La huelga en las residencias triplica las quejas por falta de cuidado a los mayores

Según los datos facilitados por el Departamento de Políticas Sociales en respuesta a EH Bildu, la mitad de las reclamaciones referidas a la atención por los servicios mínimos (45) hacen constar una «deficiente atención en los cuidados» de los mayores, y la otra mitad (47) solicita una reclamación económica por el perjuicio en la atención en los días de paros. Este último aspecto será resuelto en próximas semanas ya que la Diputación confirmó que se devolverá el dinero proporcional que los usuarios han pagado de más los días de huelga. Los residentes han venido pagando la misma mensualidad pese a que desde septiembre de 2018 ya se han completado 168 días de huelga con servicios mínimos, lo que implica una atención más limitada, aunque se garantizan los cuidados básicos. La cantidad será reembolsada por las empresas que gestionan los centros.

De momento, no hay una fecha concreta para el pago, pero se efectuará lo antes posible una vez se afine la cifra exacta que cada usuario deberá cobrar, en función de la afección de la huelga y del copago, la parte del coste del servicio que paga el usuario, en la que se tiene en cuenta su nivel de ingresos. El primer pago corresponderá a los días de movilizaciones hasta el cierre de ejercicio, y se repetirá la fórmula de persistir la convocatoria. De momento, ELA, sindicato mayoritario en el sector y convocante de la gran mayoría de paros, mantiene el llamamiento hasta el próximo día 10, cuando se habrán completado 180 días de protesta. La asociación de familiares Gipuzkoako Senideak se volverá a concentrar hoy a las 11 horas frente a la Diputación para exigir una solución al conflicto.

Los centros Argixao en Zumarraga y Txara 1 acaparan 39 de las 92 reclamaciones por la huelga, un dato llamativo y que puede guardar relación con un mayor respaldo de los paros en esos dos geriátricos. Según la Diputación, el seguimiento está siendo desigual en función del centro y de media han sido secundados por el 3,6% de las 5.000 trabajadoras convocadas. ELA no ha dado cifras, pero ha calificado «de escandalosos los abusivos servicios mínimos impuestos para intentar invisibilizar la huelga».

La regulación de esos servicios mínimos está bajo el foco. El Gobierno Vasco los ha elevado a un 80% -anteriormente ya habían sido aumentados del 50 al 70%- ,tras tener conocimiento de deficiencias en la atención, entre ellas «una higiene insuficiente que está repercutiendo en el estado de la piel de los usuarios de mayor fragilidad, como enrojecimientos y erosiones». El último decreto publicado refleja también que en algunos centros se han suprimido «paseos, ejercicios en barra y otros, alargados en el tiempo con la consiguiente pérdida de capacidad, en ocasiones irrecuperable». ELA recurrió la primera ampliación de los servicios mínimos, pero la Justicia tumbó su recurso.

Los geriátricos están siendo vigilados de cerca por los servicios de inspección forales para corregir cualquier incumplimiento. La diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, resaltó en una entrevista en este periódico que se están reforzando las inspecciones. En lo que va de año, ya han realizado 279. Los paros se iniciaron en septiembre de 2018 de forma intermitente pero cada vez son más prolongados. De hecho, entre las dos últimas convocatorias no ha habido margen ni de 24 horas y se han solapado dos meses consecutivos de huelga, lo que para la Diputación y también el Gobierno Vasco supone una huelga indefinida de facto.

Descontadas las quejas referidas a la huelga, la Diputación ha recibido 48 reclamaciones, en su mayoría por una «deficiente» atención en los cuidados asistenciales, «deficiente atención médica» o por robos, entre otras cuestiones. Los asuntos administrativos también motivan problemas, relacionados con la gestión de plazas o las aportaciones económicas del usuario.