La Diputación creará 869 nuevas plazas en servicios sociales en cuatro años

El diputado general, Markel Olano, y la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, en la rueda de prensa./DFG
El diputado general, Markel Olano, y la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, en la rueda de prensa. / DFG

En total, invertirá 75 millones de euros y se generarán 1.886 nuevos empleos en el sector

Arantxa Aldaz
ARANTXA ALDAZ

La Diputación redobla su ofensiva ante el impacto del envejecimiento de la población y contempla desplegar de aquí a tres años 360 plazas nuevas en residencias para personas mayores. La apertura de camas -básicamente radicadas en los futuros proyectos Adinberri de Pasaia, Arbes en Irun y la ampliación del centro de Lasarte-Oria- copa la mayor parte de los nuevos recursos proyectados en el mapa de servicios sociales 2018-2021, presentado este martes por el diputado general, Markel Olano, y la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña. En total, se habilitarán 869 nuevas plazas en el conjunto de la red foral, de las cuales 446 serán para personas mayores y dependientes. Y de estas, las 360 mencionadas para mejorar la asistencia en residencias, cuatro de cada diez nuevas plazas. Serán necesarios 75 millones de inversión.

Uno de los objetivos es reducir la lista de espera en el sector, problema que se lleva arrastrando en esta legislatura. Aunque las cifras se han reducido respecto al máximo cercano al millar de personas apuntadas sin plaza pública el año pasado, el repunte aún no ha logrado contenerse todo lo deseable y en torno a 700 personas permanecen sin ser atendidas en la red pública. Lo ideal, y esa es la meta que se marca la Diputación, es rebajar el número hasta lo que los gestores llaman la lista de espera técnica, esto es, el suelo al que se quiere aspirar para manejar con mejores tiempos de respuesta la demanda de ingreso en un geriátrico. En estos últimos cuatro años, el esfuerzo no ha sido baladí, y se han abierto 300 plazas (en residencias y también en centros de día). A la vista está que no han sido suficientes.

Las previsiones demográficas para 2021 apuntan a que la población dependiente crecerá de forma moderada (2,7%) y que el colectivo de más de 80 años tenderá a estabilizarse, por el efecto de la baja natalidad de la época de la Guerra Civil. La presión asistencial, sin embargo, vendrá de la mano de aquellas personas que no podrán estar atendidas en sus casas por la disminución de los 'efectivos' disponibles en la familia para ejercer esos cuidados.

Las claves

Del hogar a la residencia
Se espera una mayor demanda en residencias por el descenso de cuidadores familiares
Colectivos vulnerables
Se reforzará la atención a personas con discapacidad, enfermedad mental o menores desprotegidos
El cumplimiento de la ley
Con las plazas proyectadas, la Diputación «cumplirá» con la Ley vasca de Servicios Sociales

«Una vida digna»

Con ese diagnóstico dibujado por la diputada Maite Peña, la Diputación ha hecho sus números, materializados en el mapa de servicios sociales y esas 869 nuevas plazas en diferentes recursos para personas con dependencia, con discapacidad, con enfermedad mental, en situación de exclusión, mujeres víctimas de violencia de género y menores en situación de desprotección. «En Gipuzkoa trabajamos para que todos estos colectivos especialmente vulnerables tengan un nivel de vida digno, que nadie se quede en el margen del camino», se comprometió Olano que quiso subrayar que por encima del documento técnico, «están las personas».

Porque en los próximos tres años no parece que vaya a suavizarse la demanda de servicios sociales, o al menos, la de determinados recursos. A la necesidad de contar con una oferta de plazas públicas en residencias más potente, también se prevé «un fuerte incremento de la demanda de recursos para personas en exclusión, especialmente en la atención a personas en situación más cronificada», apuntó la diputada. La llegada de menores extranjeros no acompañados, que este año ha marcado cifras récord, tampoco se rebajará de la noche a la mañana y «a corto plazo se podría producir un aumento del número» de los llamados menas. Reforzar los servicios sociales en las comarcas donde se observan los mayores déficits de cobertura «es otro de los caballos de batalla» del departamento.

Y asoma ya a distancia mucho más cerca el horizonte marcado por la Ley vasca de Servicios Sociales, aprobada hace diez años en el Parlamento Vasco pero que entró en vigor hace dos ejercicios tras una eterna tramitación para su desarrollo. La normativa convirtió los servicios sociales en un derecho subjetivo, exigible por ley, y emplazó a las instituciones competentes -diputaciones y ayuntamientos, y en menor medida Gobierno Vasco- a lograr la universalización de esa red de protección para 2010, que ya está a la vuelta de la esquina. La Diputación «cumplirá» con esa exigencia. Los ayuntamientos, con los que la institución foral trabaja de la mano, «avanzan», dijo Peña, pero a un ritmo mucho más lento.

1.886 empleos, el retorno de la inversión

El esfuerzo presupuestario que supondrá el despliegue del mapa de servicios sociales de la Diputación tendrá un retorno económico en forma de 1.886 nuevos empleos, según las previsiones del Departamento de Políticas Sociales. Por cada euro de gasto social, se revierten dos. Y según este cálculo, los 75 millones de inversión necesaria hasta 2021 tendrán un impacto económico de 150 millones, el doble de lo desembolsado. Bajo esa cifra está contemplado, por ejemplo, el aumento de la recaudación fiscal y de la renta. La Diputación mantiene su apuesta por el sector de los cuidados como nicho laboral.

 

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