La Diputación prevé cerrar en 2026 las indemnizaciones restantes por los peajes de camiones de la N-I anulados por la Justicia

El Departamento de Infraestructuras Viarias de la Diputación de Gipuzkoa consignó en 2024 una provisión de 10,9 millones de euros para hacer frente a todas las indemnizaciones de responsabilidad patrimonial y repercutió a la sociedad foral Bidegi parte del gasto estimado de ese importe. Así, para 2026, la sociedad que gestiona las carreteras del territorio ha dispuesto de 3,1 millones de prespuesto para responder a esas últimas indemnizaciones.

Si se cumple la previsión, la Diputación pasará así página de una de las normas que más quebraderos de cabeza le ha supuesto en los últimos dos lustros. Y es que el TSJPV anuló dos normas del peaje de camiones de la N-I y la A-15 tras sendos recursos de los transportistas al considerarlas que suponían una discriminación indirecta hacia los transportistas de fuera de Gipuzkoa.

Esa situación en los tribunales propició que la Diputación diseñara una nueva norma que fue aprobada en diciembre de 2021 y que entró en vigor en 2023. Una norma que sigue en vigor y por la cual en 2025 Bidegi espera recaudar 27,8 millones de euros.

En el mismo documento presupuestario de Bidegi también se recoge el detalle del supercontrato de los servicios de mantenimiento y conservación de las carreteras que fue adjudicado a Bidelan tras la suspensión anticipada del anterior acuerdo que finalizaba en 2026 a consecuencia de la inflación.

Bidegi sacó a licitación esos servicios en julio de 2024 por 335 millones de euros hasta 2030, una cifra sensiblemente superior a los 296 millones para ocho años con los que se cerró el anterior acuerdo con Bidelan. Los documentos de Bidegi aclaran que la nueva adjudicación se firmó finalmente en enero de este año por 320 millones de euros para un plazo de seis años, prorrogables por dos más, por que lo que el montante total de la misma se ha reducido en 15 millones en comparación con la licitación.