El juez autorizó la operación contra los chats de menores al difundir material pedófilo extremo

Según explican a este periódico fuentes de la investigación, la autorización judicial para la entrada y registro en cuatro domicilios –ubicados en Donostia, Madrid, Dos Hermanas (Sevilla) y Toledo–, desde los que se sospechaba que se difundía material presuntamente delictivo, se precipitó por dos motivos: la constancia de que los grupos seguían activos y de que se estaban compartiendo imágenes «extremas» que incluían «violaciones a bebés», y la tardanza de la empresa estadounidense Meta –matriz que engloba a Whatsapp, Facebook o Instagram– para atender el requerimiento judicial de que procediese a eliminar los chats que difundían ese material. «Cuando tuvimos todo bien atado le dijimos al juez que esto había que cortarlo ya, porque los chats seguían funcionando y las imágenes todavía llegaban a cientos de menores», explica uno de los responsables de la investigación.

Una de las razones por las que el juez accedió a la pretensión policial de entrar en los domicilios de los principales sospechosos –en ese momento no se sabía que eran menores– es porque la tenencia y distribución de pornografía infantil de alta intensidad se encuentra tipificada en el Código Penal, que establece penas de prisión de 3 meses a 1 año para los mayores de edad. Por su parte, la corrupción de menores, el otro delito que se les imputa a los detenidos, conlleva penas de prisión de 1 a 5 años para un adulto. En este sentido, la difusión de imágenes pedófilas pesó más en la decisión judicial que otros contenidos que también se compartían en los grupos y que estaban caracterizados por los mensajes de odio, racistas, homófobos y fascistas.

Otro factor que resultó determinante para que el juez diera el visto bueno a la 'Operación Chapela' fue la falta de respuesta de la compañía estadounidense Meta al requerimiento judicial para que procediera a eliminar los tres chats en los que se había detectado material pedófilo. La matriz que gestiona Whatsapp acostumbra a ser muy garantista a la hora de censurar a usuarios y contenido y, en este caso, «Meta adujo que, antes de cerrar un canal, valora mucho cuestiones como los nombres de los grupos. Y dijo que no le resultaban sospechosos». En efecto, nombres como 'Añade a todos que se haga viral' o 'Meter gente hasta llegar a un millón', los dos grupos cuya autoría se atribuye al menor donostiarra detenido, no inducen a pensar que pueda haber algo delictivo detrás. «Se ciñeron a eso y se negaron a cerrarlos. O al menos demoraron una respuesta», indican fuentes de la investigación, lo que precipitó que el juez autorizara la entrada en los domicilios de los sospechosos.

La Guardia Civil llevaba cuatro meses investigando esta red de chats, desde que el pasado noviembre se presentaran las primeras denuncias de padres afectados fuera de Gipuzkoa, concretamente en la comisaría de Tres Cantos (Madrid). Para entonces, los grupos de Whatsapp que se habían detectado inicialmente entre los alumnos de una decena de colegios de Gipuzkoa –y que la Ertzaintza investigaba en paralelo– ya empezaban a extenderse entre adolescentes de todo el Estado. A pesar del revuelo mediático que provocaron las primeras denuncias, los investigadores aseguran que los cabecillas de la red no dejaron de volcar en los chats diverso contenido con violencia explícita que extraían previamente de la 'deep web' (internet profundo). El principal «dinamizador» de esos chats, además de creador de al menos dos de ellos, era el menor donostiarra de 14 años que fue detenido el jueves y que desde el viernes está en libertad vigilada a la espera de juicio, con la prohibición de utilizar las redes sociales y de mensajería móvil.

Los investigadores de la Guardia Civil aseguran que el menor de 14 años detenido en su domicilio de Donostia es «el cabecilla sin ninguna duda» de esta supuesta red, ya que «creó y alimentó» al menos dos de los chats que corrieron como la pólvora a mediados de noviembre entre cientos de escolares de todo el Estado.

Los once menores detenidos en la 'Operación Chapela' no creaban el contenido pedófilo, sino que lo extraían de la 'deep web' y lo difundían a través de grupos de Whatsapp y por otros canales, como una aplicación 'ad hoc' que el donostiarra de 14 años presuntamente había generado para subir contenido violento a una 'nube' y distribuirlo a otros usuarios. «Era capaz de mantener cien conversaciones simultáneas», afirman los investigadores.

Al ser menor de edad, este donostiarra ha pasado a disposición del Juzgado de Menores de Donostia, que decretó su libertad vigilada y será el encargado de juzgarle antes del verano o, como muy tarde, en septiembre. La condena más grave que se le podría imponer es su internamiento en un centro de menores.