Desmantelada en Irun una organización criminal que vendía productos fitosanitarios no regulados

Según ha informado este viernes el Ministerio de Interior en un comunicado, en las dos fases en las que se ha desarrollado la denominada operación 'Kaltegarria' se han practicado un total de cinco registros, uno de ellos en la localidad francesa de Castres. Se han intervenido más de 26 toneladas de productos fitosanitarios no regulados y se ha procedido a la detención e investigación de un total de 22 personas, uno de ellos en Francia, acusados de pertenencia a organización criminal, delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la salud pública, de riesgo catastrófico, falsedad documental, y blanqueo de capitales. Adicionalmente, se han investigado un total de nueve personas jurídicas por los hechos reseñados. Además, se han aprehendido casi 23.000 euros en metálico, ocho vehículos (uno de ellos en Francia) y se han bloqueado 14 cuentas bancarias.

La organización estaba conformada por tres hermanos titulares del órgano de administración, constituido desde 2020. Uno de ellos era el titular de los registros de las páginas web de ventas online y los otros dos realizaban las actividades relacionadas con el almacenaje y distribución de los productos químicos. Además, el padre de los hermanos efectuaba operaciones de logística, carga y descarga de productos fitosanitarios de uso profesional, careciendo de autorización requerida para estas labores. Esta función la llevaba a cabo tanto en la nave mercantil como en un almacén clandestino de una empresa de trasteros. Esta labor se realizaba tanto en la nave mercantil como en un almacén clandestino de una empresa de trasteros.

La organización conseguía los productos de manera clandestina y los almacenaban en la sede de la empresa localizada en Irun y un almacén ubicado en las proximidades de dicha sede. Posteriormente anunciaban los productos para la venta en internet a través de la web de la empresa en distintas plataformas de comercio electrónico, a cualquier usuario y país. Asimismo, distribuían desde el lugar de almacenamiento los fitosanitarios por medio de empresas de paquetería de distribuidores franceses o españoles, o bien, con vehículos propios.

Los locales donde el grupo guardaba los productos no reunían condiciones adecuadas para el almacenamiento y se daba lugar a una mala aplicación del producto por parte de las personas que los adquirían y manipulaban.

Se estima que esta organización criminal ha obtenido un beneficio ilegal cercano a los cinco millones de euros, derivado de la venta ilícita de los citados productos químicos en territorio nacional, así como a diversos países del continente europeo, destacando Francia.

La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº5 de Irun y se ha contado con el apoyo de las Comandancias de Gipuzkoa y de Alicante, y el Servicio Cinológico de la Guardia Civil.