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El Departamento vasco de Vivienda detectó el año pasado 61 posibles fraudes en pisos de protección oficial (VPO) ubicados en Gipuzkoa, aunque solo tres de ... ellos se materializaron en una sanción, dos casos irregulares en Donostia y otro más en Zumaia. Aunque lo más llamativo del balance de las inspecciones llevadas a cabo por el Gobierno Vasco en las viviendas públicas es que Gipuzkoa presenta unas cifras de fraude muy inferiores a las de Bizkaia y Araba, hasta el punto de que sus 61 casos irregulares suponen apenas el 5,5% de los detectados en todo Euskadi, que ascendieron a 1.102. Álava se sitúa en primer lugar con 604 fraudes y Bizkaia le sigue con 437.
Estos datos se recogen en una respuesta parlamentaria del consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, a una pregunta del PP sobre la actividad desplegada por la inspección de vivienda protegida. Los inspectores del Gobierno Vasco visitaron el año pasado sin previo aviso 7.178 de los cerca de 75.000 pisos de protección oficial que hay en Euskadi para comprobar que el uso que los residentes le dan a esas viviendas es el adecuado y que no se comete ningún tipo de irregularidad. Por ejemplo, que las personas adjudicatarias residen en la vivienda, que no la subarrendan a otros inquilinos o que el domicilio no se encuentra vacío y sirve como vivienda habitual.
De las 1.865 inspecciones que se llevaron a cabo en Gipuzkoa, los técnicos detectaron 61 casos que se definen como «irregulares inicialmente». Fueron menos que los 74 notificados en 2023, pero más que los 51 de 2022. En años precedentes, no obstante, no se había detectado un desequilibrio tan grande respecto a los otros dos territorios históricos. En 2024 Gipuzkoa sale bien parada en este apartado de fraudes en las VPO, aunque el número de inspecciones también fue inferior a los de Bizkaia y Araba.
De los 61 casos «irregulares inicialmente» detectados en el territorio guipuzcoano, solo tres terminaron en sanción, mientras que el resto de los casos se subsanaron sin una multa económica. Entre los que sí fueron sancionados, a dos adjudicatarios de VPO en Donostia se les impuso una multa de 8.500 euros y al de Zumaia, otra de 2.700 euros.
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