Donostia mediará para que vecinos de Gros renueven su renta con Azora sin ser desalojados
Vecinos de tres bloques de Gros confían en que se pueda evitar su desahucio por parte de un fondo de inversión
El Pleno del Ayuntamiento de Donostia aprobó este jueves instar al alcalde y al equipo de Gobierno a intermediar con Azora, dueña de varios inmuebles ... residenciales, para que renueve los contratos de alquiler a sus inquilinos. Y es que al menos ocho familias de las calles Segundo Izpizua 2, Berminghan 1 y Zabaleta 55 han recibido un burofax para desalojar sus hogares antes de fin de año, y 30 correrán esa suerte «en 2023».
Según denunciaron este jueves estos vecinos –con apoyos como los de Stop Desahucios y 520 viviendas de Benta Berri–, Azora pretende «vaciar» las viviendas para convertirlas «en pisos de lujo», dado que el Consistorio ha advertido que no podrán ser ni hotel ni apartamentos turísticos. El Ayuntamiento también tratará de que 23 viviendas ya vacías sean alquiladas.
La labor municipal se extenderá a las casas de Azora en Ategorrieta y calle de la Salud.
En una rueda de prensa oficiada este jueves frente a la entrada del edificio consistorial, donde han contado con el apoyo de la plataforma STOP Desahucios, con la activista Rosa García al frente, y vecinos de 520 viviendas de Benta Berri que «pueden vivir la misma situación en los próximos años», los inquilinos de Bermingham 1, Zabaleta 55 y Segundo Izpizua 2 han denunciado la situación que viven desde que, en enero de 2020, Azora compró los edificios que hasta entonces gestionó Inmobiliaria Vascongada. Varios de ellos han recibido ya un burofax en el que se da un plazo para dejar su casa «en un plazo de uno, dos o tres meses».
Su sospecha es que esta entidad, propiedad de un fondo de inversión con «un 97,64% de capital extranjero», pretende vaciar los edificios «para convertirlos en viviendas de lujo», dado que el Ayuntamiento ha advertido que no podrá ni crear hoteles ni apartamentos turísticos. Por ello, además de prorrogar sus contratos de alquiler, actualizados a la subida del IPC, reclaman a la Alcaldía que «obligue a Azora a alquilar los 23 pisos (hasta este momento) que se encuentran vacíos», dado que «desde febrero de 2020» no ha firmado ningún contrato nuevo. Por ello, reclaman la intervención municipal, «a través de Alcaldía», e instan «a las autoridades» a «reflexionar qué modelo de ciudad quieren, si desean una Donostia que mantener su personalidad al ser habitada por su gente de toda la vida», o «abrir las puertas a oligarcas de otros países» que «conviertan la ciudad en una Venecia». A su juicio, «la Parte Vieja ya resulta un parque temático» y barrios como «ahora Gros y posteriormente El Antiguo, corren ese riesgo».
Según han explicado, Azora «no está realizando ningún mantenimiento» de los edificios, y tienen «porteros automáticos y ascensores que no funcionan» o «ventanas que no cierran». Además, y para evitar que posibles okupas se instalen en las viviendas vacías, «ha puesto cámaras de vigilancia», lo que, en su opinión, es «una muestra más» de que «no tiene intención de alquilar esas viviendas vacías», lo que alimenta «el grave problema de vivienda que tiene la ciudad».
En estos pisos de Gros, muchos vecinos alquilaron «viviendas en mal estado» que fueron «reformado» con los años ante el visto bueno de los anteriores propietarios, «que nos daban el permiso para renovar una cocina o tirar un tabique», y ahora se ven expuestos a tener que dejarlas «sin recuperar la inversión». Como ejemplo, dos de esos vecinos, Mikel Etxagibel y Lola Roncal, han explicado que cuando alquilaron sus pisos hace más de 20 años, se encontraron «cocinas económicas que funcionaban con carbón». Por su parte, Esther Martínez, que se encuentra embarazada, ha contado que ha recibido una comunicación para dejar su hogar en febrero, un mes después de cuando dé a luz. Y ahora piden al Ayuntamiento que les ilumine en la incertidumbre en la que viven.
Desde STOP Desahucios, Rosa García ha criticado la intención «especulativa» que Azora tendría con estas viviendas de Donostia, y ha puesto en duda su funcionamiento, al tratarse de una entidad que «ni genera empleo en Euskadi, ni paga impuestos aquí, y su único impacto es seguir hinchando la burbuja inmobiliaria de nuestra ciudad, incrementando con ello los ya excesivos precios de alquiler con la construcción de viviendas de lujo en las tres fincas que pueden vender al mejor postor».
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