Uno de cada tres municipios tiene su plan general urbano en situación irregular

La irregularidad viene porque 28 localidades en Gipuzkoa y 129 en todo Euskadi no tienen adaptada esta normativa a la Ley de Suelo y Urbanismo del País Vasco, aprobada en 2006 y que concedía un plazo de ocho años a las corporaciones locales para hacerlo. En el caso de Gipuzkoa representan el 31,8%de los 88 municipios del territorio (prácticamente uno de cada tres), en tanto que en el País Vasco llegan a ser más de la mitad (51,4%) de los 251 existentes.

Estas localidades son Alkiza, Altzaga, Antzuola, Ataun, Aretxabaleta, Baliarrain, Elduain, Elgeta, Errenteria, Eskoriatza, Ezkio-Itsaso, Gabiria, Gaintza, Gaztelu, Hondarribia, Larraul, Lasarte-Oria, Leintz-Gatzaga, Mutiloa, Oñati, Ordizia, Orendain, Orexa, Pasaia, Segura, Zegama, Zestoa y Zumaia, según el inventario publicado hace unas semanas por el Gobierno Vasco en el que detalla la situación en la que se encuentra cada municipio.

No se trata de un problema de primera magnitud, ya que esta situación no impide desarrollar proyectos que cumplan los requisitos legales y administrativos vigentes ni, en caso de necesidad, hacer una modificación puntual del PGOU para adaptar alguna cuestión específica que faculte a lanzar un proyecto concreto.

Pero sí que sitúa a estas corporaciones municipales en un estado de inseguridad jurídica, pues con una normativa que no es plenamente válida, cualquier tribunal de justicia puede tumbar cualquier planeamiento urbanístico por no ajustarse a derecho la regulación en la que este se sustenta.

Fuentes municipalistas explican que «cualquier proyecto en una localidad que no esté adaptada a la Ley del Suelo está supeditado a que cualquier vecino, asociación o grupo disconforme con lo que se va a hacer lo recurra, y los jueces probablemente lo tumbarían». «Incluso en el caso de que el Gobierno Vasco diese su visto bueno a una modificación puntual para llevar adelante una iniciativa, los tribunales podrían echar atrás esa aprobación en el caso de que fuera impugnada», añaden.

Un ejemplo reciente podría ser el recurso interpuesto por Stop Desahucios contra dos promociones de vivienda en San Sebastián en las que se van habilitar 514 nuevos pisos, un 40%y un 50%de ellos protegidos, respectivamente. La plataforma las ha recurrido porque pide elevar el peso de las VPO al 60%-80%. Si Donostia no tuviera en regla su PGOU, un recurso alegando esta cuestión tendría más posibilidades de prosperar.

Miguel de los Toyos, viceconsejero en funciones de Planificación Territorial y Agenda Urbana del Gobierno Vasco y alcalde de Eibar durante doce años (2008-2021), explica que «la ley de 2006 marcó unas reglas de juego nuevas, a las que los ayuntamientos debían amoldarse. Cada uno en los puntos en los que su normativa no cumpliese los preceptos que establece el texto. La mayoría, cuestiones técnicas y regulatorias».

Transcurridos esos ocho años, el resultado fue muy insatisfactorio. «Para 2014 solo 56 de los 251 ayuntamientos vascos habían cumplido con esa obligación, y había algo más de 60 en proceso», recuerda De los Toyos.

Ante este escenario, el Parlamento Vasco aprobó aquel 2014 una ley de artículo único que concedía una prórroga de otros siete años para que los municipios procedieran a actualizar sus planes generales. Ese plazo vencía en septiembre de 2021, pero como en ese espacio de tiempo se vivió la pandemia de Covid, se concedieron otros dos años adicionales, de modo que el nuevo vencimiento quedó fijado para septiembre de 2023. Con semejantes aplazamientos, los ayuntamientos vascos han tenido 17 años para adaptar sus planes generales al texto aprobado en 2006.

De los Toyos justifica que «revisar un plan general o redactar uno nuevo es un proceso muy largo y complejo». Depende del tamaño del municipio y de sus características puede llevar «hasta 16 años». «Hay que considerar que además de las ideas que pueda tener la corporación municipal, el PGOUestá condicionado no solo por las normativas relativas específicamente a la regulación de los terrenos (leyes de suelo vasca y estatal), sino también a otras regulaciones de instancias superiores como los planes territoriales sectoriales, los planes parciales, las directrices de ordenación territorial del Gobierno Vasco...».

Estos planes superiores que condicionan los proyectos municipales pueden ser de muy diversos ámbitos, como carreteras, planeamientos agrarios, cauces fluviales, protección medioambiental de entornos... «Son normas superiores de obligado cumplimiento que deben incluirse en el plan general y que deben hacerse casar con las normativas locales», remata el viceconsejero.

A la dificultad técnica de conciliar diferentes condicionantes se suma el trabajo previo de analizar el grado de cumplimiento del plan general a extinguir, así como las fases obligatorias de participación ciudadana –en la que pueden aparecer nuevas iniciativas– y de presentación de recursos y alegaciones. Algunas de estas acaban en los tribunales, dilatando aún más los plazos.

De los Toyos recuerda que en su época de alcalde de Eibar le tocó redactar el plan actual de la localidad. «Se tardó más de 8 años. Un plazo en el que las circunstancias y el contexto pueden cambiar, lo que afecta al PGOU». En su caso explica que «cuando empezamos a redactar el plan en 2008 era un momento de crecimiento económico importante, y mientras se desarrollaba el trabajo llegó la crisis financiera, el estallido de la burbuja inmobiliaria... El escenario al acabar la redacción del PGOUera muy distinto al del inicio».