«Es el mercado, no solo la vivienda, el que tiene que garantizar la función social»

José Luis Polo, ante las oficinas de Okados Inmobiliaria./SARA SANTOS
José Luis Polo, ante las oficinas de Okados Inmobiliaria. / SARA SANTOS

El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad inmobiliaria advierte de que no valdrá alquilar pisos vacíos si se hace a precios a los que no puede acceder la gente

GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN.

Ha sido un paso en la buena dirección, pero posibilitar a la Administración intervenir en las viviendas vacías es solo una de las medidas a tomar para lograr el objetivo: que casas y pisos sean accesibles a la gente que lo necesita. Es la consideración que se hace desde el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Gipuzkoa, observador privilegiado de la realidad que rodea a la vivienda. Su presidente, José Luis Polo, concluye que lo más importante de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que avala la Ley vasca de Vivienda es que «ha primado la función social al interés de la propiedad privada en materia de vivienda», aunque ve necesario recorrer un camino que incumbe distintos frentes para garantizar realmente ese derecho subjetivo que recoge la ley, es decir, esa meta última de que no haya pisos vacíos mientras existan personas que los necesitan.

La norma refrendada por el TC establece herramientas de actuación sobre las viviendas cuando se considera que no cumplen la función social que establece la ley: cánones anuales -10 euros por metro cuadrado-, el alquiler forzoso o incluso la expropiación.

Sin quitar valor, todo lo contrario, a «la filosofía de la función social de la vivienda», Polo deja en el aire «la virtualidad que puedan tener estos instrumentos y las situaciones complicadas que pueden generar». En definitiva, plantea la duda sobre «su eficacia», pensando siempre en un horizonte en el que el piso vacío sirva para cubrir una urgencia social.

Desde el púlpito del sector inmobiliario se señala que la potestad de actuar sobre vivienda vacía es solo una pata de la solución, a la que se debería sumar otra relacionada con las medidas necesarias para «corregir la tendencia al alza de los precios del alquiler». Un dato. El precio de los alquileres de viviendas en Donostia se ha encarecido un 20,8% entre junio de 2017 y el mismo mes de 2018. Tal y como se pregunta de manera retórica José Luis Polo, ¿es la vivienda la que cumple la función social o es el mercado? De manera más gráfica, evidencia que «si un piso vacío se pone en alquiler por 2.000 euros en Donostia está cumpliendo la filosofía de la ley, pero, ¿y el mercado? ¿Existe una función social en esa acción si la mayoría de familias no puede acceder a ese coste?».

El sector inmobiliario, clave

Engarza la problemática generada por los precios disparados con el contexto en el que opera el sector inmobiliario. La Ley de Vivienda avalada por el TC recoge, en su disposición adicional primera, que el registro de agentes inmobiliarios debe ser voluntario, lo que no deja de ser «un canto al sol» para Polo. Considera necesaria «una regulación integral de nuestro sector».

¿Y qué tiene que ver esto con la función social de la vivienda? El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria aporta la pista clave. Reconoce que la ley hace referencia al «precio de mercado», pero recuerda que «nosotros estamos en el mercado y los precios pasan por nosotros». Alude incluso a la teoría de la «inflación primaria», que tiene que ver con «la captación de agentes». Pone un ejemplo. «Tú tienes un piso y vas a donde un agente inmobiliario. Le pone un precio. Digamos 200. Vas a otro y te dice que él te lo coloca a 250. Y un tercero que tice que no, que el valor es 300. Lógicamente, te vas al de 300».

El sector ve positiva «la filosofía de función social de la vivienda» recogida en la ley avalada por el TC

«Los mediadores inmobiliarios condicionan los precios del mercado», asegura Polo

Esta circunstancia se debe, asegura Polo, a que «para ser mediador inmobiliario hoy en día no necesitas saber leer y escribir. Hay barra libre». Por eso ve urgente una regulación «que incluya profesionalidad y responsabilidad porque ahora no hace falta saber lo que es una hipoteca, o el registro de la propiedad, o la certificación energética, o cuál es la estructura de la vivienda, o cuánto mide».

Además de establecer una vinculación directa entre el incremento del precio y la desregulación del sector de agentes inmobiliarios, el presidente de API de Gipuzkoa pone el acento en la necesidad de «una coordinación entre instituciones para llevar a cabo una política efectiva» en la dirección de que la vivienda responda a su función social. Otorga, por ejemplo, una importancia capital a la política fiscal y son las diputaciones las encargadas de aplicarla. Pero las políticas de Vivienda las impulsa el Gobierno Vasco. Aunque impuestos como el IBI o permisos los conceden los ayuntamientos. Un mecanismo que debería engrasarse con el mismo fin, concluye Polo.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos