Decenas de familias se quedan sin las ayudas para pagar luz y gas por los retrasos administrativos

Cualquier ciudadano que haya realizado algún trámite con la administración pública en los meses que llevamos de crisis sanitaria habrá comprobado que el confinamiento de primavera primero y las consecuencias posteriores de la pandemia (teletrabajo, bajas de empleados públicos, etc.) han traído un retraso generalizado de los plazos para obtener determinados certificados, justificantes o para ver aprobada una solicitud.

Entre los colectivos más perjudicados figuran aquellos que por vivir en condiciones más precarias son demandantes de ayudas. Ahora que los termómetros están bajo cero, quienes más notan esas demoras acumuladas son aquellas familias que sufren pobreza energética. Es decir, quienes tienen serias dificultades para hacer frente a los recibos de luz, gas y agua y se deben pensar dos veces si encienden la calefacción o se dan una ducha caliente.

Decenas de familias en Gipuzkoa y algún centenar en el conjunto de Euskadi se han quedado en los últimos meses sin las ayudas que concede el Gobierno Vasco y que gestiona la Cruz Roja para estos casos. El problema no es achacable a una única administración. Afecta a todas. Los solicitantes deben presentar documentación que acredite su situación socioeconómica. Certificados expedidos por distintos escalones administrativos (ayuntamientos, diputaciones, Gobierno Vasco y Administración central del Estado). Sin los 'papeles' correspondientes la solicitud no es aceptada.

Los retrasos a todos los niveles han impedido a muchas familias presentar su expediente al completo o que este sea aprobado en el tiempo habitual. Eso explica que en un año de crisis como 2020, las actuaciones de Cruz Roja relacionadas con la pobreza energética se redujeran un 9% en Euskadi y hasta un 17% en Gipuzkoa. El año pasado, la organización atendió a 350 familias en el territorio, frente a las 423 de 2019. En el conjunto de la comunidad autónoma, las intervenciones fueron 1.282 frente a las 1.415 del año precedente.

El descenso en Gipuzkoa fue el más acusado entre los territorios vascos. Tanto en Álava como en Bizkaia el total de hogares a los que se prestó ayuda se redujo un 6%. Fuentes de la organización internacional auguran que la cifra de demandantes se dispare este año, una vez se aprueben los expedientes retrasados y en previsión de que la demanda vaya al alza si se agrava la crisis económica provocada por el Covid.

El programa contra la pobreza energética tiene como objetivo ayudar a cubrir las necesidades básicas de luz, gas y agua de familias que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad a través de varias medidas, entre las que destaca la concesión de una ayuda de 240 euros anuales para hacer frente al pago de estos recibos. Esta aportación, que corre a cargo del Gobierno Vasco, es ampliable hasta 480 euros en casos excepcionales.

La iniciativa está gestionada por Cruz Roja. Además de la ayuda económica y la atención en casos de necesidad urgente, el programa contempla otra serie de actuaciones para ayudar a los beneficiarios a gestionar de manera más eficiente sus necesidades de energía. Así, se incluye la entrega de kits de eficiencia compuestos por bombillas LED, burletes para puertas y ventanas, regletas, perlizadores de grifos, temporizadores y reflectores para los radiadores, y talleres en los que se enseña a ahorrar energía y a estudiar las facturas eléctricas. El año pasado Cruz Roja entregó 462 kits que posibilitaron un ahorro medio de 10 euros en cada factura y una reducción de unos 11,70 KgCO2/kit al año.

«En Cruz Roja llevamos años luchando para que ninguna familia se tenga que enfrentar al dilema de elegir entre comer un plato de comida caliente o poner la calefacción», subraya Txomin Ondarre, responsable autonómico del programa de personas en extrema vulnerabilidad.

Desde la puesta en marcha de esta iniciativa en octubre de 2015, han sido atendidas 7.274 familias en Euskadi.