«La Guardia Civil apareció en el aeropuerto y nos llevó al hotel»

Desde su habitación del alojamiento Covid que ha habilitado el Gobierno balear, Juan, que tiene la cepa británica, relata cómo han acontecido los días desde que estalló el macrobrote que les cogió a ellos aún en la isla. Allí deben permanecer como mínimo hasta el sábado, cuando les realizarán otra PCR en la que deben dar negativo para volar a San Sebastián: «Cuando estábamos facturando las maletas, ya en el aeropuerto, apareció la Guardia Civil para llevarnos al hotel Covid», cuenta. Cuatro de ellos habían dado positivo en un test que se les realizó la víspera. «Sin ninguna explicación», dice, se acercó una ambulancia a su alojamiento, les llevaron a otro donde les confinaron hasta hacerles la prueba y luego les dejaron irse. Aunque solo fue por unas horas. El quinto amigo dio negativo, pero fue considerado contacto directo del resto y no pudo esquivar la cuarentena.

Llevan ya cuatro días confinados, cada uno en una habitación, «alguna con terraza y otras sin. Los positivos estamos en el cuarto piso y el negativo, Iker, en el tercero». Sin apenas síntomas, reciben la llamada de sanitarios baleares que les realizan seguimiento médico cada dos días, si bien aseguran que no han tenido que firmar ningún documento pese a que tres de ellos son menores de edad -cumplirán 18 este año-. No obstante, matiza Juan, las autoridades mantienen contacto con sus familiares, que están al tanto de lo que están viviendo en el Palma Bellver, que se ha convertido en un hotel Covid que alberga ya a 249 estudiantes de Euskadi, Galicia, Andalucía y Madrid, de los que 62 han dado positivo, según los últimos datos aportados por el Govern balear. También hay algún extranjero y al menos cinco de los confinados son guipuzcoanos.

¿Cómo es este 'hotel puente'? «Entramos y vamos directamente a la habitación. Subimos por un ascensor exclusivo para gente con Covid. Los trabajadores van en otro. La habitación la asignan aleatoriamente. La comida siempre viene a la misma hora y la dejan en una mesa en la entrada. Después tocan la puerta para avisar de que está ahí», relata Juan. El desayuno es a las 8.00 horas, la comida a las 13.00 horas y la cena, a las 20.00 horas, un horario similar al de los hospitales. Como ocurre allí, aquí tampoco se puede elegir menú. «Decides si te lo quieres comer o no», apunta este estudiante, que en cualquier caso subraya la amabilidad de los trabajadores, que le han imprimido «todos los temas de Historia» que tiene que estudiarse para el examen de Selectividad de este mes de julio mientras le llega el paquete que le han enviado sus padres con el material escolar.

Mientras el Gobierno balear sigue sumando positivos del macrobrote que se extiende por ocho comunidades, Juan y sus compañeros aprovechan el tiempo en la habitación como pueden, deseando que llegue el negativo en la PCR del sábado. Hasta entonces, el personal del hotel les limpia y cambia las toallas cada dos días y duermen con una bata de hospital que hace la labor de pijama. En principio, al tratarse de salud pública, los gastos corren a cargo del Govern y de los seguros que han podido ser contratados por cada uno, salvo el avión de vuelta, que sí deberán abonar los estudiantes, según les han dicho a este grupo de donostiarras.

Ninguno de ellos ha necesitado de cuidados especiales, pero ya son doce los jóvenes que la Consellería de Salud y Consumo ha trasladado al Hospital Universitario Son Espases por haber desarrollado síntomas. Por su parte, solo uno de los 175 trabajadores de los seis hoteles implicados ha dado positivo.

De los cinco donostiarras, cuatro tienen la variante británica, pero un quinto permanece aislado y sin poder regresar a su domicilio pese a haber dado negativo en la PCR. «Hay gente retenida habiendo dado negativo y que han sido traídos sin previo aviso». Las autoridades, denuncian, «nos han pasado como si fuéramos una pelota. Osakidetza y Baleares nos decían y hacían cosas diferentes», si bien admiten que su monitor de la agencia de 'Tu fin de curso', con la que viajaron, «nos pregunta qué tal estamos y se interesa por nuestra situación».

El Gobierno de Baleares, por su parte, defiende su decisión de aislar a estos jóvenes porque se trata de «una cuestión de salud pública», después de que la madre de uno de los centenares de alumnos confinados haya presentado una denuncia en los juzgados de Mallorca contra la directora general de Salud Pública del Govern balear, María Antònia Font, por «detención ilegal».