Notarios denuncian retrasos «injustificados» en Gipuzkoa en las nacionalizaciones

Según el fedatario Javier Oñate, los trámites que deberían resolverse «en una semana» se están alargando en el tiempo, llegando incluso al año de espera, «por defectos inexistentes o absurdos. Les piden infinidad de documentos que ninguna norma exige y, en numerosas ocasiones, incluso algunos que ya han aportado con anterioridad, como fotocopias del DNI de su país, pasaportes...».

Un hecho que, desde su punto de vista, conlleva «un largo tiempo de espera que no tiene sentido». «Si el Registro Civil nos comunicara de forma escrita y desde el principio todo lo que van a solicitar, no existirían tantos problemas y los interesados podrían realizar las gestiones con más claridad», apunta Oñate. Añade que desde la entrada en vigor de la Ley de Registro Civil, «los problemas legales, jurídicos y organizativos se multiplican». A ellos se suman las nuevas aplicaciones y las enormes bases de datos.

El objetivo final es positivo, porque permite a la ciudadanía extranjera acudir al Registro Civil o notarías, facilitando su labor. Pero cuando lo llevan a cabo en ocasiones se encuentran «con un muro de problemas, como si de una huelga encubierta de los registradores se tratase», explica Oñate. «En nacionalizaciones el problema es terrible», asegura, «y podemos llegar al año en un trámite que debía ser inmediato», añade el notario. «Y eso que las notarías son de pago, mientras que el registro es gratuito», sentencia.

Para conseguir la nacionalidad se exigen ciertos requisitos: cumplir los plazos de residencia legal exigidos, hacer los exámenes de nacionalidad española, carecer de antecedentes penales, documentación en vigor y no estar fuera de España mucho tiempo mientras el trámite esté en curso. Del expediente se encarga el Ministerio de Justicia. «Es en este proceso donde la Administración está tardando mucho en entregar la resolución a los solicitantes», reconoce Manuel Fernando Cánovas, notario donostiarra que en su día a día se encuentra en una situación similar a la de su compañero Oñate.

Cuando el Ministerio resuelve, solo queda la declaración de jura o promesa de acatamiento de la Constitución y las leyes y de fidelidad al Rey. Es esta declaración la que se puede hace bien en el registro, bien en notarías. «Nosotros, como ordena el Ministerio, hacemos una comprobación telemática, constatamos que todo es correcto y lo resolvemos con los demandantes», reconoce Oñate. «En cuanto nos llaman los clientes lo hacemos todo muy rápido», cuenta Cánovas, que remarca que «tardamos 1 o 2 días como mucho en hacer la declaración».

Una vez realizado este paso, es momento de entregar la solicitud en el Registro Civil. «Cuando llegan, algo que debería ser casi inmediato se alarga en exceso, porque ponen problemas incomprensibles. No les explican el origen de los defectos y se quedan sin optar a la nacionalidad, sin DNI ni pasaporte, algo vital para ellos», subraya Oñate. En ejemplos prácticos, estos hechos suponen trabas a la hora de acceder a trabajos, recibir el permiso de residencia, irse de viaje...

Para este notario, además, hay casos que «pueden dejar entrever actitudes racistas, ya que los grupos que más retrasos sufren son los que forman los marroquíes, pakistaníes o latinoamericanos». Es decir, las nacionalidades con mayor número de solicitudes. Y a eso se une «que no se consiguen citas previas ni horas de recepción». Teóricamente, con la resolución de Justicia, el juramento y el empadronamiento, la cuestión quedaría resuelta. Pero ahí surgen las dificultades.

Unas dificultades que, sin embargo, todos confían en que vayan disminuyendo gracias a la informatización de todo el sistema. «Es algo que en Donostia ya ha empezado a hacerse y nos va a venir genial», subraya Cánovas. «Después del verano podremos tramitarlo todo de forma electrónica, porque no tiene sentido que en el Registro Civil todavía sigan pidiendo los documentos en papel», concluye este notario.