La falta de cuórum en la Autoridad del Transporte deja a 90.000 jóvenes sin descuentos en la Mugi

Los descuentos de la tarjeta Mugi se quedarán tal cual se aplicaron en 2018./ARIZMENDI
Los descuentos de la tarjeta Mugi se quedarán tal cual se aplicaron en 2018. / ARIZMENDI

Las ausencias de Gobierno Vasco, con un 45% de representación, y ayuntamientos de EH Bildu, con el 1,3%, impiden que se celebre la asamblea de la ATTG

Gaizka Lasa
GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN.

Que los acuerdos entre instituciones propician avances de los que se beneficia la sociedad es una realidad -reiterada constantemente por nuestros responsables públicos- tan flagrante como que lo contrario, es decir, la discordia o desunión entre ellas, priva a la ciudadanía de obtener ciertas ventajas para su vida cotidiana. Verbigracia, a la hora de moverse en transporte público.

Los guipuzcoanos de entre 6 y 25 años que utilizan habitualmente la tarjeta Mugi no podrán disfrutar de los descuentos que proponía la Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa (ATTG) para este año porque las instituciones que les representan no se han puesto de acuerdo.

Algunas de ellas ni siquiera han acudido a la asamblea que este órgano celebra para aprobar o no determinadas modificaciones en el sistema tarifario. Tantas han sido las ausencias que ni siquiera llegó a celebrarse por falta de cuórum. Según desveló ayer la diputada foral de Movilidad, la socialista Marisol Garmendia, la ATTG reunió para la decisiva asamblea el 49,7% cuando el mínimo requerido asciende al 51%.

En una comparecencia en la comisión correspondiente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Garmendia reveló que había sobre la mesa una propuesta de la Diputación de Gipuzkoa para incrementar los descuentos de la tarjeta Mugi Gaztea, como mínimo, del 14% al 25%, lo que supondría en la práctica «un ahorro a cada usuario de entre 14,5 y 60 euros al año» -sin entrar en saltos de tramo con descuentos superiores- dependiendo de los viajes realizados. La medida beneficiaría a 90.000 jóvenes. Siempre y cuando se hubiera aprobado, claro. Ni siquiera se votó.

La diputada foral arremetió contra EH Bildu, formación que había pedido su comparecencia y cuyos representantes institucionales fueron unos de los que dejaron de acudir a la asamblea. Señaló que «EH Bildu ha demostrado que no tiene ningún interés ni preocupación por las tarifas del transporte público de Gipuzkoa ni por mejorar los descuentos de la Mugi Gaztea para los jóvenes que proponemos desde la Diputación».

Acusó a la coalición abertzale de «dejadez» e «irresponsabilidad» porque los representantes de los ayuntamientos de Errenteria y Hernani no acudieron a ninguna de las tres comisiones en las que se analizan los planteamientos, ni tampoco a la asamblea donde se aprueban, habiendo incluso propuestas del Ayuntamiento de Errenteria de por medio. Evidenció que «si hubiera tenido verdadero interés y actuado desde la responsabilidad política y la representación popular que ostentan los cargos públicos, con haber acudido en noviembre a la asamblea, se hubieran podido aprobar los nuevos descuentos de la Mugi Gaztea».

Sin embargo, la revelación de la falta de quorum puso de relieve que el problema no se reducía a la postura adoptada por los representantes de las instituciones gobernadas por la izquierda abertzale. Tal y como recordó el juntero de EH Bildu Jon Albizu, Errenteria y Hernani ostentan una representación del 1,34% en la ATTG. Por su parte, el Gobierno Vasco tiene un peso del 45% en dicho órgano, el mismo que el de la propia Diputación.

Albizu consideró que «no ha habido absolutamente ninguna voluntad en estudiar o analizar lo que había planteado el Ayuntamiento de Errenteria», pero, dicho esto, quiso aclarar que «si la asamblea no ha aprobado tarifas no puede ser porque lo que representa al 2% de la Autoridad no asistió a la asamblea. Es evidente que el 2% no puede bloquear las tarifas que tengan que decidir el 45% que representa la Diputación y el 45% que representa el Gobierno Vasco».

Motivos desconocidos

Conocidas las ausencias de unos y otros, y los porcentajes que cada cual representa en la ATTG, los grupos de la oposición pidieron explicaciones acerca de las circunstancias que habían llevado al Gobierno Vasco a impedir esa votación. Lo intentaron Juan Carlos Cano y Juantxo Iturria, portavoces de los grupos junteros del PP y Podemos respectivamente, aunque la diputada foral no entró en ese terreno. La juntera jeltzale Maije Zelaia se limitó a agradecer las explicaciones de la diputada foral. Los motivos de la postura del Ejecutivo de Vitoria quedaron sin aclararse, si bien Albizu aludió a la «incapacidad de la diputada foral para llegar a acuerdos con su socios en la ATTG».

Además del 90% que conforman los Ejecutivos vasco y guipuzcoano -ambos sostenidos por alianzas entre PNV y PSE-, el resto de la ATTG se distribuye de la siguiente manera entre los ayuntamientos de Donostia (5%), Irun (1,453%), Errenteria (0,932%), Eibar (0,652%), Zarautz (0,554%), Arrasate (0,524%), Hernani (0,466%) y Lasarte-Oria (0,429%).

Los descuentos de la tarjeta Mugi se quedarán, por tanto, tal cual se han aplicado en 2018. También las tarifas se congelan, aunque en este caso ya estaba previsto que siguieran de este modo ya que las subidas se implantan en años alternos y este año no tocaba, según explicó Marisol Garmendia.

En cualquier caso, además de airear desavenencias entre instituciones, la comisión de ayer consiguió dejar con la miel en los labios a los jóvenes que más utilizan la tarjeta Mugi en sus desplazamientos diarios. La diputada foral desgranó los detalles de la propuesta truncada, donde figuran ahorros de hasta 100 euros al año para quienes se benefician de los mayores descuentos por la progresividad del sistema.

Los descuentos serían del 100% a partir de 51 viajes -ahora lo son del 90%- con lo que los desplazamientos se volverían gratuitos desde este número de trayectos. Estos descuentos para los jóvenes serían adicionales y se sumarían, por tanto, a los que se aplican por tramos, con carácter progresivo. Habrá que esperar a otra ocasión. Habrá que esperar a que las instituciones se pongan de acuerdo.