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Los dos socios en el Gobierno Vasco, PNV y PSE, llevan varias semanas ultimando el proyecto de ley de medidas urgentes en materia de vivienda, ... que llevarán al Parlamento de forma «inminente» para que pueda empezar su tramitación y ser aprobado antes de final de año. El consejero de Vivienda, el socialista Denis Itxaso, desveló ayer que el texto de esta ley que pretende ser un revulsivo para la «crisis habitacional» que sufre Euskadi está «prácticamente hecho», por lo que su envío a la Cámara vasca es «inminente», probablemente antes de que acabe este mes de mayo, según apuntan fuentes de Vivienda.
Itxaso, en una entrevista en Radio Euskadi, explicó ayer que «desde hace semanas» los grupos parlamentarios que sostienen el Gobierno Vasco están analizando el documento, como también lo están haciendo en el seno del Ejecutivo, por lo que, tras su próximo registro en el Parlamento. El consejero se marca el objetivo de que «antes de que concluya este año esa ley haya entrado en vigor».
A través de ella, el departamento pretende «dar un nuevo ritmo a la construcción de vivienda» para que «los tiempos del suelo, los tiempos del urbanismo, sean más los tiempos de las personas». Entre las medidas que prevé esta reforma legal están la rebaja de los porcentajes obligatorios de VPO en suelo urbanizable del 75% al 60%, siempre que lo apruebe el pleno del ayuntamiento en cuestión. También se redensificará el parque público de vivienda con la autorización de levantes de hasta dos alturas en edificios de viviendas protegidas y alojamientos dotacionales. Además, se pretende institucionalizar una reserva estratégica de suelo con acuerdos con los ayuntamientos para la cesión de suelos para el desarrollo de vivienda protegida. También se plantea desarrollar un régimen sancionador para los propietarios que incumplan las medidas derivadas de las zonas tensionadas para el alquiler.
Sobre la reducción de porcentaje de suelo de nueva construcción destinado a vivienda protegida, una medida que ha sido criticado desde algunos sectores de la izquierda, Itxaso defiende que «si el resultado de aplicar el 75% de vivienda protegida a un suelo es cero viviendas porque no se construye, quizá haya que plantearse algunas preguntas». En cualquier caso, admite que, «desde una perspectiva puramente ideológica, como progresista, obviamente cuanta más reserva de suelo para vivienda protegida, mejor me parece». El objetivo de la ley de medidas urgentes es «permitir a los ayuntamientos tener un instrumento que les ayude a flexibilizar y a encontrar el punto del umbral de viabilidad para que una operación salga».
La ley de medidas urgentes en materia de vivienda, suelo y urbanismo se va a tramitar en paralelo a un decreto que también lleva el nombre de medidas urgentes y que el Gobierno Vasco también prevé aprobar «para final de año». Este decreto contempla medidas urgentes como la conversión de locales comerciales en vivienda, la modificación de la ayuda de Gaztelagun, del programa de intermediación pública con garantía pública Bizigune o también los criterios de adjudicación de la VPO.
En lo que a la conversión de locales comerciales cerrados en viviendas se refiere, el propio Itxaso anunció el pasado viernes que el Ejecutivo vasco flexibilizará la actual normativa sobre habitabilidad para permitir que alrededor de 7.500 locales comerciales en desuso en Euskadi puedan convertirse en viviendas. De ellos, unos 2.300 se ubicarían en Gipuzkoa.
Es decir, que el Departamento de Vivienda trabaja de forma paralela en dos reformas legislativas con medidas urgentes para afrontar el problema de la vivienda.
Una de las novedades que prevé la ley de medidas urgentes en materia de vivienda que prepara el Gobierno Vasco es la rebaja de los porcentajes obligatorios de VPO en suelo urbanizable del 75% al 60%. Sin embargo, el consejero del ramo, Denis Itxaso, aseguró ayer que al Ejecutivo «no le va a faltar ambición» cuando las promociones se levanten en terrenos públicos. De hecho, aseguró que «el Gobierno Vasco, allá donde puede, aplica el 100% de VPO», y puso como ejemplo dos importantes desarrollos urbanísticos que se van a impulsar en Donostia: en los terrenos de la playa de vías de Easo que se van a liberar cuando entre en funcionamiento la variante soterrada del Topo en 2026 y en los terrenos de la cárcel de Martutene que se derribará cuando se ponga en marcha la nueva prisión de Zubieta. En ambos casos, Itxaso aseguró que «el 100%» de la vivienda que promueva el Gobierno Vasco irá destinada a VPO de alquiler». Podrían ser cerca de 800 pisos protegidos, 400 en cada desarrollo. En el caso de la cárcel de Martutene, todo lo que se construya tras la cesión del suelo por parte del Gobierno central será VPO. En el caso de la playa de vías de Easo hay más incógnitas. El Ejecutivo vasco prevé contruir 400 VPO de alquiler, pero aún debe conocerse la calificación de otras 100 viviendas que promoverá el Ayuntamiento de Donostia. Pueden ser libres o también protegidas.
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