Los jueces no devolvieron sus hijos a ninguna de las 56 familias que pleitearon en 2017

Unos 300 menores viven en pisos de acogida en Gipuzkoa para garantizar su bienestar. Siempre que es posible, se intenta el regreso al hogar familiar./MIKEL FRAILE
Unos 300 menores viven en pisos de acogida en Gipuzkoa para garantizar su bienestar. Siempre que es posible, se intenta el regreso al hogar familiar. / MIKEL FRAILE

Aunque suponen un porcentaje pequeño respecto al total de casos, las quejas por las medidas de desprotección van en aumento. La Justicia dio la razón a los servicios sociales de la Diputación en los 56 litigios de 2017

Arantxa Aldaz
ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

La visita de los servicios sociales a una familia rara vez es bien recibida. Obligados por ley a velar por el bienestar de la infancia en casos de desprotección, la intervención foral puede resolverse con una medida de acompañamiento dentro del hogar pero puede llegar al extremo de la separación del hijo o de la hija de sus progenitores. Casi todas las medidas protectoras se toman pese al desacuerdo de los padres, que suelen ver en esas actuaciones un celo excesivo por parte de la Administración o simplemente ni siquiera son conscientes de la desprotección hacia su hijo, causada por un abanico de problemas que van desde la desatención (no llevarles al colegio, por ejemplo), a padres consumidores de drogas o menores víctimas de maltrato y abusos en el hogar. De entre esa amplia casuística, hay cada vez más padres que llevan su protesta hasta los juzgados, en un proceso largo y doloroso. El año pasado, 56 familias denunciaron a los servicios sociales por estar en contra de la decisión administrativa que les separó de sus hijos. En todos los expedientes los jueces dieron la razón a la institución foral, según datos aportados a este periódico por el Departamento de Políticas Sociales que dirige la jeltzale Maite Peña.

Alrededor de 2.000 menores (un 2% de la población de menos de 18 años) reciben al año la atención de los servicios sociales especializados de la Diputación, a los que habría que sumar los menores que están directamente en programas de ayuntamientos para garantizarles sus necesidades personales y apoyar a su familia en las tareas parentales, en una fase temprana de la intervención.

El dato

2.000
menores al año reciben la atención de los servicios sociales de la Diputación (desde intervención en familias a casos de acogida). Supone alrededor de un 2% de la población de menos de 18 años, según los datos recogidos en un informe sobre la protección a la infancia realizado por la UPV/EHU, por encargo de la Diputación y del Ayuntamiento de Donostia.

El medio centenar de denuncias representan un pequeño porcentaje respecto al total de notificaciones de desprotección de la infancia que se dictan en Gipuzkoa, un volumen similar al registrado en 2016, indican las fuentes consultadas. Sin embargo, si se amplía el foco, sí se ha producido «un fuerte incremento». «Cada vez más las familias recurren las decisiones que se adoptan -confirman desde los servicios sociales forales-. Es su derecho y para el sistema de protección infantil se considera positivo porque demuestra una actitud de interés por las situación de sus hijos e hijas y permite que un tercero revise las decisiones y los criterios».

«Que haya más casos demuestra interés hacia sus hijos y permite que un tercero revise la decisión»

Al Ararteko llegan historias de familias extranjeras con problemas de idioma y diferencias culturales

El desacuerdo de la familia casi siempre tiene que ver con medidas que han obligado a la separación de sus hijos, una pérdida de la tutela que obedece a causas de desprotección graves y que se toma siempre como último recurso, porque la intención es procurar la relación familiar, lo cual no siempre es posible. Las medidas relacionadas con el régimen de visitas y comunicaciones entre la familia de origen y las personas menores de edad protegidas también son objeto de queja, así como las medidas relacionadas con el ejercicio de la guarda (por ejemplo, que el menor pase de estar en un centro a ser acogido por una familia).

