Euskadi blindará por ley la justicia restaurativa, que resuelve 560 denuncias penales al año

La Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia ya regula a nivel estatal el procedimiento de justicia restaurativa, y el departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos trata de ir más allá en este ámbito y trabaja ya en un anteproyecto de ley que blindará esta alternativa que complementa a la justicia tradicional.

Tal como sucede en esta última, la persona denunciada paga por sus hechos, pero, he aquí su valor diferencial, en la justicia restaurativa además la agraviada «se siente escuchada» y también «comprendida» al lograr hacer ver al de enfrente la magnitud del daño causado, permitiendo incluso despertar «una empatía» que favorezca la paz social. Son algunas de las ideas expuestas ayer por los tres agentes que intervinieron en el proceso restaurativo en el colegio –Elisabeth Garmendia Loyarte, facilitadora del SJR; Mikel García, director del centro educativo en aquel momento; y José Carlos Ibarzabal, representante del ampa–, que intervinieron en una mesa redonda moderada por la periodista Aiende S. Jiménez, en el VI Foro Jurídico de Gipuzkoa, organizado por El Diario Vasco e impulsado por el Gobierno Vasco con la colaboración del Colegio de Abogados de Gipuzkoa y el Colegio de Procuradores de Gipuzkoa. Su título esta vez fue 'Justicia restaurativa. Cómo reparar el daño cuando se comete un delito'. Y para ello, es primordial «la escucha», insistieron varios de los juristas intervinientes en la jornada como la consejera María Jesús San José; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana; y la Fiscal Superior del País Vasco, Carmen Adán.

Curiosamente, el colegio puesto como ejemplo vivió dos conflictos similares en el mismo año, ambos entre dos familias diferentes fuera del recinto escolar. En los dos intervinieron el director, el ampa y la misma facilitadora. Cuando Elisabeth Garmendia recibió el caso derivado desde el juzgado, entendió «que se podía resolver» y se puso manos a la obra. Contactó con las personas implicadas y con los representantes del centro y el ampa, cuya presencia «daba seguridad a las familias», que estuvieron por la labor «porque había un interés en volver a la normalidad porque el conflicto estaba afectando a sus hijos», recordó Mikel García. Hizo falta varios encuentros, primero con cada una de las partes por separado y luego todos juntos. «No fue fácil», recordaron García e Ibarzabal. «Hubo algún momento en que temimos que se fueran a levantar de la mesa», pero prevaleció la cordura y el bien común.

Durante los encuentros, una de las claves es que solo una persona pueda hablar en cada momento. Lo lograban dando un objeto físico –en este caso, un pequeño tótem–, de manera que únicamente tomaba la palabra quien lo tuviera en su mano. El resto escuchaba. Y tras cada turno de palabra por las dos partes, Garmendia intervenía para tratar de dejar claro el mensaje que cada interlocutor trataba de lanzar «para asegurarnos de que entendían lo que se quería decir». Y así, toma y daca hasta alcanzar el acuerdo satisfactorio para todos.

En 2024 un total de 1.567 expedientes penales (más 300 familiares) fueron derivados al Servicio de Justicia Restaurativa del Gobierno Vasco (686 en Gipuzkoa, 558 en Bizkaia y 323 en Álava). Suponen un 52% más que en 2023 (1.032) y un 33% más que en 2022 (1.175). «De todos estos casos, se trabaja con el 50%», y el resto se devuelve al juzgado de origen, explica Nacho Martínez, coordinador del SJR. Y de esa mitad seleccionada, «entre el 75 y el 80% de ellos se resuelve con éxito. En 2024 se alcanzaron 558 acuerdos, lo que supone que al menos se han beneficiado 1.200 personas», añade.

Garmendia apuntó que la justicia tiene aún «potencialidades poco exploradas» y subrayó que «estos diálogos restaurativos favorecen la construcción de una comunidad fuerte y que respete la diferencia. Mirándonos a los ojos, escuchándonos y hablándonos de corazón, logramos que las historias de unas y de otras nos resuenen en nosotras mismas».

«La justicia no se agota en la sanción del delito. Nuestra tarea como instituciones, como profesionales del derecho y como sociedad es también atender al daño causado, escuchar a las víctimas, favorecer la responsabilización de quien ha infringido la norma y reconstruir los lazos sociales que el delito quiebra». La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, María Jesús San José, defendió la justicia restaurativa para seguir avanzando en «una justicia al servicio de las personas y de la convivencia». Subrayó que los resultados son positivos. «Las víctimas expresan un mayor grado de satisfacción. Los infractores muestran una menor reincidencia y las comunidades recuperan confianza en la justicia», remarcó.

«La justicia restaurativa permite un nuevo enfoque como es escuchar a las personas, preguntarlas. Si la justicia tiene un sentido, es fórmula de respuesta a la injusticia y la injusticia en términos existenciales es un daño causado a una o varias personas que rompe o puede romper un proyecto de vida y también de convivencia. La justicia restaurativa trata de escuchar a todas esas necesidades y daños, sin buscar necesariamente la sanción, la reparación y la compensación, que también; sino que transita fundamentalmente por algo que quizás todavía no hayamos alcanzado, que es crear un espacio de escucha para que cada parte sea consciente de la dimensión del delito, y hacerlo con una vocación restauradora que dé respuesta a todas las necesidades».

«Desde los principios de confidencialidad, voluntariedad, gratuidad, oficialidad... la justicia restaurativa nos va a complementar y ayudar en la administración de Justicia. Las primeras aproximaciones las vivimos hacia el año 2000, con la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, que señalaba que era absolutamente primordial que el menor comprendiera que con su delito había causado consecuencias negativas e injustificadas a la comunidad. Esa es la esencia de la justicia restaurativa. En la labor de cualquier fiscal, y yo me atrevería a decir de cualquier juez o cualquier operador jurídico, valoramos la necesidad de reparar a la víctima, pero también que la reinserción del autor del delito y que la comunidad va a evitar el conflicto».