SOS Racismo reclama el cese de los «controles policiales racistas» en la muga

Este jueves se ha conocido la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condena a Francia por los controles policiales indiscriminados a ciudadanos con orígenes no comunitarios, y obliga al Estado francés a indemnizar con 3.000 euros a Karim Touil, una de las víctimas de este 'modus operandi', ya que a principios de la pasada década fue objeto de hasta tres controles de identidad en un espacio de diez días.

Se trata del primer pronunciamiento de la Justicia europea en contra de esta práctica recurrente de las fuerzas de seguridad galas, una circunstancia que ya venía siendo denunciada en los últimos años por las redes de acogida ciudadana de ambos lados del río Bidasoa, como Irungo Harrera Sarea, Bidasoa Etorkinekin o SOS Racismo.

Esta última agrupación reitera ahora que «dicha práctica, que constatamos es algo habitual, es contraria a numerosos dictámenes sobre respeto de derechos humanos». Por ello, demanda, «una vez más, el cese de dicha práctica y la elaboración de una normativa clara al respecto como responsabilidad de las autoridades y su cumplimiento por parte de los cuerpos policiales. No hacerlo equivale a asumir como propia dicha práctica violadora de derechos y claramente ilegal».

La Corte de Estrasburgo se ha pronunciado ahora sobre el caso que Touil y otros cinco ciudadanos franceses con raíces magrebíes o subsaharianas habían llevado hasta la Justicia de la UE. El tribunal da la razón a Touil pero desestima los otros recursos. Respecto al primer caso asegura que «es consciente de las dificultades de los agentes de la Policía de decidir rápidamente, y sin órdenes internas claras, sobre las amenazas a la seguridad y el orden públicos». Sin embargo, el tribunal concluye que «hubo un trato discriminatorio». Y por ello condena a Francia por haber violado el artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que trata sobre las discriminaciones.

Touil había sufrido tres controles de identidad por la calle en apenas diez días. Por ese motivo impulsó un proceso judicial, junto con otros doce compatriotas, para denunciar este tipo de prácticas policiales, que a menudo conllevan que cacheos, un trato poco respetuoso por parte de los agentes o incluso insultos. La Corte de Casación (lo que sería el Supremo en España) ya había condenado al Estado por tres de esos casos en 2016, siendo la primera vez que se pronunciaba contra la Administración por los llamados controles faciales. Seis de esos demandantes llevaron su caso hasta la Justicia europea.

Los jóvenes negros o con apariencia de magrebíes o árabes tienen cuatro veces más posibilidades de ser parados por la calle por la Policía que el resto de los habitantes en Francia, advierte un informe del equivalente galo al Defensor del Pueblo. Ese documento, publicado el año pasado, advertía sobre el aumento significativo de este tipo de prácticas. Las personas controladas pasaron del 16% en 2016 al 26% en 2024, según un sondeo elaborado con más de 5.000 entrevistas.

Estas acciones alimentan la desconfianza entre las fuerzas de seguridad y los habitantes de las 'banlieues'. Un problema enquistado que ha derivado en revueltas violentas, como la que se produjo hace dos años tras la muerte del adolescente Nahel, de 17 años, disparado a quemarropa por un agente durante un control de circulación. A pesar de ello, los sucesivos Gobiernos franceses no han adoptado medidas para solucionarlo. Tampoco siguieron las recomendaciones de asociaciones de derechos y del Defensor del Pueblo, quienes propusieron que se emita un recibo cada vez que se produce un control de identidad o que se doten de otros mecanismos para verificar su motivación.