La Ertzaintza es la única policía en el Estado que facilita la procedencia de sus detenidos

Es decir, si son españoles –única nacionalidad que se facilita– o latinoamericanos, magrebíes, subsaharianos, europeos, asiáticos... Según explicó entonces el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zubiria, «nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox y del Partido Popular de informar del origen de los detenidos». Sin embargo, el resto de las principales policías estatales –Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral de Navarra y Mossos d'Esquadra– continúan preservando los lugares de procedencia y se limitan a precisar si el detenido es un varón o una mujer, su edad, y en todo caso si tiene o no antecedentes policiales, según ha podido confirmar este periódico. Aunque desde sus departamentos de comunicación reconocen la existencia de un debate interno en torno a esto, se impone la discreción impuesta por los gobiernos o instituciones de los que dependen y tienden a aportar los mínimos datos personales.

En su argumentación sobre la nueva directriz en materia informativa de la Policía autonómica, Zubiria explicó que «es mejor facilitar los datos con transparencia y sin estigmatizar a nadie». Su explicación generó el «rechazo» de formaciones políticas como EH Bildu y Elkarrekin Podemos o el organismo SOS Racismo, que consideran que de este modo se está «favoreciendo el discurso de la extrema derecha». La ONG afeó al jeltzale que «afirmar gratuitamente que es la forma de no estigmatizar a las personas migrantes es despreciar todos los estudios que se han venido haciendo al respecto y que señalan lo contrario».

En el caso de las dos fuerzas de seguridad de ámbito estatal, su política de comunicación es similar, según se desprende en sus últimos comunicados. La Policía Nacional, por ejemplo, informa de que ha detenido a un hombre «de 46 años» con «ocho antecedentes policiales», por tanto «un delincuente ordinario con alto riesgo de persistencia», por un delito de estafa en el metro de Barcelona. Pero nada sobre su origen, al igual que sucede con dos hermanos arrestados en Melilla por adoctrinamiento yihadista o un «prófugo alemán» localizado en Granada, del que precisan que es alemán porque se fugó de Alemania, no porque naciera ahí. La Guardia Civil publicó ayer el desmantelamiento de una organización criminal «asentada en Bilbao», sin revelar ni siquiera edades. Ambos cuerpos suelen facilitar en sus comunicados un teléfono de contacto en el que poder ampliar información. «Ahí depende ya de varios factores: el delito que sea, lo sensible que sea el caso, si hay menores... Si revelar la nacionalidad puede fomentar los discursos de odio, no la solemos dar», afirman fuentes de la Policía Nacional. «Nosotros por norma no la damos», reportan en el instituto armado.

En el caso de la Policía Foral, «el Gobierno de Navarra nos prohíbe» facilitar procedencias o nacionalidades, en contra del deseo de sus equipos comunicativos. «Entendemos que es noticiable y no debe hurtarse a la sociedad el derecho a la información, como dato objetivo que es si se trata de un detenido español, ecuatoriano o argelino, a la par de su sexo o edad». En casos de Violencia de Género «los mandos superiores del Área de Investigación Criminal» no autorizan publicar «incluso la localidad en la que se produce la detención, arguyendo la posibilidad de revictimización» de la víctima, aunque «el gabinete de prensa del TSJN informa con pelos y señales de las sentencias o autos de prisión al respecto».

Un portavoz de la Policía navarra con dos décadas de experiencia en comunicación policial afirma haber conocido «infinidad de protocolos, pero nunca tan encorsetados, restrictivos y obsesivos como hoy en día». En su caso, es partidario de «ofrecer más información», aunque algunas publicaciones en sus redes sociales han causado «problemas derivados de denuncias», con lo que «el criterio ahora es impedir que en foto o vídeo se pueda identificar una persona o un vehículo».

En los Mossos d'Esquadra, la consigna también es «no facilitar ni nacionalidades ni procedencias», a menudo en contra del criterio policial porque «supone negar la realidad. Si uno es español, magrebí o sudamericano, es un dato que aporta información. Al final, si solo damos la edad, el sexo y la localidad donde se ha llevado a cabo la detención, muchos sucesos terminan siendo parecidos. Pero llevamos muchos años así».

Lo curioso en el caso del cuerpo de Cataluña es que en los accidentes de tráfico «sí que facilitamos datos personales, incluso iniciales de las víctimas, una vez que se ha informado a las familias». La Policía foral «en un primer momento» no aporta las iniciales al menos hasta que se ha comunicado con los familiares, mientras que la Ertzaintza no lo hace nunca; como norma solo suele publicar la edad, y a veces resulta costoso hasta llegar a conocer si la víctima es mujer o varón.

La controversia sobre la conveniencia de facilitar la procedencia de las personas detenidas por la policía no se circunscribe solo al Estado español. También se ha dado en lugares como Reino Unido, donde el Consejo Nacional de Jefes de Policía ha optado por aportar la etnia y nacionalidad de un sospechoso «para garantizar que la labor policial sea más coherente, justa y transparente» con su información. La decisión se deriva del caso de violación de una niña de 12 años el pasado julio. Inicialmente, la policía de Warwickshire y el Ministerio del Interior solo informaron del arresto de dos varones sin detallar su origen para evitar «tensiones comunitarias». Sin embargo, la presión de la ultraderecha llevó al Gobierno laborista a informar de que se trataba de dos solicitantes de asilo afganos. Es por ello que ahora se ha conocido que el detenido por el apuñalamiento, el pasado sábado, de once personas en un tren en Londres, es un británico de 32 años y ascendencia caribeña.