El Gobierno Vasco tiene acuerdos con 17 ayuntamientos para crear 2.305 viviendas en Gipuzkoa
Los convenios permitirán levantar 180 pisos en los barrios donostiarras de Riberas de Loiola y Morlans, por los 507 que se construirán en Irun y los 262 en Andoain
El Gobierno Vasco tiene acuerdos con 17 ayuntamientos guipuzcoanos para construir un total de 2.305 viviendas en el territorio –4.701 en Euskadi–, unas cifras que permitirían aliviar la presión de la demanda actual pero no lo suficiente. La vivienda es la principal preocupación de los guipuzcoanos, según el último sociómetro vasco, y «una verdadera emergencia social hoy». El mensaje del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, fue contundente en su primera comparecencia en el Parlamento Vasco a la hora de abordar el problema de la vivienda en Euskadi e instó a los ayuntamientos, quienes ostentan buena parte de las competencias en esta materia, a «agilizar trámites», «alcanzar acuerdos» y «desbloquear suelos». También les reclamó que cedieran terrenos para poder levantar más viviendas protegidas.
Los acuerdos pendientes por firmar permitirían la construcción de hasta 3.217 nuevos pisos
Por el momento, en Gipuzkoa los acuerdos alcanzados con 17 municipios prevén la construcción de 2.305 viviendas, según informa Itxaso en una respuesta parlamentaria a petición del PP, en relación con los convenios del Gobierno Vasco con los ayuntamientos vascos para la promoción de vivienda, así como las parcelas de suelo disponible para construir que son propiedad del Ejecutivo vasco. Los acuerdos pendientes por firmar permitirían la construcción de hasta 3.217 nuevos pisos en Gipuzkoa.
En el conjunto de Euskadi, el Departamento tiene firmados acuerdos con tan solo 37 de los 252 municipios vascos para levantar 4.701 pisos públicos en suelos municipales.
Escasez de oferta
El mercado de la vivienda en Gipuzkoa sufre hoy una conjunción de elementos que ha situado este problema en la primera línea de la agenda política y social: los precios más caros del Estado tanto en venta como en alquiler y una escasez de oferta que eleva hasta los 30.000 el número de pisos que habría que construir para cubrir la demanda actual. A la falta de vivienda –en las listas de Etxebide hay 90.000 personas inscritas a día de hoy–, se suma la antigüedad del parque inmobiliario, que hace que muchos edificios y pisos no ofrezcan las condiciones idóneas para ser habitados.
Uno de los proyectos más ambiciosos para la capital guipuzcoana, donde se recrudece el problema residencial, es la playa de vías de Easo, con la previsión de construir entre 400 y 500 viviendas protegidas, y los 180 pisos que se edificarán en Riberas de Loiola y Morlans. Precisamente estas últimas iniciativas han estado paralizadas por problemas surgidos con la cesión de suelos para poder iniciar su desarrollo, según se indica en las respuestas parlamentarias.
También Andoain cuenta con acuerdos suscritos con el Gobierno Vasco para la construcción de 262 pisos sociales, según la información facilitada por el consejero, y en Irun, el segundo municipio más poblado después de Donostia, se prevén 507 pisos.
En las listas de Etxebide hay alrededor de 90.000 personas inscritas a día de hoy
A estas viviendas planeadas se sumarían las que se podrán edificar en los suelos propiedad del Gobierno Vasco. Según informa el consejero vasco de Vivienda, Denis Itxaso, su Departamento cuenta con una reserva de suelo para levantar 5.789 pisos o alojamientos dotacionales en los próximos años en Euskadi, de lo cuales 3.217 están en Gipuzkoa, 1.766 en Bizkaia y 806 en Alava;si bien añade que «el comité de suelo de la viceconsejería de Vivienda maneja una bolsa de 7.527 unidades, que incluye ámbitos que se encuentran todavía en proceso de captación y/o gestión».
El plan del Gobierno Vasco incluye un aumento del 40% en la oferta de vivienda protegida respecto a la legislatura anterior en Euskadi. Entre los principales objetivos del área de Vivienda se encuentra la movilización de suelos públicos y privados para la puesta a disposición de 7.000 nuevas viviendas de alquiler protegido, de las que el 50% estarán reservadas para jóvenes menores de 36 años.
