Los pisos turísticos que no cumplan con el nuevo decreto serán multados con hasta 100.000 euros

La directora de Turismo Etxeberria con el consejero Retortillo, ayer en Donostia./LUSA
La directora de Turismo Etxeberria con el consejero Retortillo, ayer en Donostia. / LUSA

Los inmuebles, que deberán mostrar un distintivo, tienen que cumplir tanto la norma autonómica como las municipales

Amaia Chico
AMAIA CHICOSAN SEBASTIÁN.

Más inspecciones, condiciones mínimas de calidad de la vivienda, seguridad jurídica para inquilinos y propietarios, respeto a los vecinos y una tramitación administrativa que ordene las diferentes normativas que pesan sobre los pisos de uso turístico. Esas son algunas de las premisas sobre las que se ha elaborado el nuevo decreto que el Gobierno Vasco acaba de aprobar para regular una actividad sectorial que «no es nueva», pero que ha experimentado tal crecimiento en los últimos años, sobre todo en Gipuzkoa, que Ejecutivo y ayuntamientos han acelerado la revisión de las normativas vigentes para conciliar el derecho de los propietarios a alquilar sus casas con la presencia del resto de ofertas alojativas y con el carácter residencial de los inmuebles en los que se integran esos pisos.

El último paso, que desarrolla la Ley de Turismo aprobada en 2016, es este decreto que completa la regulación sobre la actividad de viviendas y habitaciones de uso turístico, y que convivirá con las ordenanzas municipales, como la de San Sebastián, que acotan la parte urbanística de la actividad. A partir de ahora, todas las viviendas turísticas deberán cumplir ambos reglamentos. Y las 1.600 de Gipuzkoa que figuran en el registro del Gobierno Vasco deben acreditar ante ambas instituciones que se atañen a todos los requisitos, tanto los referidos a las características del piso, a su ubicación, registros administrativos... «No vamos a permitir el fraude ni la actividad clandestina», advirtió el consejero de Turismo, Alfredo Retortillo, en la presentación de un decreto en el que, aunque no lo mencionó, también se incluyen sanciones, las ya recogidas en la ley autonómica de 2016; además de las pautadas, en el caso de Donostia, en su ordenanza municipal. Las primeras pueden ascender hasta los 100.000 euros por incumplimientos muy graves; en el segundo caso, hasta los 50.000; y además, Hacienda contempla multas de hasta 72.000 euros por infracciones fiscales si el propietario no declara los ingresos obtenidos.

Decreto vasco

Características del piso
Capacidad
Máximo de 8 personas. La superficie útil mínima es de 25 m2 para 1 inquilino, de 33 para dos; y de 15 m2 por persona para más de tres.
Espacios
Debe contar, al menos, con baño, cocina y una estancia destinada a dormir, que no sea la sala.
Seguridad
Debe contar con botiquín, extintor manual, teléfonos de emergencia, información sobre situación y salidas.
Comunidad de vecinos
Distintivos
El portal y el piso deben exhibir identificativos.
Veto
Los propietarios por unanimidad pueden prohibir la actividad en el inmueble.
Trámites
Registro
Los propietarios deben presentar la declaración responsable de inicio de actividad, con el documento municipal que acredita que cumplen la normativa. Los ya inscritos en el registro vasco tienen seis meses para actualizar su documentación.
Publicidad
Los pisos ofertados en agencias o plataformas online deben incluir su número de inscripción en el registro.
Sanciones
Incumplimiento
Apercibimientos y multas de hasta 100.000 euros, más sanciones por infracción fiscal.

El decreto satisface a todas las partes implicadas en la Mesa de Turismo de Euskadi porque nace «del consenso», y porque completa y clarifica la regulación del sector, en paralelo a las especificidades municipales que cada ayuntamiento, en función de sus necesidades y del volumen de actividad que registren, decida legislar. En el caso de Donostia, ambas normas van a llevar a «depurar las 1.219 viviendas inscritas ahora en el registro vasco», y una vez culminado este proceso de transición, a exigir que cualquier vivienda que quiera «presentar su licencia de actividad en el Gobierno Vasco, debe contar primero con el documento de conformidad» de su Ayuntamiento, explica Asier Pereda, el presidente de Aparture que se felicita de «una regulación que siempre hemos defendido» para «contribuir a normalizar» la actividad.

250 bajas voluntarias

El decreto incide en el incremento de las inspecciones de los pisos. Retortillo remarcó que su departamento ha incorporado a diez personas más para este cometido, y que, por ejemplo, a partir de septiembre, en San Sebastián comenzarán a revisar las más de mil viviendas admitidas en el registro, más allá de que reciban el visto bueno del Ayuntamiento, que a finales de agosto culminará su propia revisión bajo los parámetros urbanísticos (zona, piso, metros cuadrados...) recogidos en su ordenanza.

Desde que se ha activado ese doble control institucional, donde Ayuntamiento y Gobierno Vasco comparten y se remiten expedientes sobre la situación de cada piso turístico, la directora de Turismo, Maider Etxebarria, detalló que en el caso de Donostia -donde más pisos turísticos se concentran de toda Euskadi-, 250 viviendas se han dado de baja de forma voluntaria. Otras 657, cuyos propietarios pidieron regularizar su actividad, están a la espera de que el Ayuntamiento donostiarra termine de analizar si cumplen los requisitos y les dé el visto bueno; las 450 restantes inscritas en el registro tienen la licencia de actividad en regla. Y otras 35, todas situadas en la Parte Vieja, recibirán en próximas fechas la notificación del Gobierno Vasco de que deben cesar su actividad, al verse afectadas por la declaración de esa zona como «saturada».

Veto de la comunidad

A esos requisitos urbanísticos exigidos en el caso de Donostia, ahora la norma sectorial o autonómica suma la obligatoriedad de que los portales y las viviendas turísticas muestren un distintivo, y recuerda la posibilidad de que las comunidades de propietarios, en orden a la ley de propiedad horizontal, veten «por unanimidad» su presencia en el inmueble. Además, el decreto exige ofrecer información completa a los usuarios sobre el servicio que contratan, que todas las agencias o portales online incluyan el número de registro de las viviendas que ofertan, un seguro de responsabilidad civil o un contacto directo con el propietario para comunicar cualquier incidencia. Se busca, explicó Retortillo, favorecer «la transparencia», asegurar «la convivencia» y dotar de «seguridad jurídica» tanto a propietarios como a inquilinos de una actividad en la que están inscritos 2.200 pisos en toda Euskadi.

El nuevo decreto además marca unas características mínimas -de superficie, plazas máximas o espacios habilitados- para los pisos con el fin de preservar «los estándares de calidad» del servicio dado a los clientes. Y, para los propietarios, detalla los requisitos administrativos que deben cumplimentar para dar de alta, de baja o modificar las condiciones mediante las que solicitan la actividad económica. «Pretendemos simplificar y sistematizar los procedimientos», añadió el consejero.

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