Madrid fue pionera en restringir el tráfico, que ya extiende a la M-30

Según recoge el decreto que las regula, los objetivos principales de las ZBE son «mejorar la calidad del aire», «mitigar» así el cambio climático, e impulsar un cambio de hábito hacia el transporte público y los desplazamientos activos –a pie, en bicicleta, patinete...–. Algunas de las áreas prioritarias a proteger son los centros urbanos, así como espacios hospitalarios y escolares. No se definen unas dimensiones mínimas o máximas, pero sí que el tamaño resulte «adecuado y suficiente». También se advierte de que la constitución de una ZBE no conlleve una concentración de tráfico en otros puntos, al verse obligados a absorber el tráfico 'contaminante'.

Madrid en este plan por intentar bajar sus índices de contaminación siempre ha ido por delante, y ya a principios de 2022 implantó el veto a los más contaminantes en el interior de la M-30, que rodea a la almendra central de la ciudad y es atravesada cada día por más de 300.000 vehículos. Y desde este domingo, 1 de enero, la prohibición se extenderá a toda la M-30. Sin embargo, tendrá excepciones, dado que durante los próximos dos años aún podrán circular por ella aquellos madrileños sin etiqueta empadronados antes de 2022.

Y es que el concepto de 'residente' va a ser tenido muy en cuenta por los consistorios durante la implantación inicial de sus ZBE. Según las fuentes consultadas, la idea es que, al menos de entrada, «nadie tendrá que cambiar de coche para circular por su municipio porque no tenga una etiqueta». Eso sí, la idea es ir retirando los vehículos particulares de los centros urbanos, mientras que se tenderá a facilitar permisos especiales para aquellos de servicio público, transporte o emergencias.

El decreto establece que cada municipio deberá velar por el cumplimiento de la normativa para sus ZBE. Para ello, deberá dotarse de los sistemas de vigilancia que considere: agentes de movilidad, videocámaras... También faculta un sistema sancionador de las posibles infracciones, para lo que remite al régimen recogido en la Ley de Tráfico, donde están consideradas como infracciones graves y llevan aparejada una multa económica de 200 euros. Es lo que viene imponiendo por ejemplo Madrid, con una bonificación del 50% por pronto pago. Desde los ayuntamientos se insiste en que se incidirá en educar antes que en sancionar.