Suspenden el desahucio de una familia donostiarra cuya VPO la gestiona un «fondo buitre»

La plataforma Stop Desahucios Euskadi ha asegurado que se ha conseguido frenar el desahucio de la familia. /Lobo Altuna
La plataforma Stop Desahucios Euskadi ha asegurado que se ha conseguido frenar el desahucio de la familia. / Lobo Altuna

La plataforma Stop Desahucios Euskadi se felicita por haber logrado paralizar el desalojo requerido pero advierte de que no se detendrá hasta la retirada total de la petición

Estrella Vallejo
ESTRELLA VALLEJO

La buena noticia llegó a última hora del lunes, aunque el miércoles por la mañana todavía se les humedecían los ojos. Txomin y Bea tenían fijada la fecha desalojo de la vivienda de protección oficial de alquiler en la que residen desde 1998 para este viernes a las nueve y media de la mañana. Pero «gracias» a la presión ejercida por la plataforma Stop Desahucios y a la intermediación del Ayuntamiento donostiarra y las Juntas Generales, la sociedad Testa Residencial-Socimi ha presentado en el juzgado número 2 de Donostia la petición de suspensión del desalojo de estos dos vecinos del Antiguo. Así lo ha indicado este miércoles Rosa García, portavoz de Stop Desahucios Gipuzkoa, frente a la sede del Gobierno Vasco en San Sebastián, quien ha advertido de que «no vamos a parar hasta conseguir su retirada definitiva».

Txomin, Bea y sus dos hijos llevan 21 años residiendo en la promoción de 450 viviendas que el Gobierno Vasco levantó en Benta Berri. La pareja apunta que «siempre» habían abonado cada mensualidad, que actualmente se aproxima a los 800 euros, pero que fue el año pasado cuando debido a la enfermedad en la que cayó Txomin, con la consiguiente baja y sucesivo despido de la empresa en la que trabajaba, les resultó imposible afrontar el pago de cinco cuotas del alquiler.

La orden de desalojo se mantenía pese a que la familia se había puesto al día con los pagos en enero

En el mes de diciembre recibieron la notificación de desahucio y para el 18 de enero la pareja consiguió reunir los 7.824 euros que debía y saldar su deuda. Sin embargo, la orden de desalojo fijada para el viernes 22 de marzo seguía vigente. García ha subrayado este miércoles que «ahora» les exigen a esta familia donostiarra el pago de las costas judiciales correspondientes a la interposición de la demanda. «¡Hasta ahí podíamos llegar! Las costas no las vais a pagar ni por asomo», les ha indicado García a la pareja, durante la convocatoria a la que han asisto medio centenar de personas. «No hay derecho», resoplaba Bea, quien ahora empieza a respirar tranquila.

Desde la plataforma social han recordado que Donostia es un municipio libre de desahucios desde la resolución que aprobó el Pleno del Ayuntamiento en 2015, por la cual el Gobierno municipal está obligado a intermediar con las entidades financieras, inmobiliarias o fondos de inversión, para evitar desahucios de deudores de buena fe, «como es el caso de esta familia».

La representante de Stop Desahucios ha explicado que la concentración de este miércoles se ha realizado frente a la sede donostiarra del Ejecutivo vasco porque en los años 90 fue esta administración la que cedió por 75 años el derecho de superficie de estas viviendas a la UTE Benta Berri «compuesta por Metrovacesa y Vallehermoso, que en el 2016 se fusionaron con Testa Residencial-Socimi, que gestiona activos inmobiliarios de Santander, BBVA, Caixa…». Sin embargo, fue en octubre del año pasado, ha proseguido, cuando «el fondo buitre estadounidense Blackstone», con sede en Manhattan, se convirtió en el inversor mayoritario.

«Aviso a navegantes»

Estos fondos de inversión, ha acusado la Tambor de Oro 2019, «son los causantes de la escalada especulativa de los precios de alquiler y son también los causantes de miles de desahucios por impago de alquiler o finalización de los contratos». Al menos en este caso, se ha felicitado, «hemos conseguido que el buitre esconda sus garras y su pico, y presente la solicitud de suspensión».

No obstante, García ha recordado que estas 450 viviendas fueron adjudicadas por sorteo por el Gobierno Vasco a los solicitantes cuyos ingresos estuvieran comprendidos entre los 3.000 y los 39.000 euros anuales. Al igual que Txomin y Bea, el resto de adjudicatarios firmaron el contrato de arrendamiento en el año 98, cuyas condiciones estarían supervisadas por el Ejecutivo durante 30 años, un plazo que finaliza en 2028 y a partir del cual, «será el actual propietario Testa-Socimi-Blackstone quien se encargue de fijar las cuotas según el libre mercado», ha advertido. La activista lanzó un «aviso a navegantes» por si pudieran existir más promociones en situaciones parecidas.