Destapado un nuevo fraude a la RGI en Donostia: 1.500 euros de ayuda al mes pese a cobrar 2.500 con su trabajo como chatarrero

La operación, llevada por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de San Sebastián, se inició a primeros de año, cuando los investigadores del GOE II averiguaron que un hombre de origen nigeriano y su esposa, rumana, estaban facilitando a ciudadanos extranjeros empadronarse falsamente en su vivienda, ubicada en el Barrio de Zubieta, a cambio de cantidades que oscilaban entre 200 y 600 euros.

Profundizando en las pesquisas, explican desde la Policía Nacional, lograron conocer que los investigados habían llegado a empadronar en este domicilio a once personas y que, además, a dos de ellas, una de origen marroquí y otra rumana, les habían expedido falsos contratos de subarriendo de habitaciones y recibos de pagos para obtener prestaciones económicas de carácter social.

De esta forma, el ciudadano marroquí llegó a percibir 16.895 euros de la Renta de Garantía de Ingresos y de la Prestación Complementaria de Vivienda, logrando el ciudadano de Rumanía cobrar 30.379 euros de estas dos ayudas. Centrándose en este último, los investigadores averiguaron que paralelamente a estas rentas sociales ganaba 2.500 euros más de la venta de chatarra a una empresa de reciclaje de San Sebastián, lo que ocultaba al Servicio Vasco de Empleo para cobrar sus ayudas y percibir por las dos vías unos 4.000 euros mensuales. Por ello, solo entre estos dos hombres, los agentes estiman que han causado un fraude a la administración superior a los 47.000 euros.

Durante la investigación, también se localizaron otras dos viviendas dedicadas a esta misma actividad, una de ellas en San Sebastián, donde había empadronado irregularmente a una persona, y otra en Oiartzun, en la que había empadronados seis ciudadanos extranjeros que llegaron a pagar 200 euros por este trámite. Según informa el Departamento de trabajo, el primero de los casos ya ha sido suspendido y Lanbide ha iniciado los procedimientos reglamentarios para hacer lo propio con el segundo. Además, Trabajo ha iniciado expedientes sancionadores en ambos delitos y trabaja en las devoluciones.

Como consecuencia de estos hallazgos, los agentes arrestaron al matrimonio residente en la vivienda del Barrio de Zubieta que había suscrito los contratos de subarriendo falsos y al ciudadano marroquí que se sirvió de ello para obtener las ayudas, continuando con la búsqueda del ciudadano rumano por encontrarse en paradero desconocido, ya que se sospecha que tras percibir estas prestaciones huyera de España para regresar a su país.

A lo largo de la investigación, se han iniciado siete expedientes sancionadores por infracción a la Ley de Extranjería contra las personas que autorizaron estos empadronamientos en las viviendas en las que residían en régimen de alquiler, con propuestas de sanción que oscilan entre los 501 y los 30.003 euros.

Igualmente, también se han iniciado nueve expedientes sancionadores contra aquellos ciudadanos extranjeros que se empadronaron de manera fraudulenta, con sanciones de entre 501 euros y 1.503. Finalmente, las propuestas de multa elevadas a la Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa por diversas infracciones ascendieron a 63.031 euros.