola Erdiko Lapatx Zabortegia, S.A, sociedad a la que la mancomunidad ha cedido la gestión del sellado del basurero y de la construcción de la planta de RCDs, es que los residuos no peligrosos, como la madera o el plástico, y los materiales de obras menores puedan ser valorizados de forma adecuada en Lapatx. La infraestructura que se ha proyectado en los terrenos del antiguo vertedero busca así dar servicio a la actividad de albañilería y construcción desarrollada en los municipios de Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Bidania-Goiatz, Errezil y Zestoa.
La iniciativa de la mancomunidad se produce en un contexto de intensificación de la labor de inspección sobre el sector generador de las RCDs. El Gobierno Vasco ha optado por poner freno a las infracciones que se cometen en la gestión de este tipo de residuos en la Comunidad Autónoma Vasca. En el mes de julio, por primera vez, ha sancionado con una multa total de 66.500 euros a cuatro empresas vascas de este sector, dos de ellas guipuzcoanas. La viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno, señaló entonces en referencia a la multa que, «queremos que sea ejemplarizante», y adelantó que la labor disciplinaria continuará. Su departamento ha puesto en marcha «un plan completo» para el control de la gestión de este tipo de actividades y evitar ilegalidades.
Entre las infracciones amonestadas se encuentra el «abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos», aunque ello suceda «sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente».
Fuentes del Gobierno Vasco han constatado que desde diciembre técnicos de Medio Ambiente han detectado una mala utilización de los residuos de construcción y demolición, no solo por el vertido incontrolado en montes o terrenos particulares, sino sobre todo por hacer rellenos con cantidades no permitidas o por no llevar los residuos a un gestor autorizado.
Las dimensiones del sector que trabaja con RCDs ayudan a entender la importancia estratégica del proyecto que esperan poder hacer realidad en Azpeitia. Los residuos de construcción y demolición suponen el 22% del total de residuos con 1.200.000 toneladas anuales en Euskadi y aunque la planta que han diseñado en la Mancomunidad de Urola Medio no pretende atajar toda la problemática de la comarca, sí que pretende paliar el déficit de infraestructuras destinadas al aprovechamiento de estos residuos y evitar a empresas y autónomos de la zona tener que realizar largos desplazamientos para dar salida a los desperdicios generados en su actividad cotidiana.
La tramitación, sin embargo, está siendo más larga de lo que hubieran querido los responsables de la mancomunidad. Lapatx cuenta desde hace años con la autorización ambiental necesaria para tratar materiales de obras y demoliciones, pero debe recibir el permiso expreso de las autoridades medioambientales para el proyecto concreto de la planta que pretenden construir.
Si pasado el mes de alegaciones abierto esta semana, el Ejecutivo de Gasteiz otorga la autorización definitiva a la instalación, el proyecto deberá salvar aún otro escollo: el de la concesión de los códigos LER (Lista Europea de Residuos) que definirá qué tipo de residuos en concreto podrá tratar la planta.
Además, la nueva infraestructura se construiría sobre una parte del antiguo vertedero que debe pasar por un proceso de clausura que ya ha conseguido los permisos pertinentes. Por todo ello, los responsables de la Mancomunidad de Urola Medio quieren mantener la prudencia a la hora de lanzar una fecha aproximada en la que la planta de tratamiento de RCDs pudiera entrar en funcionamiento.
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