Protestan en Donostia por «la precariedad laboral» de los discapacitados

Medio centenar de personas se han concentrado este martes en Donostia, convocadas por el sindicato LAB, para protestar por «las dificultades de acceso al empleo ordinario» de las personas con diversidad funcional y denunciar «la precariedad laboral» que sufren en los centros especiales de empleo.

La concentración se ha desarrollado con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, frente a la sede del Gobierno Vasco en la calle Andía de San Sebastián, donde delegados de LAB y trabajadores con diversidad funcional han exhibido una pancarta y repartido pasquines que reclamaban «inserción social y laboral» en vez de «mano de obra barata y negocio empresarial».

La protesta se ha celebrado ante el ejecutivo autonómico para denunciar que el Gobierno Vasco y Lanbide «incumplen» los derechos de estas personas a su inclusión social que, según ha declarado a EFE el responsable del sector socio-comunitario de LAB Oskar de los Bueis, están contemplados en la Convención de las Naciones Unidas y en la Ley General vigente en España.

De los Bueis ha explicado que, por un lado, padecen «una alarmante exclusión en relación al acceso al empleo», pues sólo el 1,7 % de los contratos laborales vigentes son de personas con discapacidad.

A su juicio, esto es así porque «las empresas incumplen su obligación» de tener al menos un 2% de trabajadores con diversidad funcional en sus plantillas y porque «los servicios públicos de empleo tampoco lo garantizan».

Además de padecer esta «vulneración de su derecho a un puesto de trabajo en igualdad de condiciones» con el resto de ciudadanos, el representante de LAB ha advertido de que también el empleo protegido está «precarizado» pues sus contratos son «los únicos temporales sin causa, sin solución de continuidad y bonificados».

Ha agregado que este tipo de contratos vinculan los salarios al SMI de manera que no permiten a esos empleados tener autonomía económica, al tiempo que «se les reduce un 25 % el sueldo» pese tener jornada completa y trabajar en las mismas condiciones que los otros operarios.

El responsable de LAB ha denunciado que los centros especiales de empleo «funcionan como subcontratas para muchas empresas, y para la propia Administración», lo que supone «un alto rendimiento a costa de mano de obra barata en precarias condiciones laborales».

«Las políticas activas de empleo no pueden limitarse a conceder subvenciones y otras medidas de financiación directa, destinadas al empelo protegido en los centros especiales«, ha destacado De los Bueis, quien ha hecho hincapié en que estas personas tienen derecho a un puesto de trabajo «exento de discriminación, en un entorno abierto, inclusivo y accesible». Para ello, LAB «exige» al Gobierno Vasco que regule el ejercicio «pleno y efectivo» de esos derechos mediante la aprobación de una ley propia para Euskadi, ha concluido.