Solo tres municipios de Gipuzkoa cumplen con la ley del amianto dos años después de su aprobación
Beasain, Olaberria y Legazpi son los únicos que han remitido al Gobierno Vasco el censo de instalaciones y emplazamientos contaminados
Miguel Ángel Mata y Alba Peláez
San Sebastián
Domingo, 29 de diciembre 2024
En abril de 2022 entró en vigor la ley estatal de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que entre otras consideraciones se ocupa ... de la gestión del amianto en los municipios españoles. El amianto o asbesto es un producto mineral que ha sido muy utilizado históricamente en materiales de construcción y que se ha demostrado cancerígeno. La norma fijaba como fecha límite 2028 para eliminarlo de edificios públicos «con mayor riesgo» y daba a los ayuntamientos un plazo de un año para que elaborasen «un censo de instalaciones y emplazamientos» (públicos y privados) con amianto, incluyendo además «un calendario que planifique su retirada».
Ese plazo expiró hace año y medio, pero 85 de las 88 localidades de Gipuzkoa todavía no han culminado el proceso. A día de hoy, solo han cumplido Beasain, Olaberria y Legazpi.
El panorama es peor en el conjunto de Euskadi, pues de las 252 localidades vascas, solo han cumplido cinco. Además de las tres guipuzcoanas mencionadas, apenas han hecho los deberes Errigoiti en Bizkaia y Ayala en Álava.
En el caso de las capitales, el Gobierno Vasco afirma no tener noticias de San Sebastián. Bilbao asegura tener ya elaborado el censo aunque no lo ha hecho llegar al departamento de Industria, y Vitoria dice disponer de una versión preliminar de su inventario, y calcula que uno de cada diez inmuebles podrían estar afectados por asbesto. De ellos 40 serían de titularidad municipal.
El detalle de los cinco municipios cumplidores aparece en una respuesta parlamenteria del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, a una pregunta de la representante de EH Bildu Amancay Villalba.
En el documento también se especifica que para ayudar a los consistorios y otros entes locales (mancomunidades, cuadrillas, juntas administrativas...) a cumplir la norma, el Gobierno Vasco ha impulsado diversas líneas de ayudas de las que entre 2020 y 2023 se beneficiaron 10 ayuntamientos y una mancomunidad de Gipuzkoa. Son la mancomunidad de Urola Kosta y los consistorios de San Sebastián, Tolosa, Beasain, Ordizia, Olaberria, Zumarraga, Azpeitia, Arrasate, Legazpi y Deba. En el conjunto de Euskadi las ayudas han llegado a un total de 31 entes locales.
Vista la falta o lentitud en la respuesta, y con el fin de apremiar a los consistorios a que cumplan con la ley, la Viceconsejería de Sostenibilidad promovió la creación de una mesa junto con las áreas de Salud y Economía, Trabajo y Empleo. Se han celebrado ya dos sesiones con los ayuntamientos, en mayo y septiembre de este año, para acelerar el proceso.
Fondo de compensación
Según el INE, solo entre 2007 y 2017 hubo más de 41.000 fallecimientos de varones atribuibles a la exposición al amianto, principalmente por neoplasias malignas de bronquio y de pulmón y mesoteliomas. Unos 12.000 vascos han podido estar en contacto con este material, tal y como se recoge en informes del Instituto vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan).
Hace dos años, el Gobierno central anunció una norma estatal para crear un fondo de compensación para las víctimas, dotado con 25 millones de euros, pero las ayudas todavía no se han repartido. El reglamento que lo desarrolla iba a aprobarse, en principio, en enero, y la entrada en vigor de las ayudas estaba prevista para la pasada legislatura.
En octubre de 2023, el Parlamento Vasco volvió a apremiar al Ejecutivo gobernado por Pedro Sánchez para que se activara este recurso. Este septiembre, el Congreso aprobó por unanimidad una proposición no de Ley encaminada a dotar de recursos el fondo, pero tres meses después, las asociaciones lamentan que «seguimos sin recibir por parte del Gobierno ningún tipo de comunicación que nos haga tener alguna esperanza», señalan en la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica).
Tras todo este tiempo, los perjudicados no han recibido ningún tipo de indemnización. El vicepresidente de la asociación de víctimas del amianto de Euskadi (Asviamie), Patxi Kortazar, califica de «ley sin contenido que no tiene ningún valor» la relativa a la creación de ese recurso, ya que sigue sin ofrecer compensaciones reales a las víctimas. «La falta de acción del Gobierno agrava más el sufrimiento de las personas afectadas y sus familiares, evidenciando una falta de sensibilidad y prioridad hacia una cuestión de salud pública urgente», denuncia por su parte la Federación Estatal de Asociaciones de Víctimas del Amianto (Fedavica).
Más de 4.500 muertes reconocidas y cada día salen más afectados
En la asociación de afectados por amianto de Euskadi aseguran que el número de afectados no deja de aumentar. «Desde que empezamos con esto, en 2017, atendemos entre seis y siete casos al mes solo en Bizkaia y ya estamos dando citas para enero, porque el cupo de diciembre estaba lleno. Pensábamos que íbamos a ver un tope bastante antes, pero está creciendo a marchas forzadas el mesotelioma, que solo se da por amianto», afirma el vicepresidente de Asviamie, que funciona en Euskadi y Navarra.
Patxi Kortazar recuerda que «todavía hay mucha gente que no tiene ni idea de las enfermedades asociadas a este material, tan frecuente en la construcción el pasado siglo. Y esto es así porque lo han mantenido muy oculto, pero aquí seguimos luchando», asegura. Entre los recursos que ofrece la asociación se encuentra el asesoramiento legal. Además, «hacemos los trámites a los afectados sin ningún coste para que se les reconozca como enfermedad profesional».
El fondo de compensación, una vez se convierta en un recurso real y efectivo, será de especial utilidad cuando la empresa causante de la afección haya desaparecido, algo frecuente porque las consecuencias se manifiestan hasta 40 años después del contacto con el producto cancerígeno. Eso sí, será necesario disponer de una resolución de la Seguridad Social que indique que se sufre una enfermedad profesional. El Ministerio de Inclusión cifra en 4.582 fallecimientos anuales las muertes producidas a causa del amianto.
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