Gipuzkoa revisa las tutelas de 2.000 personas con discapacidad para garantizar sus derechos

Las personas con algún tipo de discapacidad –mayores con demencia, personas con discapacidad física o intelecutal o personas con enfermedad mental– ya no pueden ser incapacitadas judicialmente, un término enterrado. La nueva ley, que entró en vigor en junio del pasado año, obliga a revisar cada expediente de tutela, y a sustituir esa figura tutelar por los apoyos jurídicos para que estas personas puedan ejercer su capacidad jurídica en igualdad de derechos.

Se habló de leyes pero sobre todo de personas. De vidas como la de Josetxo Izaguirre, vecino de Zumarraga, que vive solo en un piso con el apoyo de la Fundación Gertuan, tras la muerte de su madre. Estuvo acompañado de la trabajadora social Maider Aguirre, uno de sus principales apoyos cotidianos. De lunes a viernes acude a un centro de día, pero el resto de tiempo está en su domicilio o de paseo. «Si se cae la casa encima, a mí no me pilla dentro. Estoy de un lado para otro», bromeó, aunque «cuando tengo una carta o alguna necesidad yo le llamo a Maider y ella me da seguridad». Desde Gertuan, por ejemplo, supervisan sus cuentas bancarias, aunque Josetxo maneja una tarjeta monedero donde le van ingresaban un dinero para sus gastos personales.

El apoyo va mucho más allá de lo que recoge la sentencia, con un vínculo personal muy estrecho. Su expediente ya ha sido revisado y mantiene la figura jurídica de la «curatela». El trabajo de revisión ya se ha iniciado pero avanza poco a poco, por la delicadeza de revisar cada caso, con el tiempo que se requiere para la valoración. «Todo es un poco nuevo todavía», expuso Maider, que pidió «más apoyos para saber cómo actuar en ciertos casos». Con Josetxo, explicó, «nos solicitaron que hiciéramos un plan de apoyo para ver cómo le podíamos ayudar. Presentamos el documento al juzgado de Bergara y el médico forense le vio. También hicimos una videollamada con la jueza para ver cómo estaba». '¿Crees que te hace falta más apoyo?', le preguntó. Y él lo tuvo claro: «No».

La nueva ley es «más concreta» que la anterior y garantiza la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en lugar de incapacitarlas, un cambio de término que ayuda a derribar prejuicios. Eso se traduce en mejoras para personas por ejemplo «a la hora de votar. Gente que antes no tenía ese derecho y ahora –tras la reforma legal– se le va a conceder».

El foro puso luz sobre una realidad que requiere más formación e información, señalaron los asistentes. «Esto es nuevo para todos. Muchas familias están con dudas, también los servicios sociales... Todo lo que sea concretar y dar opción y que los expedientes sean revisables siempre es positivo y bueno», dijo Maider.

Revisar los expedientes uno a una está suponiendo «un gran volumen de trabajo» para los juzgados, ya de por sí saturados, con la complejidad de llevar a la práctica una ley ambiciosa que ha supuesto un avance social que ahora debe concretarse en cada caso, con apoyos a la carta, sin que haya recetas universales, para garantizar la igualdad entre personas.

La consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, fue la encargada de abrir el IV Foro Jurídico. Entre otras cosas, insistió en que «no se trata de facilitar otro acceso a la justicia. Se trata de universalizarlo, para lograr una justicia más equitativa y humana, que atienda en cada caso a las particularidades de las personas que la buscan». Todas las personas a lo largo de sus vidas van a tener «diferentes discapacidades. No es un rasgo de la personalidad, es una situación que supone dificultades concretas en el ejercicio de nuestros derechos y el acceso a la justicia. Pero eso no quiere decir que sus derechos sean diferentes al del resto».

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, apuntó que uno de los objetivos de la justicia es «identificar el ejercicio de los derechos conforme a las necesidades. Lo importante es que podamos conseguir que las personas, conforme a sus necesidades, puedan ejercer de la forma más efectiva sus derechos. Desde ahí creo que la legislación va introduciendo claves diferenciadoras. Desde el plano de la justicia de servicio público lo que se exige y lo que se debe dar es la accesibilidad». Así, aclaró, debe ser «un servicio público accesible, tanto desde el plano cognitivo como desde el acompañamiento o la construcción de espacios».

La Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán del Río, explicó que «lo que la ley y el principio de igualdad señalan es precisamente eso, que se puedan ejercitar los derechor. Cuando se gestaban las normas, se hablaba de un nuevo modelo social. La situación y la realidad es que tenemos todavía una sociedad discapacitante y tenemos que trabajar en que no lo sea. Es importante que haya normas y que se sitúen los problemas, pero la Administración de Justicia tiene que estar ahí y ser motor de impulso. Se trata de que estos derechos sean reales. Toda persona que se dirige a jueces y fiscales tiene derecho a que se haga un traje a medida de su discapacidad».