Comienza el juicio al tatuador acusado de abusar de clientas suyas en Donostia

La Policía conduce al tatuador al interior del local para realizar un registro, en febrero del año pasado. /Arizmendi
La Policía conduce al tatuador al interior del local para realizar un registro, en febrero del año pasado. / Arizmendi

El ministerio público le imputa la comisión de catorce delitos, cuatro de ellos de agresión sexual

J. PEÑALBA

Llega la hora de la verdad para el tatuador de Donostia acusado de abusar sexualmente de clientas suyas. El miércoles, Jack E.L. será conducido desde la cárcel de Martutene a la sala de vistas del Juzgado lo Penal número de 2 de Donostia para responder a catorce imputaciones, cuatro de ellas por agresión sexual. La Fiscalía de Gipuzkoa solicita penas que suman más de veinte años de prisión. La defensa, la absolución.

Los hechos que son objeto de este proceso se dieron a conocer en febrero de 2018, después de que una de las víctimas relatase su experiencia en las redes sociales. La chica «colgó» un texto en el que expresó que «hoy he sido acosada sexualmente por mi tatuador». Desveló que «desde el minuto uno» tuvo que escuchar por boca del mismo individuo comentarios de índole sexual y, además, indicó que le había «agarrado del culo» y que le sujetó de la «cadera desnuda».

La cifra

3.000 euros.
Además de las penas privativas de libertad -la Fiscalía reclama penas que suman veinte años de prisión-, el ministerio público solicita indemnizaciones que oscilan entre 1.000 y 3.000 euros. En total, el Ministerio público le imputa imputa catorce delitos cometidos presuntamente sobre otras tantas mujeres. Los más graves son por presuntas agresiones sexuales.

La mujer afirmó de igual manera que el sospechoso le hizo desabrocharse el botón del pantalón cuando lo que en realidad «me iba a hacer es un tatuaje pequeño en el brazo», señaló. La víctima de los presuntos tocamientos dijo también que durante el tiempo que permaneció en el establecimiento «no he hecho más que temblar». Explicó que optó por permanecer callada mientras el varón plasmaba en su cuerpo el dibujo. «Estaba aterrorizada, me quería ir pero estaba en shock», escribió.

La difusión de este mensaje encontró un amplio eco en las diferentes aplicaciones en la red. Al inicial comentario le siguieron otros muchos de personas que asimismo se identificaron como víctimas del tatuador o conocían a otras que lo habían sido. Ello llevó a la Guardia Municipal de San Sebastián a iniciar de oficio una investigación, aun cuando no se había formalizado denuncia alguna en las dependencias del citado cuerpo. Tampoco en la comisaría de la Ertzaintza se había personado nadie para dar cuenta de casos como el revelado.

Los hechos se conocieron cuando una de las víctimas relató su experiencia en redes sociales

Jack E. L. lleva ingresado en prisión preventiva desde el 8 de febrero del año pasado

La denuncia se hizo viral y generó multitud de condenas. Ante aquella situación, las averiguaciones de la Unidad de Investigación de Delitos de la Guardia donostiarra dieron lugar a la incoación de unas diligencias judiciales que fueron instruidas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia.

A prisión

La labor policial permitió la detención de Jack E.L., que el 8 de febrero del pasado año ingresó en la prisión de Martutene. La autoridad judicial sustentó en tres motivos la decisión de privar de libertad al tatuador. Consideró por un lado la relevancia de los hechos cometidos y además su reiteración, dado que presuntamente había tenido comportamientos similares no solo en el local que regentaba en la calle Iñigo de la Parte Vieja, sino en otros establecimientos en los que anteriormente había desarrollado su actividad profesional y también como profesor en una escuela de tatuadores existente en la capital guipuzcoana. Asimismo, estimó que existía riesgo de fuga por parte del investigado e igualmente argumentó que el caso había generado una «alarma social».

Tras su entrada en la cárcel, la defensa del investigado solicitó la libertad, si bien el juez desestimó la petición. El abogado sostuvo que el tatuador fue víctima de un «efecto llamada» que pudo abrir la «persecución contra el imputado», de manera que, en su opinión, las denuncias que se cursaron fueron objeto de una acción mimética. El letrado argumentó que «en muchos de los casos» las denunciantes perfilaron la acusación «en clave de hechos que si no se hubiesen publicado nunca habrían denunciado». Y lanzó una interrogante: «¿Cómo es posible que mujeres adultas salgan del establecimiento sin ningún menoscabo ni sospecha de irregularidad y, de pronto, desde el efecto llamada maldito, se conviertan en víctimas?».

En la última petición de libertad, el abogado reiteró que ninguna de las mujeres interpuso denuncia alguna después de salir del establecimiento, sino que estas lo hicieron a instancias de la Policía. «Es la Policía quien decide que han de denunciar las presuntas perjudicadas, sin que ellas antes, salvo en clave de comentarios vía redes sociales, hubieran dicho nada», afirmó.

El rechazo que el caso suscitó hizo que la fachada del negocio en la Parte Vieja fuese atacada con pintadas. Desconocidos escribieron en las lunas del escaparate las palabras «acosador» y «cerdo», así como la expresión «Alde hemendik» (Fuera de aquí). El establecimiento había sido abierto por el tatuador unos años antes de los hechos denunciados.

Los delitos

Finalizada la instrucción, la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa imputa al acusado nada menos que un total de catorce delitos cometidos presuntamente sobre otras tantas mujeres. Los más graves son por presuntas agresiones sexuales, por los que la acusación fiscal reclama penas que oscilan entre los seis meses y los dos años y seis meses de prisión.

Además, le imputa siete delitos por abuso sexual, con una petición de penas que van de un año y dos meses a un año y seis meses. También le acusa de la comisión de un delito de hostigamiento por el que reclama otros dos años y seis meses, otro más de acoso por el que pide un año y tres meses, y un último por coacciones, por el que solicita una multa de 300 euros. Igualmente, pide que una vez termine de cumplir la pena cumpla ocho años de libertad vigilada.

Además de las penas privativas de libertad, el ministerio público solicita indemnizaciones que oscilan entre 1.000 y 3.000 euros.