El Gobierno Vasco solo ha vendido el 4,5% del derecho de superficie de sus VPO

El Departamento vasco de Vivienda activó a comienzos de septiembre el proceso para que 9.500 dueños de VPO promovidas antes de 2003 puedan comprar el derecho a no tener que devolver su piso a la Administración cuando concluya el plazo de derecho de superficie, que en la mayoría de los casos se sitúa a los 75 años de la adjudicación de la vivienda. La consejería no dispone de datos actualizados de cómo va el proceso que está en curso, que estará abierto hasta el 31 de diciembre, pero sí ha proporcionado datos detallados de los seis procesos precedentes, en una respuesta del consejero de Vivienda, Denis Itxaso (PSE), a una solicitud de información del parlamentario de EH Bildu Xabier Astigarraga. Es en esa información remitida al Parlamento donde se aprecia que el éxito de estas iniciativas ha sido limitado, sobre todo a partir del tercer proceso. Para un universo total de 100.746 viviendas, solo se ha conseguido vender el suelo de 4.590. Un pobre 4,5% que ha reportado a las arcas del Gobierno Vasco 54,8 millones de euros. De ahí que el objetivo actual de alcanzar los 20 millones pueda verse como muy ambicioso.

El objetivo principal de Vivienda con este tipo de iniciativas, más allá de los ingresos que pueda obtener en cada proceso de venta de suelo, es que los adjudicatarios de una vivienda en derecho de superficie se conviertan en propietarios de la vivienda a todos los efectos. Eso sí, renunciando a operar con ellas en el mercado libre, como ocurre con aquellas promovidas antes del cambio legal de 2003, que evitó que una VPO pierda nunca su condición de vivienda protegida. Con el proceso que se encuentra abierto actualmente, los beneficiarios de una VPO en régimen de compra promovida por el Gobierno Vasco antes de 2003, y que en virtud de la legislación de aquel momento ha perdido ya su condición de VPO una vez transcurridos 20 años, pueden asegurarse de que dentro de 40 o 50 años (cuando se cumplan los 75 años desde la adjudicación) la titularidad del piso no vuelva a manos de la administración pública. Para ello tienen la posibilidad de modificar su estatus hasta el 31 de diciembre y hacerse plenos propietarios de la vivienda. El coste medio de esta operación previsto por el departamento ronda los 20.000 euros, aunque cada propietario habrá recibido ya una carta con el precio concreto adjudicado a su vivienda.

Este precio medio es superior al que arrojan los datos previos trasladados por Vivienda al Parlamento. Si desde 2010 se ha vendido el suelo de 4.590 viviendas (sin incluir los datos del proceso que está actualmente en marcha) y el Gobierno Vasco ha ingresado 54,8 millones de euros, el precio medio por operación se queda en 11.939 euros.

En el desglose por territorios, de ese total de 4.590 viviendas vendidas hasta el momento, 1.669 se ubicaban en Gipuzkoa, 2.336 en Bizkaia y 585 en Araba. Donostia, como es lógico, es el municipio guipuzcoano donde más operaciones se han cerrado, con 436 viviendas adquiridas hasta el momento.

El actual proceso es el séptimo puesto en marcha por el Gobierno tras los de 2010, 2011, 2012, 2013, 2015 y 2017. Son susceptibles de acogerse a la medida 9.445 viviendas de Euskadi (4.619 en Bizkaia, 3.748 en Gipuzkoa y 1.348 en Álava). El universo de viviendas al que está dirigido este proceso es menor que en cinco de los seis programas anteriores, lo que vuelve a convertir en ambicioso el objetivo de llegar a las 1.000 viviendas, una cifra que solo se logró en las dos primeras convocatorias de 2010 y 2011.