«Es el momento de pasar de las palabras a los hechos»

STOP Desahucios ha señalado que Azora ha notificado, a través de varios burofaxes, que los alquileres de los habitantes de estas viviendas de las calles Segundo Izpizua, Bermingham y Zabaleta finalizarán el próximo 31 de octubre. Los colectivos presentes en el acto exigen al consistorio donostiarra que solicite al Gobierno Vasco la tramitación, «por la vía de urgencia», de la documentación requerida para declarar oficialmente la ciudad como zona tensionada. Piden a los representantes políticos que actúen con celeridad para evitar los desalojos de cuatro familias del barrio de Gros. De esta manera, los inquilinos perjudicados y los que puedan verse afectados en un futuro podrían solicitar antes de la fecha límite impuesta por Azora una prórroga de tres años para sus contratos de alquiler.

Alberto López ha criticado la reincidente actitud de Azora: «Llevan mucho tiempo con esta estrategia, hace dos años querían hacer lo mismo con otras viviendas pero se consiguió retener a las familias». López reclama «voluntad política de actuar» y manifiesta que «es el momento de pasar de las palabras a los hechos». Desde el seno de los colectivos firmantes del comunicado, se confía en que esta medida sirva para poner fin al negocio especulativo que ejerce Azora y así «limitar y controlar los especulativos alquileres que imponen los grandes tenedores. «Los precios de alquileres establecidos por estos tenedores arrastran a los pequeños arrendadores, generando un entorno especulativo en torno a la vivienda en Donostia».

A su vez, Alokairu Benta-Berri, Inquilinos Azora y STOP Desahucios han reclamado a la Hacienda Foral de Gipuzkoa que envíe con la mayor brevedad posible al Ministerio de Vivienda los datos innominados de los contribuyentes guipuzcoanos, para así confeccionar las referencias de los precios de los alquileres en las zonas declaradas como tensionadas. También se dirigen al recién formado Gobierno Vasco para que se publique en el Boletín Oficial del País Vasco la orden del procedimiento por el que Donostia sea declarado municipio tensionado. En este sentido, los representantes que han encabezado el acto han recordado el ejemplo de Errenteria, cuya orden para declararse como localidad tensionada aún no se ha publicado pese a que la documentación requerida fue presentada el pasado mes de febrero.

Las tres plataformas que han convocado la concentración han hecho pública su decisión de «comparecer ante la nueva consejería para aplicar por la vía de urgencia la ley de vivienda estatal», medida que ha sido aprobada casi al completo por el Tribunal Constitucional.

Josetxo Cañada, vecino de las Viviendas de Protección Oficial de Benta-Berri, expone su situación: «Ya estamos pagando el 30% más del límite del alquiler de las VPO y quieren cobrarnos más». Cañada accedió a su vivienda hace 23 años y asegura que lleva trabajando junto al resto de vecinos muchos años para ser escuchados, «pero nadie hace nada». «Hace 12 años nos movilizamos y parecía que desde Azora nos iban a ayudar, pero desde entonces no han parado de mentirnos», añade Cañada. «Quieren echarnos para cobrar el doble o el triple por nuestras viviendas», avisa el vecino de Benta-Berri.

Alberto López explica que la estrategia de Azora ha derivado en «50 inmuebles vacíos de los 75 disponibles en los tres bloques de Gros desde hace cuatro años». Esta situación requiere, según López, de una «regulación de mercado para la movilización de viviendas deshabitadas».

Ante esta estrategia de especulación por parte de los grandes tenedores, Alokairu Benta-Berri, Inquilinos Azora y STOP Desahucios exigen medidas regulatorias para el tensionado mercado de alquileres y propuestas reales para la movilización de las viviendas vacías como solución a una situación que cada vez afecta a más personas