Niñas que hacen de madres

Además de tocar a las puertas de los juzgados, las familias disconformes con la valoración de los servicios de infancia son habituales en el Ararteko. La Defensoría del Pueblo vasco reconoce su «limitación» a la hora de poder valorar la correcto o no actuación de la Administración, puesto que se trata de asuntos en su mayoría pendientes de la decisión judicial. No obstante, en aquellos expedientes a los que han tenido acceso, el Ararteko ha concluido que los servicios sociales actuaron sobre la ley.

Especial atención prestan «a un número no desdeñable de personas extranjeras, con conocimientos básicos del idioma». En el último informe del Ararteko se constata que «con frecuencia van consistiendo, incluso firmando documentos que no entienden y que luego tienen consecuencias inesperadas y graves para ellos». También relatan intervenciones en el hogar y citas con los servicios sociales, sanitarios o educativos «de las que confiesan haber entendido poco». La Defensoría que dirige Manuel Lezertua refleja que esas carencias en el idioma coinciden además con una diferente realidad cultural y legal sobre lo que algunas familias extranjeras entienden por el cuidado de sus hijos e hijas. A las oficinas del Ararteko llegan historias de personas que no comprenden por qué los servicios sociales han intervenido en sus familias cuando se han detectado «conductas inadecuadas, a través de castigos corporales, o niñas de 12 años que se hacen cargo del cuidado de sus hermanos y hermanas menores durante las horas en las que la madre está trabajando fuera de casa». El Ararteko subraya que no hay que dar por «adecuados» todos los elementos culturales asociados a la crianza de los hijos y pone la frontera en el respeto a los derechos de los niños y niñas, por lo que «cualquier práctica dañina para la salud y desarrollo integral de los menores debe ser erradicada en cualquier contexto». Ahora bien, sí apela a las instituciones a extremar las garantías con las familias extranjeras que desconozcan el idioma, a que se compruebe que están entendiendo lo que se les dice y las implicaciones de su comportamiento.

En el caso de los servicios sociales de la Diputación, además de tener la información de folletos y documentos en seis idiomas, para las entrevistas y reuniones cuentan con un servicio de traducción a través del teléfono móvil. En casos puntuales, se ha recurrido a la presencia de traductores, en concreto, en expedientes más complejos en los que no era viable la alternativa de la traducción a través del teléfono móvil, explican desde los servicios forales de protección a la infancia. Además, en los centros existe personal de origen árabe y en los equipos se están haciendo intervenciones terapéuticas en inglés, especifican.

750 menores acogidos

La Diputación está obligada por ley a velar por el bienestar de la infancia y, para cumplir con ese cometido delicado, tiene sus ojos desplegados en diferentes lugares donde puede descubrirse un caso de desprotección infantil: en el pediatra, en el colegio, en las clases extraescolares... y a través de los propios trabajadores sociales cuando tienen contacto con una familia por algún otro motivo. Los servicios sociales municipales también tienen en marcha programas de intervención, que van desde la detección temprana a recursos terapéuticos y psicológicos.

Un estudio de la UPV/EHU, por encargo de la Diputación y el Ayuntamiento de Donostia, analizó los recursos dedicados a la protección infantil y concluyó que el sistema alcanzaba un alto grado de cobertura, esto es, que detectaba los problemas e intervenía para ponerles remedio, si bien a la vez señaló otras carencias como los programas de atención temprana, para precisamente no descubrir el problema cuando ya lleva tiempo larvado en la familia, lo que evitaría consecuencias más graves y facilitaría también intervenciones menos drásticas, siempre que fuera posible.

Cuando se declara a un menor en desamparo, la Administración retira la patria potestad y asume la tutela del niño, apartándolo de su núcleo familiar en centros o familias de acogida. En Gipuzkoa, unos 350 menores viven en familias de acogida y alrededor de 300 en centros forales, lo que implica un gasto anual de 30 millones de euros.

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