La regulación donostiarra, a la espera de la decisión del Tribunal Superior

Competencia y Aparture han presentado sendos recursos a la ordenanza de San Sebastián

T. F. SAN SEBASTIÁN.

El informe realizado por la Autoridad Vasca de la Competencia recoge que Donostia tiene aproximadamente 1.700 viviendas de uso turístico. Es decir, que la capital guipuzcoana concentra en torno al 47% de los que operan en la Comunidad Autónoma Vasca y el 70% de Gipuzkoa. La previsión además es que las cifras sigan creciendo en los próximos años. Para la gestión de estos alojamientos, además de los particulares, existen una serie de empresas, 15 de ellas agrupadas en la asociación Aparture que gestiona unas 430 viviendas vacacionales.

Un volumen que se ha visto disminuido desde que en marzo entrara en vigor la ordenanza donostiarra. Esta norma califica la Parte Vieja como zona saturada, por lo que se prohíbe la apertura de nuevos pisos turísticos. También establece que Centro, Gros y partes de Amara, Egia y Antiguo son áreas de alta demanda, donde podrá haber pisos en primera planta con usos no residenciales iguales o inferiores a 250 metros cuadrados, además de un piso turístico en plantas altas por casa seis alturas. En el resto de la ciudad se flexibilizan las condiciones hasta los 350 metros cuadrados y dos pisos turísticos cada seis plantas.

El pasado martes la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia presentó un recurso contencioso administrativo contra la regulación aprobada por Donostia, junto a las de Bilbao y Madrid, al entender que las normas alumbradas por estos municipios «son contrarias a la competencia». Este organismo considera que las medidas tienen efectos restrictivos porque impiden la entrada de nuevos operadores y consolidan a los ofertantes ya instalados. Indica que esto provocará precios más elevados, reducirá la calidad, la inversión y la innovación en el sector.

Ahora es el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el que debe decidir si admite a trámite el recurso. Aparture también ha presentado un recurso contra la normativa y está a la espera de una respuesta judicial.

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