«No tengo por qué dejar mi piso en verano aunque viva con un alquiler de temporada»

En un primer momento confiaban en que en un año serían capaces de encontrar un nuevo hogar con un contrato de larga duración. Nada más lejos de la realidad. Son unas víctimas más de la crisis del alquiler en Gipuzkoa y el resto de Euskadi y España, donde el arrendamiento a largo plazo escasea y lo poco que sale al mercado lo hace a precios desorbitados.

«No solo ese primer año. Tampoco el segundo. En dos años y medio hemos visto que han salido al alquiler en Orio solo dos pisos, y ambos por encima de 1.200 euros al mes, inasumible para nosotros. Nuestra voluntad es encontrar un lugar donde asentarnos, con un contrato de alquiler estable, pero es imposible porque no hay oferta», lamenta la pareja.

Así que llegó junio del año pasado e hicieron lo que les habían indicado. Originarios de Argentina, pasaron julio y agosto en Benavente (Zamora), donde residen unos amigos que les dieron cobijo. «Fue muy duro, sobre todo para Iker». Iker es su hijo, un niño de 10 años con autismo al que ese trasiego «no le vino nada bien».

Consciente ya de la realidad del mercado en Gipuzkoa, Marta no se resignó a tener un hogar solo de septiembre a junio y a buscarse la vida cada verano. Con la espada de Damocles de tener que dejar de nuevo el piso este próximo sábado –«el contrato es hasta el 15 pero tenemos apalabrado que nos dejan hasta el 21 para que Iker pueda finalizar el curso escolar»– para este verano «he llegado a mirar precios de campings y ni aún así. Hasta he valorado comprar una tienda de campaña para pasar en ella julio y agosto», apunta.

Pero estaba convencida de que ese modo de vida «ni es normal ni puede ser legal», así que comenzó a informarse. Y con la ayuda y asesoramiento del Sindicato Socialista de Vivienda, con el que contactó durante la marcha por el derecho a una vivienda desarrollada en San Sebastián el 5 de abril, ha descubierto que «la ley nos ampara» y que el contrato que rige su modo de vida «es un fraude de ley».

Así lo apuntan también en el Sindicato de Vivienda, que explica que «un contrato de alquiler temporal debe estar vinculado a una situación real de temporalidad». El ejemplo clásico es el de los estudiantes y profesores que arriendan pisos durante el curso escolar, pero también trabajadores que acuden a un municipio para desarrollar un proyecto concreto, personas separadas que necesitan un alojamiento para recibir a sus hijos hasta que encuentran un nuevo domicilio...

Así lo corrobora también el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa, José Luis Polo, quien recalca que «un contrato de alquiler temporal debe estar vinculado a una causalidad concreta. Si no, puede ser considerado fraude de ley y el inquilino puede acogerse a la Ley de Arrendamientos Urbanos». Esto es, a la normativa general que establece que la duración mínima de un contrato de alquiler de vivienda es de 5 años si el arrendador es una persona física, y de 7 años si es una persona jurídica. De este modo, aunque el contrato se firme por un periodo inferior a estos plazos, el inquilino puede prorrogarlo automáticamente hasta alcanzar la duración mínima obligatoria.

Es lo que intentan conseguir Daniel y Marta. Convertir su contrato temporal en estable. Primero lo han intentado negociando con la inmobiliaria, que «se ha negado alegando que sigue los deseos del propietario». «Incluso les hemos planteado que aceptaríamos pagar algo más de alquiler en julio y agosto, pero tampoco así».

Así que ahora tratan de hacerlo por la fuerza de los hechos. «No hay duda de que el piso constituye su vivienda habitual, la familia está empadronada en Orio, su vida laboral y social transcurre en el municipio, y su hijo está escolarizado allí. Este contrato temporal no es válido en esta situación», aseveran representantes del Sindicato Socialista de Vivienda.

Es la puerta que se les ha abierto a Daniel y Marta y que pretenden defender hasta las últimas consecuencias. «Si no alcanzamos un acuerdo recurriremos a los tribunales», aseguran sin dudar y a pesar de que, lamentan, la agencia les ha advertido de que les «cobrará 13.000 euros si no nos vamos en compensación por lo que dejarán de ingresar en verano». Pero reafirman que no dejarán de defender su caso «por nosotros y por tanta otra gente en nuestra situación que desconoce que si no se puede justificar una situación real de temporalidad, el contrato es irregular y no tiene por qué dejar el piso en verano».