Donostia e Irun acaparan el 40% de las VPO que se podrían construir en Gipuzkoa

El Departamento de Vivienda tiene previsto actualizar para finales de este año el mapa de los parcelas-suelos que pueden albergar VPO en Euskadi, pero mientras tanto trabaja con los datos vigentes en Udalplan (Cartografía del planeamiento municipal en el País Vasco). De esta estadística, que se nutre de la información proporcionada por todos los ayuntamientos de Euskadi, es de donde sale la cifra redonda de 75.000 potenciales VPO que el consejero de Vivienda, Denis Itxaso, viene reivindicando en los últimos meses para animar a todos los niveles institucionales a activar suelos para destinarlos a vivienda protegida.

En el listado sobre el que trabaja actualmente Vivienda –con datos facilitados por los propios municipios– aparece en un lugar destacado San Sebastián, que con sus 7.700 posibles VPO ocupa el segundo lugar vasco solo superada por Vitoria, que con 20.326 pisos protegidos se muestra imbatible por su mayor disponibilidad de suelo. Las 7.700 VPO que cuantifica Donostia son incluso más que las 5.000 que el Ayuntamiento ofreció al Gobierno Vasco el pasado febrero para levantar vivienda protegida. Y superan las 5.790 que se contemplan para Bilbao.

La capacidad de construir VPO que reflejan los ayuntamientos vascos en el documento Udalplan está muy vinculada a la extensión de los municipios y su número de habitantes. De ahí que casi una treintena de los municipios más pequeños de Gipuzkoa no prevean levantar VPO y que, tras San Sebastián, aparezcan localidades importantes como Irun, Andoain, Tolosa, Hernani y Errenteria.

Fuentes de Vivienda aclaran que el mapa de suelos residenciales sobre el que trabaja el departamento no implica que todas esas potenciales VPO vayan a ser impulsadas por el Gobierno Vasco, sino que se contabiliza la capacidad de los municipios para dar cabida a vivienda protegida dentro de sus planes generales, al igual que a la vivienda libre. El Ejecutivo vasco quiere aprobar este año una ley de medidas urgentes para reducir del 75% al 60% la exigencia legal de construcción de VPO en suelo urbanizable precisamente para movilizar suelos que en los últimos años han estado parados.