La Diputación tacha de «injusta» la sentencia del Supremo que anula una OPE que exigía el euskera en el 94% de las plazas

La portavoz foral Irune Berasaluze ha expresado «el más absoluto desacuerdo» de la institución foral con una decisión que «no tenemos otro remedio que acatar, pero que consideramos injusta, porque ahonda en el cuestionamiento de los derechos lingüísticos de la ciudadanía, y en de la legítima autonomía de la Diputación para diseñar su política de empleo público garantizando dichos derechos».

La portavoz ha anunciado que los servicios jurídicos de la Diputación analizan actualmente las «opciones existentes», recalcando que «nuestra voluntad a priori es llegar hasta el final en la defensa de nuestras competencias en materia de función pública y de impulso de la igualdad lingüística». Ha recalcado que la vía judicial «sigue abierta», ya que la Diputación presentó otro recurso ante el propio TSJPV por infracción del Derecho autonómico, alegando en este caso que la sentencia infringe los preceptos de la Ley de la Función Pública Vasca que regulan la adecuación de los procesos de selección de personal a los perfiles lingüísticos asignados a los puestos de trabajo.

La diputada foral ha subrayado que «pedir a una persona que se presenta a una oposición para acceder a un empleo público que sepa euskera, que es una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma Vasca, no puede considerarse una discriminación. Debería estar totalmente normalizado, igual que en otros territorios y países. Las y los empleados públicos están al servicio de la ciudadanía, que tiene el derecho a ser atendida en la lengua que elija. Nuestra obligación como administración es garantizar la igualdad lingüística y los derechos lingüísticos en el servicio público. La sociedad apoya de forma mayoritaria esta idea».

La portavoz foral ha transmitido el apoyo y la solidaridad de la Diputación al equipo de trabajo y a la gerencia de Fundación Uliazpi, «ante la inseguridad jurídica y el perjuicio en el servicio que estas decisiones generan». Asimismo, ha anunciado que la institución foral ha creado un grupo de trabajo «para estudiar qué pasos podemos dar para blindar los derechos lingüísticos de la ciudadanía en futuras OPEs, de forma operativa y con todas las garantías necesarias».

Por último, ha aclarado que la Diputación mantendrá el «rumbo emprendido durante los últimos 40 años gracias al cual, de forma progresiva y consensuada, hemos avanzado mucho en la normalización lingüística y la recuperación del euskera».

Por su parte, Euskalgintzaren Kontseilua ha achacado a «la ofensiva judicial contra la normalización del euskera» la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Su secretaria general, Idurre Eskisabel Larrañaga, ha incidido en que el fallo del Supremo «indica que la ofensiva judicial contra la normalización del euskera continúa, no cesa. Sin cambiar las herramientas que tenemos, será difícil hacer frente a los ataques de los tribunales. Para avanzar, para ir a otro escenario, el camino es crear nuevas herramientas y ponerlas en marcha. Ahí tenemos, por ejemplo, la propuesta del jurista Iñigo Urrutia que se basa en la normativa vigente en Galicia y Cataluña», ha remarcado.

Tras conocerse la sentencia del TSJPV Kontseilua calificó el fallo de preocupante y grave «porque pone patas arriba los derechos lingüísticos de miles de ciudadanos, la labor de igualdad lingüística de las instituciones y, en definitiva, las medidas normalizadoras que son reflejo de la voluntad popular».

Idurre Eskisabel Larrañaga mantiene que en el caso de Uliazpi «se vulneran los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad: las personas con necesidades especiales de cuidado por diversidad funcional o problemas de salud mental. Todos sabemos lo decisivo que es el idioma para recibir los cuidados de manera adecuada», declaró Eskisabel. Ha recordado que tanto el comité de empresa de la fundación y como la Diputación mostraron su disconformidad con la sentencia del TSJPV.