«Es una sinrazón que nos quiten la mitad de las indemnizaciones»
Afectados por la talidomida deben devolver el 47% de la ayuda recibida en impuestos, por lo que reclaman la exención fiscal
«Justo hace un año exacto», después de un arduo y «pintoresco» proceso judicial, el guipuzcoano Mariano Garmendia recibió la ayuda acordada por parte del ... Gobierno central para los afectados por la talidomida, un medicamento que se recetó a mujeres embarazadas y causó graves malformaciones en miles de bebés en todo el mundo. Los afectados –la mayoría nacieron sin brazos o piernas o con ausencia de uno de los miembros– serían indemnizados con 12.000 euros por cada grado de discapacidad reconocido. Sin embargo, la letra pequeña ha vuelto a empañar la satisfacción inicial, si es que esta compensación puede llegar a aliviar algo el «haber sido condenados a vivir una vida miserable y penosa porque las instituciones no hicieron bien su trabajo», manifiesta Garmendia.
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Los primeros afectados que lograron reclamar la indemnización en noviembre del año pasado, como es el caso de este guipuzcoano, han visto con asombro cómo les han quitado casi la mitad en impuestos. «El Gobierno lo que ha hecho es retener el 47% por rendimiento de trabajo, cuando la mayoría de nosotros no hemos podido trabajar en la vida. Nos lo han quitado directamente. A mí me correspondía millón y pico y me he quedado casi sin la mitad de la indemnización», reclamaba Garmendia ayer, minutos antes de comparecer en las Juntas Generales de Gipuzkoa, a petición del grupo juntero EH Bildu, junto al vicepresidente de la asociación Avite, Rafael Basterrechea, para pedir la exención fiscal de estas ayudas.
Ambos manifestaron que esta situación supone «una sinrazón. No es lógico que las personas con más necesidades vitales tengan que pagar más. Está en manos de la Diputación poder arreglar este desaguisado y pedimos que actúe con sentido porque para nosotros este paso adelante es vital», expuso Garmendia. Al mismo tiempo, instó a la Diputación de Gipuzkoa a seguir los pasos de las diputaciones de Bizkaia y Álava que «han dado una lección magistral de servicio público mediante su propuesta de exención fiscal a las víctimas de la talidomida, que ya se está tramitando».
La mayoría de las personas que nacieron con estas malformaciones tienen un 60% de discapacidad reconocida y, a pesar de lo abultado que puedan resultar las indemnizaciones, «haciendo los cálculos de la persona que más ha cobrado en la asociación, son 7 euros al día». Todos los grupos junteros mostraron su «total apoyo» a la petición de Avite y recordaron que la norma foral sobre la reforma fiscal se encuentra en fase de exposición pública para poder presentar alegaciones e incluir esta exención.
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