«Mi cliente de 86 años lleva más de uno sin cobrar la RGI por los atrasos de la Justicia»

Acompañados por una pancarta con el lema 'La justicia, una cuestión de Estado', los abogados insistieron en que la de Justicia es la administración «más paralizada y a la que más le ha costado volver a la normalidad tras la pandemia». Por ello, solicitaron «mayores recursos» que aseguren su calidad y permitan «acortar plazos tanto en los juzgados como en los tribunales». Porque los paros de los letrados de la Administración de Justicia, en primer lugar, y posteriormente de los funcionarios y el conato de jueces y fiscales han provocado que el sistema judicial se encuentre «al borde de la quiebra técnica».

Pese a todo, el abogado Aitor González reconoció a este periódico que en el País Vasco la situación «no es tan grave» como en otras comunidades debido a que el Gobierno Vasco ha conseguido resolver algunos de los problemas que continúan impidiendo que la actividad se desarrolle con normalidad. Uno de ellos, añade, es la huelga de funcionarios. No obstante, el letrado se mostró contundente a la hora de explicar que el sector necesita una verdadera «modernización al igual que ha ocurrido con la educación o la sanidad», entre otros ámbitos.

Entre los casos de los que se encarga González, uno de los más llamativos tiene que ver con un cliente al que extinguieron la RGI a principios de 2022. A día de hoy, este hombre de 86 años nacido en Hernani, lleva más de uno sin cobrarla y su vista se ha pospuesto hasta el 14 de mayo de 2024 por el «colapso» del sistema. «Se trata de una cuestión urgentísima que parece no importarle a nadie», asegura este abogado. «Estamos hablando de una cantidad de dinero que ronda los 500 euros mensuales, que para el perjudicado son indispensables para sobrevivir», relató con cierta rabia este letrado en la entrada del Palacio de Justicia donostiarra.

Se hizo cargo del caso en julio del año pasado y, tras completar todo el procedimiento requerido, acudió a juicio a principios de mayo. «Cuando estábamos esperando a entrar en la sala nos comunicaron que se suspendían todos los juicios de esa jornada», añade. Y «lo peor» de este caso, remarca, «no fue solo el atraso de un año que mantiene en vilo» a su cliente, sino la respuesta «inapropiada que recibimos por parte del funcionario en cuestión: nos dijo que era su derecho y que nos tocaba esperar».

El hombre de 86 años, que actualmente cobra una pensión de 483 euros, reside en un alojamiento asistencial de Errenteria por el que paga 300 euros mensuales por una habitación y la manutención, por lo que le quedan 183 para poder vivir. «Con ese dinero es imposible salir adelante», subraya González. En consecuencia, este abogado solicitó al Ayuntamiento una ayuda extra de 175 euros que se le concedió pero que, sin embargo, ahora la han vuelto a suspender. Hoy acudirán al juzgado a reclamarla porque lleva «cuatro meses sin percibir ese dinero. Vamos a pelear para que cobre tanto eso como los atrasos de la RGI durante todos estos meses», dice.

A esta situación se le suma otro episodio en el que se vio envuelto este mismo hombre, que previamente ya había sufrido otra extinción en la prestación. Según cuenta González, en septiembre de 2020 presentó un recurso para tratar de encontrar una solución y no obtuvo respuesta hasta pasados dos años, un hecho que no hace más que «acrecentar los graves problemas de la Justicia». En esta profesión, concluye, «la negociación y el diálogo son dos instrumentos fundamentales», por lo que confía en que se alcance «un acuerdo por el bien de todos».