Admitidas a trámite las demandas de ELA contra la Diputación de Gipuzkoa y las residencias Yurreamendi de Tolosa y San José de Ordizia

Dos juzgados de lo Social de San Sebastián han admitido a trámite las demandas de ELA contra la Diputación de Gipuzkoa y las residencias de ancianos Yurramendi de Tolosa y San José de Ordizia por presunta vulneración «del derecho a la salud» de las trabajadoras de estos centros afectados por el COVID-19.

A falta de hacerse público el tercer auto contra el centro Argixao de Zumarraga, en sendos autos, los juzgados de lo Social números 1 y 5 de San Sebastián también estiman parcialmente la petición de medias cautelarísimas realizadas por el sindicato y requieren a estas dos residencias y a la institución foral guipuzcoa para que, «en tanto dure la vigencia de la pandemia», cumplan, «con carácter de urgente e inmediato», las medidas «aprobadas en las normas, órdenes, guías y protocolos vigentes, en la medida en que no se esté cumpliendo».

Ambos autos, instan asimismo a estos organismos a realizar e informar a los trabajadores del plan de contingencia, reforzar el servicio de limpieza, recabar auxilio urgente disponible para dar respuesta a la situación creada en la Residencia o colocar carteles visibles fuera de cada habitación donde se describa claramente el tipo de precauciones necesarias y el EPI requerido, entre otras medidas.

El sindicato ELA presentó asimismo otra demanda contra la residencia Argixao de Zumarraga y la Diputación de Gipuzkoa, aunque el auto sobre este tercer caso aún no ha sido publicado.

Según señala la central sindical a través de un comunicado, «los autos avalan lo que ELA y las trabajadoras vienen denunciando desde hace tiempo- también previo a la pandemia: la falta de personal y la falta de medidas para garantizar la salud de las trabajadoras y de los usuarios y usuarias son más que evidentes, y si no se corrigen de manera urgente tendrán graves consecuencias en un sector de riesgo como éste».

En este sentido, ELA lamenta que, «la Diputación, como máximo responsable y financiadora en un 90 % de un servicio público privatizado como éste, en vez de colaborar y escuchar a las trabajadoras, al sindicato mayoritario del sector y a las familias se haya dedicado a dar ruedas de prensa manifestando lo bien que estaba todo».

Ha criticado también a la institución foral por haber puesto «en entredicho las denuncias» realizadas y haber pedido «colaboración» cuando sus «rectores» se han negado «sistemáticamente» a «las ofertas de colaboración realizadas por ELA».

«Exigimos a las empresas concesionarias así como a la Diputación de Gipuzkoa, que recapaciten y asuman su responsabilidad, escuchen a las trabajadoras, a los sindicatos y a las familias de los usuarios», reclama ELA, que demanda asimismo «la intervención integral de Osakidetza» dado que el auto «exige» también que «se recabe auxilio urgente». Insiste, en este sentido, en la necesidad de que «se dote de profesionales a las residencias, se sustituya al personal de baja o en cuarentena, y se les equipe con material que garantice la salud del colectivo para evitar las consecuencias más trágicas de esta pandemia»

Además de estas demandas, ELA ha interpuesto hoy una cuarta demanda contra la Residencia Berra de Alza del Grupo DOMUS VI, donde «han fallecido 25 personas desde el pasado 20 de marzo. Además 38 trabajadoras están de baja por haber dado positivo y hay otros 28 residentes como positivo, habiéndosele hecho el test solo a los residentes que presentan síntomas», detalla la central en un comunicado.