Nueve juzgados de Donostia y dos de Irun, bajo la lupa del CGPJ para controlar su funcionamiento
El Consejo General inspecciona de forma anual una serie de salas de cada comunidad autónoma a propuesta de los tribunales superiores
Once juzgados de Gipuzkoa, la mayoría de San Sebastián, han sido incluidos en la lista para ser inspeccionados, ya sea por el atasco en los ... asuntos que se tramitan en estos órganos judiciales, bien porque llevan tiempo sin pasar una inspección. La «saturación» de los juzgados no es una situación nueva, debido a la sobrecarga de trabajo por la falta de personal pero también provocada por el aumento de la litigiosidad –sólo en los juzgados de Donostia se celebran una media de 1.000 juicios al mes–.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a través del servicio de inspección, es quien se encarga de la vigilancia sobre todos los juzgados y tribunales de las comunidades autónomas para controlar el funcionamiento de la Administración de Justicia. Para ello realiza inspecciones presenciales ordinarias, de forma anual, y virtuales, cada seis meses.
A falta de conocer el plan de inspecciones que se llevará a cabo en 2026, este año se han sometido a inspección el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Donostia, junto con los juzgados de Instrucción nº2, 3 y 5; los juzgados de Primera Instancia e Instrucción nº4 y 5 de Irun; los juzgados de lo Social nº1, 2, 3 y 5 de Donostia y el Juzgado de Primera Instancia nº6 de Donostia.
En Gipuzkoa se analizan cuatro de lo Social, cuatro de primera instancia y tres de instrucción
Según explican fuentes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, «cada año, el CGPJ solicita al presidente del TSJ» de cada comunidad «una propuesta de los órganos que conviene revisar, ya sea por los datos de pendencia –asuntos que están pendientes, sean recursos, sentencias y otro tipo de procedimientos– o porque llevan tiempo sin pasar una inspección». Según constatan, «los órganos más conflictivos son los de Instancia de las tres capitales vascas».
El servicio de inspección del CGPJ está compuesto por cinco unidades inspectoras, que están organizadas por órdenes jurisdiccionales: la unidad civil, penal, social, contencioso-administrativa y unidad mixta que abarca los juzgados de familia, capacidad de las personas, menores y vigilancia penitenciaria.
Entre sus labores, se analiza la carga de trabajo y de la actividad resolutoria;se examinan procedimientos seleccionados;se valora si la plantilla es suficiente, su organización, distribución de trabajo o el clima laboral; se comprueban los recursos materiales existentes así como la calidad del servicio público prestado, entre otros aspectos.
El caso de la jueza apartada
El objetivo de estos controles es evitar situaciones como la que se produjo el año pasado, cuando una jueza del Juzgado de lo Social número 5 de San Sebastián fue apartada de sus funciones tras acumular 198 sentencias sin resolver. Los casos se circunscribían a un periodo de siete meses, entre septiembre de 2023 y abril de 2024.
Los controles tratan de evitar casos como el de una jueza de Donostia que acumuló 198 sentencias
Aquel caso excepcional llevó al Tribunal Superior vasco a tomar la decisión inédita en Euskadi de pedir al CGPJ que nombrara a un juez sustituto que pudiera dar salida a todos los casos que se habían acumulado sobre la mesa de la jueza que, al parecer, estaba de baja por enfermedad y no respondía a los requerimientos del juez decano de San Sebastián. La solución al problema fue el nombramiento de una jueza sustituta con la encomienda de desatascar el juzgado de lo Social nº5 en el plazo de seis meses, algo que cumplió. Finalizó sus trabajos el pasado julio.
La jueza que provocó inicialmente el agujero de casi 200 sentencias sin dictar fue apartada de sus funciones por el TSJPV en noviembre de 2024 y posteriormente fue sancionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero su dejación de funciones obligó a anular esos juicios y repetirlos por la magistrada contratada como refuerzo para ello. Se salvó así una situación inédita en los tribunales de Gipuzkoa, donde nunca se había dado un caso similar.
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