La Fiscalía de Gipuzkoa inicia cada mes la investigación de dos casos de acoso escolar

El pasado año fueron denunciados 25 casos de este tipo en el territorio, una cifra que se ha duplicado en los últimos tres años. Como dato para la esperanza, suponen un 32% menos que en 2023, cuando estos procedimientos alcanzaron techo (37). En 2020 apenas hubo tres, si bien este ejercicio estuvo marcado por la pandemia y las consiguientes restricciones de movilidad, aunque no menos cierto es que no hay que olvidar que estos casos son solo los que se denuncian. Es decir, los que llegan hasta los juzgados, por lo que las cifras reales probablemente son más elevadas.

Del cuarto de procedimientos de acoso escolar incoados por los fiscales en Gipuzkoa el pasado año, una decena de ellos se archivaron al ser los autores menores de 14 años y, por tanto, inimputables. Dos de estas causas llegaron a juicio dictándose una sentencia condenatoria y otra absolutoria, que ha sido recurrida por el Ministerio fiscal. Las medidas que se solicitan en estos casos, recoge la memoria de 2024, son mayoritariamente las de libertad vigilada o tareas socioeducativas con el fin «de trabajar la empatía y la resolución pacífica de los conflictos».

Los casos que investigó el pasado ejercicio la Fiscalía de Gipuzkoa no distinguía por sexos; es decir, afectaba de igual manera a chicas como a chicos. Aunque sí se concentraba principalmente en «jóvenes con problemas de salud mental o importantes minusvalías físicas y psíquicas». En este tipo de acciones denunciadas se combinan «las presenciales en las aulas con las proferidas a través de las redes sociales fundamentalmente a través de Instagram», aunque también en otras plataformas como WhatsApp, Telegram o TikTok.

Los fiscales hacen referencia a un procedimiento en el que el acosador, a través de Instagram, profería «insultos y amenazas» –las acciones más habituales junto a las coacciones y el aislamiento– de «especial crueldad» para la víctima, a la que la «apelaban públicamente y por escrito para que se tirase por la ventana».

Tampoco hay un entorno socio-económico más propicio, dado que las situaciones de acoso se dan tanto en centros educativos públicos como privados, de la capital como del resto del territorio, según la memoria.

La sensibilización con el 'bullying' en Gipuzkoa surgió principalmente por la muerte del joven Jokin Ceberio, que en 2014 se quitó la vida en Hondarribia después de haber sufrido acoso, y que marcó un antes y un después en los protocolos de vigilancia y prevención ante este tipo de situaciones. Desde entonces se reforzaron las medidas de control, llevando a cabo más campañas de prevención y con protocolos que establecen cómo actuar en caso de que se detecte una situación de 'bullying' en las aulas.

Desde la Fiscalía de Gipuzkoa no critican estos protocolos, pero sí reconocen que los actuales «no acaban de soluciones el problema. Y las campañas educativas hacia una convivencia en igualdad no son suficiente» porque «en la mayoría de los supuestos es la víctima la que termina cambiando de centro escolar», como también ocurrió con los procedimientos denunciados el pasado año en el territorio.

Ocurre con el acoso escolar que rara vez se limita a un 'uno contra uno'. La presión en grupo surte un efecto más lesivo, ya que el acosador se siente respaldado por el resto. La víctima, claro, se vuelve aún más vulnerable. Así sucedió también en el centro de Zumarraga en el que durante más de un año un grupo de chicos y chicas de entre 14 y 16 años sometió a insultos, amenazas, empujones y humillaciones continuas a un compañero de clase. Fruto de estos hechos, la víctima intentó quitarse la vida hasta en dos ocasiones. El Juzgado de Menores Único de Donostia terminó absolviendo a los once alumnos para los que la Fiscalía solicitaba una pena de 12 meses de tareas socioeducativas por un delito contra la integridad moral, mientras que la familia de la víctima, que se personó como acusación particular, pidió doblar la pena hasta los 24 meses de tareas.

Los hechos denunciados tuvieron lugar durante los cursos escolares 2021-22 y 2022-23, en los que el menor se matriculó en un colegio de Zumarraga y empezó a cursar 2º de la ESO, porque en el anterior donde estudiaba también le hicieron bullying. Durante el primero de esos dos ejercicios académicos, en el mes de mayo, el propio centro incoó el protocolo antibullying contra ocho alumnos, al concluir que «sí existía acoso» al menor, quien «no parecía relacionarse de manera adecuada con el resto del alumnado».

Los hechos vejatorios de los que supuestamente era víctima el perjudicado sucedían en el patio, los pasillos y en las escaleras del centro escolar, donde le decían expresiones como «enano disléxico», «microbio retrasado», «aborto fallido», «te voy a pegar», y alguno le ponía «zancadillas» durante el recreo «casi todos los días».