La pobreza en Euskadi sigue sin retroceder a los niveles previos a la gran crisis

Esa realidad la pone sobre la mesa el último informe de EAPN, la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social, publicado con motivo de la conmemoración hoy del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. El 14,8% de la población de la comunidad autónoma (y el 25,8% a nivel nacional) estaba en 2024 en riesgo de pobreza, unas 325.000 personas en Euskadi. En 2008 eran 300.000, un 13,9%.

En la delegación vasca de esta red achacan estas dificultades para regresar a los datos anteriores a la gran crisis a las dificultades que atraviesan los hogares con menores a su cargo. El estudio, realizado en base a la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, agrupa los diferentes indicadores en tres campos: tasa de pobreza (personas que viven por debajo del 60% de la media de ingresos); carencia material severa (no pueden hacer frente a gastos imprevistos, ir de vacaciones, poner la calefacción...); y baja intensidad laboral (familias en las que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial).

Con ellas se construye la tasa Arope, la herramienta más completa de medición porque permite calcular también el riesgo de exclusión. Y el último análisis eleva esa tasa –la del 14,8% a nivel de Euskadi– a un 18,3% en el caso de las familias con hijos. Las personas que no tienen niños que dependen económicamente de ellos, sin embargo, estaban en un 11,7%. La incidencia del riesgo de pobreza y exclusión en los hogares con menores era similar el pasado año a la de 2021 (18,7%), un momento marcado por las consecuencias económicas derivadas de la pandemia, aunque inferior a la de 2015 (20,5%), el ejercicio en el que se alcanzaron los máximos en las diferentes tasas.

Si nos fijamos solo en la tasa de pobreza, la de los ingresos, hace un año era de un 9,4% a nivel general y de un 15,4% en el caso específico de la infancia. La de los menores, además, fue la única franja de edad en la que, con respecto a 2023, los datos, lejos de mejorar, empeoraron (aumentó 1,7 puntos). A nivel estatal, en todo caso, alcanzó un 29,2%, con cifras disparadas en las comunidades del sur. Estos datos, expone el informe, «se sitúan en niveles similares a los de los peores años de la gran recesión».

Alfonso López, de EAPN Euskadi, integrada por más de cuarenta entidades sociales, entiende que la principal cuestión es que «hay familias con menores a cargo que no están llegando al sistema de protección». Se trata especialmente de «migrantes con hijos» que no llevan «el suficiente tiempo empadronados» para acceder a la RGI o que «no tienen la situación regularizada» y no pueden «pedir ayudas por hijos».

De ahí que la jornada que celebran cada año gire en esta ocasión sobre proteger a la infancia y la adolescencia de la pobreza. A lo largo de la mañana, abordarán la Estrategia de Garantía Infantil y lanzarán en Bilbao el debate sobre «si hay mimbres» para crear «una ventanilla única de prestaciones económicas», ya que hay diferentes apoyos pero «muy dispersos» que no siempre tienen «efectividad porque no llegan a la gente que deben llegar».