Euskadi asumirá a comienzos de año la cárcel de Zubieta a la espera de decidir su apertura

Según ha podido confirmar DV, el Estado, que ha asumido los más de 40 millones de euros que ha costado su construcción, transferirá a Euskadi «en enero o febrero» el mando y gestión de esta instalación una vez las obras están ya finalizadas. El edificio pertenece en la actualidad a la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), entidad dependiente del Ministerio de Interior, y ya estaba contemplado que una vez edificado, el Gobierno central cediese la propiedad al vasco. Un acuerdo al que se llegó en el marco de la transferencia a Euskadi de la política penitenciaria y, con ella, de la gestión de las cárceles vascas. El Gobierno Vasco asumió esa responsabilidad el 1 de octubre de 2021.

Con el traspaso a comienzos de 2026, se confirma la previsión que en agosto lanzó el anterior alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, quien en plena Semana Grande lamentó el nuevo retraso. «A mí se me señaló noviembre como la fecha posible» de apertura de la nueva cárcel y el traslado de los presos desde Martutene, «y ahora se baraja febrero», censuró entonces.

Las obras de construcción, adjudicadas por 41,35 millones de euros a un consorcio liderado por Acciona, arrancaron en mayo de 2021 y tenían un plazo de ejecución de 22 meses. Quiere eso decir que la previsión inicial era que los trabajos hubieran finalizado en la primavera de 2023 y el traslado de los reclusos desde Martutene se hubiera producido a lo largo de aquel año.

Dos años y medio más tarde, el nuevo penal está construido, pero sigue desocupado a falta de internos, funcionarios y de los equipamientos, que correrán a cuenta del Gobierno Vasco.

Por ello está por ver aún si se cumple la última estimación y el centro penitenciario de San Sebastián (Norte III), abre efectivamente sus puertas en febrero. Ayer el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, se limitó a señalar en una entrevista en Radio Euskadi que confía en que la prisión del polígono Eskuzaitzeta se pueda abrir «en breve», sin atreverse a aventurar fechas.

Y es que además de los equipamientos, el Gobierno Vasco debe dotar a la nueva cárcel de los funcionarios necesarios para poder inaugurar la cárcel con plenas garantías.

Como es conocido, a los retrasos en la ejecución de las obras, se ha sumado un problema sobrevenido al Gobierno Vasco: la decisión de 93 funcionarios de prisiones destinados en Euskadi de cambiar de destino y pedir plaza en otras comunidades autónomas en el primer concurso de traslados convocado tras la transferencia a la Comunidad Autónoma Vasca de la competencia en la gestión de estas instalaciones.

En concreto, han decidido abandonar Euskadi 37 trabajadores veteranos de Zaballa, 33 de Martutene y 23 de Basauri, lo que supone un 16% del total de los en torno a 600 funcionarios de carrera que trabajan en las cárceles vascas, para los que hay que encontrar sustitutos. Sin personal suficiente y formado parece difícil inaugurar una nueva prisión más grande y con más reclusos que la de Martutene, como será el caso de Zubieta.

Hasta marzo de este año, la carencia de personal había llevado al Gobierno Vasco a gastar más de dos millones de euros en hacer frente al pago de horas extras de los trabajadores penitenciarios, que en tres años y medio habían acumulado un total de 136.490 horas fuera de su jornada regular por el déficit de funcionarios, según admitió el director de Servicios Penitenciarios, Pablo Martínez.

Los sindicatos han vinculado la decisión de todos esos trabajadores de cambiar de destino precisamente a la «sobrecarga» de trabajo que se vive en las penitenciarías vascas desde que el Gobierno Vasco ha asumido su gestión. El mayoritario entre el colectivo, UGT-ACAIP, asegura que el número de reclusos internos ha crecido en estos tres años y medio un 25%, pasando de 1.380 en otoño de 2021 hasta 1.732 a comienzos de 2025. En un primer momento por el traslado de presos de ETA a Euskadi, pero también por el aumento de la delincuencia.

La consejería de Justicia y Derechos Humanos que lidera la socialista María Jesús San José quita hierro a las quejas de los trabajadores y desliga los cambios de destino con que haya un descontento en la plantilla. Aduce que el último concurso de traslados ha sido la primera oportunidad que han tenido los 600 funcionarios transferidos hace tres años y cinco meses al Gobierno Vasco para optar por otros destinos, y que muchos proceden de Galicia, Castilla-León o Asturias, adonde han optado por regresar al abrírseles la oportunidad.

A día de hoy no ha trascendido aún si esta insuficiencia de personal está ya resuelta, elemento fundamental para poder abrir la cárcel de Zubieta, Por ahora, lo que sí ha hecho el departamento de Justicia es acordar el primer convenio de las Prisiones vascas, para cinco años y que garantiza las condiciones laborales de los empleados que trabajan en los penales de Euskadi.

Además de por las nuevas condiciones para reclusos y trabajadores frente al vetusto recinto de Martutene, la apertura de la cárcel de Zubieta es esperada como agua de mayo por el Ayuntamiento y los vecinos de Donostia, y por el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, para poder iniciar el derribo del presidio actual y levantar en esos terrenos 400 VPO de alquiler, correspondientes al desarrollo de la segunda fase de Txomin Enea.

Unos terrenos que serán cedidos gratuitamente por el Gobierno central al vasco para poder llevar adelante esa operación urbanística y en la que el Estado también se implicará en la construcción de las VPO a través de la nueva empresa pública de vivienda que ha creado el Ministerio, la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).