«Había inquietud entre presos y familias por la eliminación de la cárcel»

«Había inquietud entre presos y familias por la eliminación de la cárcel»

Entidades y personas que trabajan con los reclusos dentro y fuera de prisión expresan su opinión sobre la última decisión penitenciaria

A. C. SAN SEBASTIÁN.

Mientras fuera de las paredes avejentadas y húmedas de la prisión de Martutene, los diferentes responsables políticos llevan más de una década dando vueltas a cómo y cuándo sustituir la cárcel, dentro de ella la vida continúa sin sobresaltos. En los últimos meses, eso sí, con más «inquietud» de la habitual por los planes políticos que en febrero empezaron a hablar de que Gipuzkoa se quedaría sin prisión y solo contaría con un centro de inserción social. «Es una buena noticia que el nuevo plan contemple tanto una nueva prisión para las personas que se encuentran en segundo grado, un CIS para quienes están en semilibertad y que Martutene no se cierre hasta que se construyan las nuevas instalaciones en Zubieta». El que habla así es Martin Iriberri, capellán en Martutene y una de las personas que ha expresado en los últimos meses sus recelos a que Gipuzkoa se quedara sin cárcel.

Según explica, a tenor del trato diario que tiene con algunos reclusos, ni ellos ni sus familiares ni los letrados que les representan querían tener que trasladarse a Zaballa o Pamplona. «El esfuerzo y el coste económico para una parte importante» de ellos sería grande, advierte, al tiempo que recuerda que la propia juez de Vigilancia Penitenciaria, Ruth Alonso, defendió hace unos días en el Parlamento Vasco la necesidad de que Martutene fuera sustituida por otra cárcel y por un CIS para los internos en régimen abierto o con enfermedades psiquiátricas. El mismo planteamiento alegado por los letrados en febrero y defendido este verano ante Instituciones Penitenciarias, al considerar que el traslado de los presos a Vitoria o Pamplona dificultaría la labor de defensa y la atención a los presos.

Iriberri aplaude con mayor efusividad la confirmación de que Gipuzkoa contará con un CIS, un equipamiento diferenciado para los presos que ya no están en segundo grado, y que, a su entender, favorece la reinserción y el camino de la persona presa hacia la libertad. «Permite generar procesos formativos, de acompañamiento y para dotarse de mayor autonomía», explica el capellán, que entiende que un CIS mejora «las condiciones de quienes tienen que dormir en prisión», pero también de quienes aún no trabajan fuera, pero «se preparan para la semilibertad».

Otro modelo de justicia

José María Larrañaga, del colectivo social Arrats, celebra la apertura del centro de inserción social, pero no de la cárcel ya que considera que Euskadi debería caminar hacia «otro modelo» de justicia «restaurativa», centrado en la mejora de los recursos que favorezcan la reinserción. Por eso, consideran que en las cárceles que hay ahora «sobran plazas» para los presos que existen, muchos de los cuáles a su entender, con menos de cuatro años de condena, podrían no tener penas privativas de libertad.

«No nos convence este giro de Instituciones Penitenciarias», indica Larrañaga, que cree que con un CIS en Gipuzkoa hubiera sido suficiente para atender a esa población, y que en caso de necesitar recurrir a Zaballa se podría haber «atado un plan para facilitar el transporte, o el cambio de empadronamiento», una de las cuestiones advertidas por los trabajadores sociales.

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